Movimiento Ciudadano propone crear Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, para reparar daños causados por actividades irregulares a bienes o derechos de los gobernados.

Las que suscriben, Diputadas María de los Milagros Romero Bastarrachea y Silvia América López Escoffié, integrantes de la fracción Legislativa de Movimiento Ciudadano en esta LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 fracción I de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y para efectos de lo establecido en el artículo 30 la fracción V de la misma norma, en este acto presento al Pleno y a la Mesa Directiva, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo quinto a la fracción IV del artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y se crea la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán; lo que realizamos de conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
La Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2002, define Responsabilidad Patrimonial del Estado como una institución jurídica que mediante criterios objetivos de derecho público, establece la obligación directa del Estado de indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente en sus bienes o derechos, con motivo de la actividad extracontractual del propio Estado. Se entiende por lesión antijurídica, el conjunto de afectaciones patrimoniales que los particulares no tienen el deber jurídico de soportar, al no existir expresamente título legítimo para sufrir el daño irrogado; y dicha antijuricidad presupone la existencia de una garantía legal a la integridad del patrimonio.
 
En sede doctrinal se ha reconocido que el principio de legalidad, conjuntamente con el de la responsabilidad patrimonial de Estado, conforman los pilares fundamentales del derecho administrativo. Igualmente, se ha afirmado que la responsabilidad patrimonial del Estado constituye uno de los elementos fundamentales para que pueda hablarse propiamente de un Estado de derecho. El origen y desarrollo de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra en la aplicación de los principios generales del derecho, dentro de los cuales deben mencionarse los principios de igualdad, solidaridad social, proporcional de las cargas públicas y de seguridad jurídica, que encuentran su funcionamiento último en los valores de justicia, equidad y bien común. (Enciclopedia Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
 
La Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expone que para poder hablar de responsabilidad patrimonial del Estado, se requieren los siguientes elementos: Debe existir una lesión resarcible; que dicha lesión sea consecuencia de una actividad del Estado, y la acreditación del nexo causal entre el daño producido y la actividad imputable al Estado.
 
En el Diario Oficial de la Federación del 14 de Junio de 2002, fue publicado un decreto de modificación a la denominación del Título Cuarto Constitucional, y de adición de un último párrafo al artículo 113, con las siguientes características: Modificación de la denominación del Título Cuarto, anteriormente “De las responsabilidad de los servidores públicos”, por “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”. Siendo que se incorporó un último párrafo al texto del artículo 113 constitucional con el siguiente texto “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
 
Así mismo, en el artículo único transitorio, se precisó que la Federación, entidades federativas y municipios contarían con un periodo de un año y medio, a partir de la fecha de publicación del Decreto, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover el debido cumplimiento del contenido de mismo, e incluir en sus respectivos presupuestos una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.  
 
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de combate a la corrupción, sus principales implicaciones al último párrafo del artículo 109, en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado son las siguientes: Se modificó la denominación del Título Cuarto, anteriormente “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado” para quedar en los siguientes términos: “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas  graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”.

 El anterior último párrafo del artículo 113 constitucional, relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado, paso a incorporarse como un último párrafo del artículo 109 de la Constitución Federal, con el siguiente texto: “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
Cabe señalar que algunos Estados de la República Mexicana ya han incorporado y adecuado en sus constituciones locales la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre ellos se encuentran Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas,  Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz. Hoy le toca el turno a Yucatán.
 
La presente iniciativa tiene como finalidad la homologación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial al ámbito Local, es decir, la creación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán y la incorporación a nuestra Constitución Local de la Responsabilidad por parte del Estado por los daños que cause con motivo de su actividad administrativa irregular en los bienes o derechos de los ciudadanos, por tal razón los ciudadanos que se vean vulnerados en los mismos, tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases y lineamientos que establezcan las leyes, esto en virtud, de que nuestro Estado no tenía contemplado ésta garantía indemnizatoria derivada de un mandato expreso de Ley Suprema, disposición legal que beneficiaría a la ciudadanía yucateca.

No legislar de acuerdo al mandato  constitucional, como Legislatura estaríamos no solo contraviniendo la Ley Suprema, seguiríamos en desacato, violando a todas luces los derechos de los particulares a ser indemnizados por las actividades irregulares que cometan los entes públicos. Si bien es cierto que desde Junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ésta disposición legal ordenando a las Entidades Federativas a legislar sobre la incorporación de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, como ente para reparar los daños causados por sus actividades irregulares, es que hasta el día de hoy, las Legislaturas anteriores contravinieron  un mandato constitucional, negando el acceso a la justicia que merecen la ciudadanía yucateca; pero el día de hoy, la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano presenta ante este Pleno, la creación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, a fin de que el Estado asuma los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los gobernados.

Por lo anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 16 y 17 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, y 58, 68, 69 y 82 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, presento ante esta Soberanía  el proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo quinto a la fracción IV del artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y se crea la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán de conformidad con el siguiente:
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 98 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN Y SE CREA LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE YUCATAN.
 
