Yucatán le dice «NO» a la inseguridad, NO a la delincuencia y «SI» a la legalidad y SI a la transparencia

Discurso de la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Dip. Celia Rivas Rodríguez, pronunciado el día de hoy en la sesión extraordinaria.

BUENAS TARDES.

Todo camino, por arduo que parezca, siempre llega a su destino cuando se conjunta la disposición al diálogo abierto, franco y respetuoso, además de la voluntad para buscar el bien de la sociedad. Hoy estamos alcanzando uno de esos destinos que tenemos por delante en los próximos años. Pero el que aquí nos ha reunido esta larga jornada, es especial.

Como grupo colegiado, hemos logrado dar el sustento económico y estamos por lograr el sustento legal, a un programa que atañe la vida de todos nosotros, los  yucatecos.

Con lo alcanzado hoy, el  programa de seguridad «Escudo Yucatán», con el que todos los sectores de la sociedad no sólo están de acuerdo, sino que apoyan decididamente, cobrará vida.

Después de apasionadas discusiones, apropiados debates, la aportación de ideas y la revisión, una y otra vez de cada propuesta modificada y mejorada, hemos alcanzado documentos bien estructurados, coherentes, apegados estrictamente a la Ley y sobre todo funcionales.

Es una prueba más de la importancia y necesidad del debate con fundamento, del diálogo con la finalidad de encontrar coincidencias, y de la tolerancia y respeto como parte necesaria de la convivencia de una sociedad saludable y consciente de su entorno.

Para llegar a este día, se han analizado diez Iniciativas de Ley que quedaron plasmadas en siete dictámenes que versan sobre el imprescindible tema de la Seguridad en Yucatán y el marco legal que la sustenta.

El entorno ha exigido de Yucatán, una rápida transformación en su fisonomía, en sus estructuras, en sus leyes y en la sociedad, y una de las razones para esa transformación ha sido precisamente, la necesidad de que en Yucatán sigamos contando con la paz, la tolerancia y el respeto que nos caracteriza a los yucatecos.

Con los múltiples cambios exigidos y la llegada de muchas personas que han decidido optar por hacer de  Yucatán su hogar, el sistema mismo tiene la necesidad de ajustarse y lo tiene que hacer rápido.

Es un reto de enormes proporciones mantener la seguridad en nuestra entidad, por ello es importante   modernizarse, e imperante hacerlo en el menor tiempo posible.

Yucatán es una entidad fortalecida por sus Instituciones y son precisamente ellas, las que garantizan su correcto funcionamiento. Sabemos que estas darán resultados ante cualquier circunstancia que se presente y es por lo mismo que debemos mantenerlas, actualizarlas y sobre todo, protegerlas.

Nuestra obligación y compromiso como representantes de los yucatecos, es hacer todo lo necesario para fortalecer de manera continua el marco legal; y lo hemos hecho, participando directamente con la implementación del programa «Escudo Yucatán.»

Hoy, el Poder Legislativo concluye con todas las Leyes y modificaciones necesarias cuyo objetivo único, es el de fortalecer la prevención del delito y la acción en contra de él…… Es decir, la Seguridad de todos.

Primeramente modificamos el Código de la Administración Pública, con el propósito de transferir las atribuciones de investigación que actualmente realiza la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, además de otorgarle a esta última nuevas competencias para realizar las detenciones en flagrancia, así como las ordenadas por la Fiscalía General del Estado por casos urgentes; y se faculta a la Secretaría para prestar el servicio de escolta pública de acuerdo a la norma que regula el sistema de seguridad pública del Estado.

 De igual forma, propusimos durante el análisis en comisiones se salvaguarden  los derechos laborales de los servidores públicos y empleados de la actual Policía Ministerial Investigadora, lo que nos da gusto que se haya incorporado al dictamen, en beneficio de dichos trabajadores.

Seguidamente, en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, realizamos un trabajo legislativo acorde a las necesidades actuales de los yucatecos, al establecer dentro de nuestro marco legal un nuevo ordenamiento jurídico, me refiero, a la Ley que Regula las Casas de Empeño en el estado de Yucatán, mediante la cual se establecen los requisitos para que estas puedan contar con el permiso de funcionamiento correspondiente expedido por la autoridad fiscal competente del Estado de Yucatán; destacando también la creación en esta norma del Registro Estatal de Casas de Empeño y se prevé la necesidad de contratar una póliza de seguro que le permita responder por los daños y perjuicios que pudiera causarse a las prendas dadas en garantía; entre otros imposiciones.

 Al instaurar dichas obligaciones, dotamos de certeza jurídica a todas las personas que se vean en la necesidad de empeñar algún bien.

Por otra parte, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública se dispone la coordinación efectiva entre el Estado y los Municipios y entre estos y la Federación propiciando el mejor desempeño; y no podemos dejar pasar por alto, el establecimiento de un sistema complementario de seguridad social que fortalece las condiciones laborales de los integrantes de los cuerpos de seguridad y establece reglas a seguir en caso de deceso.

