Discurso de la Diputada Celia Rivas Rodríguez

Discusión del dictamen que modifica la Ley de Sistema Estatal de Anticorrupción de Yucatán, durante la sesión ordinaria del día de hoy.

El Dictamen que está en discusión en este momento, es importante para permitir el adecuado funcionamiento de nuestro Sistema Estatal Anticorrupción. Es por ello que solicité el uso de la palabra para hablar a favor de este producto legislativo con los siguientes argumentos.

En julio del año pasado, entraron en vigor finalmente las leyes y reformas que, tanto a nivel nacional como a nivel estatal en Yucatán, fueron largamente discutidas y consensadas para poderle dar vida a los sistemas anticorrupción. Una demanda largamente exigida por la ciudadanía y que finalmente se vio reflejada en los hechos.

En el caso particular del diseño institucional del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Yucatán, fuimos responsables con la aprobación en tiempo y forma de todas las leyes que le dan cuerpo al Sistema y sus órganos de coordinación.

Del mismo modo, cumplimos con los plazos legales para que eligiéramos en este mismo Pleno a los integrantes de la Comisión de Selección, quienes a su vez designaron a finales de Diciembre de 2017 a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Estos últimos, representan una parte fundamental para el funcionamiento de las reformas anticorrupción, pues se trata del elemento ciudadano que garantiza la autonomía e imparcialidad del Sistema entero.

Además, vale la pena recordar y hacer mención, que el Presidente del Comité de Participación Ciudadana es y será siempre, al mismo tiempo, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. De allí la importancia de este órgano ciudadano.

Sin embargo, en el momento en el que aprobamos originalmente la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, establecimos originalmente que los plazos del nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadanía vencerían el 31 de marzo de los años siguientes, siendo el del primer Presidente del Comité el primero en vencer este próximo 31 de marzo de 2018.

Lo anterior, supone un plazo menor a tres meses para poner a punto todos los trabajos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema en estos primeros meses de vida. Pues, recordemos, que apenas el pasado 9 de febrero fue instalado de manera formal el Comité Coordinador en un acto solemne celebrado en la explanada central de la UADY.

De allí la importancia del presente Dictamen.

Es importante también recalcar que, en días pasados, tanto la Comisión de Selección como el propio Comité de Participación Ciudadana han enviado sendos oficios a este Congreso del Estado para solicitar que revisemos y consideremos establecer una prórroga de un año al encargo de todos los ciudadanos miembros de dicho Comité.

Con ello, no solamente le permitiremos a esta vital institución consolidar sus esfuerzos para poner en marcha al Sistema, sino que le permitiremos igualmente un mayor plazo para que el primer Presidente del Comité Coordinador pueda presentar en tiempo y forma su informe de labores, así como para cumplir con los siguientes pasos de la lucha anticorrupción en Yucatán: el nombramiento del Secretario Ejecutivo y el establecimiento de un plan de trabajo entre todos los miembros del Sistema.

Esta prórroga, hará que los períodos de designación se recorran un año más cada uno. Por lo que el vencimiento ahora será el 31 de marzo de 2019, de 2020, de 2021, de 2022 y de 2023, respectivamente.

Como legisladores, comprometidos con la transparencia y atentos al llamado hecho por la Comisión de Selección y el propio Comité de Participación Ciudadana, nos corresponde reconocer que la realidad exige modificaciones al diseño original de las leyes y actuar en consecuencia.

Y es por lo anterior, que votaremos a favor del presente Dictamen, invitando por supuesto a que todas  las fuerzas políticas hagan lo mismo para seguirle dando a los yucatecos la certeza de que su Sistema Anticorrupción trabajará sin obstáculos, sin contratiempos y con el apoyo total e irrestricto de las instituciones del Estado.

Es cuánto.