Garantizar un estado de salud adecuado a las niñas y niños desde su nacimiento y durante su desarrollo, es fundamental la implementación de un esquema de salud pública: Dafne López

Quienes compartimos los sueños y anhelos de un mundo mejor para todas y todos, en especial para quienes en sus tiernas manos aprisionan el corazón y comprometen al ser humano adulto para no lastimarlos y procurarles un entorno de desarrollo pleno para que puedan crecer bien en un mundo de transformación, no debemos, ni podemos, en el más mínimo de los casos, verlos como enemigos de una transformación real que busque el bienestar y no la confrontación y el odio.

Quienes inician la vida con sueños multicolores llenos de inocencia, nuestras heroínas y héroes de carne y hueso que serán los salvadores del mundo, no pueden ser los enemigos del mismo, no son ni serán terroristas por el simple hecho de querer vivir.

El 20 de noviembre de 1959 fue adoptada la Declaración de los Derechos del Niño, primer instrumento internacional que consignaba la necesidad de que los Estados configurarán las medidas necesarias para permitir el desarrollo integral y la protección de los derechos de las infancias.

Dicho documento establecía, entre otros, el derecho a la salud de todo menor de edad, el cual comprendía la totalidad de servicios médicos tanto a la madre como al infante, durante la etapa prenatal, postnatal y durante toda su niñez.

Así mismo, de manera más focalizada, a partir de la celebración de la sexagésima quinta Asamblea Mundial de la Salud [1] se adoptó el “Plan Integral de Aplicación sobre Nutrición de la Madre, el Lactante y el Niño Pequeño” como una estrategia por la que se propone destacar la importancia de la nutrición desde una etapa temprana para propiciar un adecuado desarrollo de los infantes. Por medio de este Plan, se esgrimieron una serie de metas encaminadas a reducir: el retraso en el crecimiento de las niñas y niños; las tasas de anemia en mujeres embarazadas; la insuficiencia ponderal al nacer; el sobrepeso y la emaciación (malnutrición) infantil, así como para promover la lactancia materna.

En el ámbito nacional, los derechos de niñas, niños y adolescentes son una tarea prioritaria tal y como lo contempla el artículo cuarto el cual señala que, para la elaboración, interpretación y aplicación de normas, el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes debe ser considerado como un criterio rector que permita garantizarles un óptimo desarrollo.

En la actualidad, las cuestiones relacionadas con la protección de la niñez y la defensa de sus derechos son un tema de suma relevancia, en específico aquellos que atañen al cuidado de las primeras infancias.

Es en este tenor, es que el día de ayer, en la sala de usos múltiples “Consuelo Zavala Castillo” de este recinto del Poder Legislativo, el Congreso del Estado firmó un convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuyo objetivo principal se centra en beneficiar y enriquecer los ordenamientos jurídicos en materia de bienestar de la niñez y la adolescencia, especialmente para garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel de salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Porque las niñas y niños y sus familias no deben de ser vistos como grupos con posibilidad de perpetuar un acto de interferencia ilícita, como hoy se les ve desde el Gobierno Federal, sino que deben ser vistos como la más bella poseía y actuar para protegerlos, proveerlos y cuidarlos como lo que son: Nuestro más preciado tesoro y la esperanza presente de un futuro mejor para todas y todos.

Con este convenio, se fortalecerá la participación del personal del Congreso que brinda apoyo a las y los diputados locales para la toma de decisiones a fin de garantizar y mejorar los productos legislativos en materia de salud y nutrición, buscando mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes de Yucatán, es decir: El Congreso del Estado de Yucatán, está ocupándose de realizar las alianzas estratégicas con diversos actores vinculados al sistema de salud brindando elementos y orientación para retroalimentar la discusión de temas legislativos en materia de salud y nutrición.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país, tan solo el año pasado, se registraron un millón novecientos doce mil cientos setenta y ocho (1,912,178) nacimientos lo que implicó un aumento del 7.7% respecto al 2020. Esta cifra representa que, en México, hay 55.6 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva; en el caso de Yucatán, la tasa disminuye a 43.6, convirtiéndose en la segunda entidad con menor porcentaje.

Ayer, escuchamos por parte de la UNICEF, datos duros como el que, Yucatán tiene las mayores tasas en todo el país de desnutrición en menores de cinco años y sobrepeso y obesidad entre niñas, niños y adolescentes de 6 a 19 años, entre otras alarmantes cifras que forman parte de los grandes desafíos en temas de niñez para Yucatán.

Procurar un marco legal en Yucatán que brinde bienestar y no la agresión a niñas, niños, adolescentes y sus familias, es tarea de todas y todos los que tenemos el deber y la obligación de legislar políticas públicas a favor de la infancia.

Hacerlo con la debida asesoría, el más amplio conocimiento y el acompañamiento de organizaciones como la UNICEF y sociedad civil, es ocuparse responsablemente de nuestras niñas y niños. El discurso fácil, de encono, de confrontación para etiquetar lo que no se puede hacer bien como un problema de riesgo para la seguridad nacional es demagogia.

Por ello, es obligatorio observar objetivamente nuestra entidad para prevenir y atender este tipo de problemáticas de una manera integral. En tal sentido, desde la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional, estamos convencidas y convencidos de que, para garantizar un estado de salud adecuado a las niñas y niños desde su nacimiento y durante su desarrollo, es fundamental la implementación de un esquema de salud pública idóneo, accesible y suficiente para toda la sociedad, no solo yucateca, sino del país, que contemple, entre otros aspectos: la atención médica prenatal y postnatal; la corresponsabilidad paternal; la educación sobre la salud; la promoción de la lactancia materna exclusiva, y; el aseguramiento de la alimentación nutritiva.

Además de lo anterior, el fortalecimiento de la salud requiere de la intervención no solo de autoridades en la materia, sino también del acompañamiento de familias, empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y demás redes de apoyo. En tal virtud, ahora que contamos con un convenio marco de colaboración entre el Congreso del Estado de Yucatán, y la UNICEF, hago un llamado a mis compañeras y compañeros integrantes de esta sexagésima tercera (LXIII) Legislatura para que impulsemos aquellas iniciativas que contribuyan a la mejora de la salud de las y los yucatecos. ¡Es cuanto Presidenta!!