Asimismo, esta norma reglamenta de manera clara, la integración de 4 bases de datos o registros que el Estado tendrá que construir, mantener y administrar de manera eficaz y eficiente, como son el Registro Estatal de Detenciones, el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, el Registro Estatal de Armamento y Equipo y finalmente, el Registro de Indicadores sobre la Seguridad Pública.

Junto con las reformas promovidas a la Ley de la Fiscalía General del Estado, se llevan a cabo los ajustes necesarios, producto de la Ley del Sistema de Seguridad; además se dispuso la creación del Instituto de Ciencias Forenses.

Es por medio de esas reformas que se derogan las facultades relativas al servicio de atención a víctimas, mismas que finalmente quedaron contempladas en la Ley de Víctimas del Estado, fortaleciendo, sin duda alguna, los derechos de las víctimas y las acciones  a favor de ellas.

En ese sentido, se estableció el Sistema Estatal de Atención a Víctimas como enlace en la implementación de sus acciones con el nacional.

También se propuso un Registro con las personas consideradas víctimas; siendo este, el Registro Estatal de Víctimas, incluyendo un Programa Especial de Atención para ellas, además de un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación.

Es importante señalar que para dar vida, al programa  «Escudo Yucatán», también fue necesario realizar diversas modificaciones al Código Penal del Estado de Yucatán, en ese sentido, se armonizó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecieron delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se reclasificó el abuso sexual, y en materia de robo calificado y falsedad de declaraciones.

La reforma de armonización plantea el cambio en la denominación de las instancias y autoridades judiciales utilizada en el Código Penal del Estado de Yucatán, por la dispuesta en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo la palabra juez es sustituida en algunos casos por Juez de Control.

Además, se propone derogar todas las disposiciones contrarias al Código Nacional de procedimientos Penales, e incorpora una nueva terminología jurídica.

También se tipifican los delitos, así como las sanciones y penas contra las operaciones que pongan en riesgo el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

 En otras palabras, se blinda la información que se tiene en las bases y registros informáticos y se da certeza en el proceso de acreditación de los integrantes de las fuerzas policiales o de las instituciones de seguridad pública.

También se estableció que todos los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, sean perseguibles de oficio;

En materia de robo, se estableció que tenga el carácter de calificado, cuando se efectúe en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales; en una vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados a casa habitación y que dicha conducta sea considerada grave con independencia del monto de lo robado.

La propuesta exige que el robo calificado a casa-habitación y comercio, se consideren como graves privilegiando así, las razones de riesgo por encima de las razones económicas.

Además, se determinó incrementar la pena por el delito de falsedad de declaraciones de dos a ocho años de prisión y de cien a trecientos días-multa.

Finalmente, nos encontramos por llevar a cabo en los próximos minutos, el ejercicio del voto en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como las modificaciones a la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos.

Efectivamente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública estableció los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el acceso a la información, definida ya como un Derecho Humano, en manos de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes del estado, al igual que en todo órgano autónomo, partido político, fideicomiso y fondo público e incluye a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o bien, realice actos de autoridad.

Por ello, en este nuevo marco legal de nuestro Estado se implementan los mecanismos que dispone la Ley General, ofreciendo a la ciudadanía un mayor control social sobre las acciones y decisiones de las autoridades.

Compañeros y compañeras diputadas, hemos recorrido un largo camino, y estamos ya por alcanzar el objetivo trazado.

Lo conseguido hasta este momento, amplía los derechos de las víctimas, transparenta el trabajo de las fuerzas de seguridad, castiga con mayor fuerza los delitos que más daño hacen la sociedad y da paso a una nueva y más efectiva tarea de investigación policial de los delitos; además de impulsar la coordinación de las fuerzas de seguridad en todo el estado y sentar bases firmes para continuar su profesionalización.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, Yucatán le dice «NO» a la inseguridad, NO a la delincuencia y «SI» a la legalidad y SI a la transparencia; por ello, hoy se establece todo el marco normativo para conseguirlo.

Que todo el que se refiera a Yucatán, sepa que éste, no es el lugar para delinquir.

Que la severidad de nuestras Leyes, aunada a la tecnología adquirida y la profesionalidad de nuestros cuerpos de seguridad, amedrenten a los criminales.

Yucatán es un estado de derecho, aquí no debe haber cabida para agresores y si se atreven, que sepan que habrá consecuencias y éstas serán muy graves.

Votemos a favor de la última Iniciativa y hagamos de Yucatán, un Estado más seguro y transparente.

Juntos, con y por la sociedad, demos un paso firme, coherente y necesario para que Yucatán siga siendo uno de los estados más seguros del país.

El poder Legislativo ha cumplido, los diputados hemos cumplido, ahora le corresponde a las instituciones y a la sociedad cumplir con su parte.

Es cuánto. Muchas gracias.