DECRETO
 
Artículo Primero.- Se adiciona el párrafo quinto a la fracción IV del artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; para quedar como sigue:
 
TÍTULO DÉCIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN
Artículo 97.- …
Artículo 98.- …
I.- …
II.- …
III.- …
IV.- …
…
…
…
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
 
Artículo Segundo.- Se crea la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán; para quedar como sigue:
 
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
 
 Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de la fracción IV, párrafo quinto  del artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

La responsabilidad patrimonial a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Artículo 2.- Son entes públicos obligados por las disposiciones contenidas en la presente Ley los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Yucatán, Ayuntamientos, así como las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Estatal y Municipales y los Órganos Constitucionales Autónomos.

Artículo 3.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta Ley, además de los casos fortuitos y de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento y en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.
 
Artículo 4.- Los daños y perjuicios por los que se reclame la indemnización, incluidos los personales o morales, habrán de ser ciertos, directamente relacionados con una o varias personas, desiguales a los que pudieran afectar al común de la población y evaluables en dinero si son daños al patrimonio del particular.
Artículo 5.- Los entes públicos deberán establecer en sus respectivos presupuestos de egresos, partidas destinadas a cubrir las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial que se determinen conforme a esta Ley.
 
Artículo 6.- Los pagos de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestal del ente público, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y programas aprobados en el presupuesto de egresos con cargo al cual deba hacerse la erogación.
En la fijación de los montos de las partidas presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.
 
Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley y en los reglamentos que de la misma deriven, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán.
 
Artículo 8.- Los reglamentos no podrán establecer supuestos de excepción distintos a los contenidos en esta Ley, ni criterios para calcular las indemnizaciones, que sean adicionales o diversos a los previstos en esta Ley. Tampoco exigirá mayores requisitos para que proceda la presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
 
ARTÍCULO 9.- Los entes públicos tendrán la obligación de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.

CAPÍTULO II
DE LAS INDEMNIZACIONES
 
Artículo 10.- La nulidad o revocación de actos administrativos no presupone por sí misma derecho a la indemnización.
 
Artículo 11.- La indemnización por actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante de acuerdo a las modalidades que establece esta Ley y las bases siguientes:
I.- Deberá pagarse en moneda nacional en una sola exhibición o en parcialidades;
II.- Podrá convenirse su cumplimiento mediante la dación en pago, o compensación;
III.- El monto de la indemnización se calculará de acuerdo a los valores vigentes en la fecha en que el daño efectivamente se produjo, o a la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo, salvo los casos que disponga esta Ley; y
IV.- En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización procederá el pago del interés legal previsto en el Código Civil del Estado. El término para el cálculo de intereses empezará a contar noventa días hábiles después de que quede firme la resolución que ponga fin al procedimiento de reclamación en forma definitiva.
 
Artículo 12.- La actividad administrativa irregular se indemnizará con la reparación de los siguientes tipos de daños:
I.- Materiales.
II.- Personales.
III.- Morales.
 
Una misma actividad podrá producir simultáneamente dos o más daños a los que hace mención este artículo.
 
Artículo 13.- Los montos de las indemnizaciones por daños, se calculará de la siguiente forma:
I.- En el caso de daño material, se indemnizará de forma integral.

II.- Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad permanente total o parcial, o temporal, el monto de la indemnización se determinará de acuerdo con las cantidades que establece la Ley Federal del Trabajo para riesgos de trabajo.

Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el equivalente a cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

El reclamante de indemnización por daños personales tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en su caso se eroguen, incluyendo todos los que la propia Ley Federal del Trabajo señala para riesgos de trabajo. En este caso, el monto de la indemnización se limitará al costo que para las instituciones de salud pública del Estado tengan los servicios médicos recibidos por el reclamante.

III.- En el caso de daño moral, el monto de la indemnización se calculará de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil del Estado. La indemnización por daño moral en ningún caso excederá del equivalente a la cantidad que se establece en la presente Ley para la indemnización por un daño personal que cause la incapacidad permanente total del reclamante.
 
Artículo 14.- En los casos que se hubiere celebrado contrato de seguro de responsabilidad patrimonial ante la eventual producción de daños que sean consecuencia de la actividad administrativa irregular de algún ente público, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto de la indemnización. De ser ésta insuficiente, el ente público responsable continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva. El pago de las cantidades líquidas por concepto de deducible corresponde al ente público contratante del seguro y no podrá disminuirse de la indemnización.
 
Artículo 15.- Los entes públicos deberán llevar un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial, que será de consulta pública.
Las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial serán pagadas tomando en cuenta el orden cronológico en que se emitan las resoluciones que las determinen de forma definitiva.
 
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN
 
ARTÍCULO 16.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos se iniciarán por reclamación de la parte interesada.

ARTÍCULO 17.- La parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley de actos y Procedimientos Administrativo.

Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular.

Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.
 
ARTÍCULO 18.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta Ley, a lo dispuesto por la Ley de Actos y Procedimientos Administrativo, en la vía jurisdiccional.
ARTÍCULO 19.- La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización.
 
ARTÍCULO 20.- El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la actividad administrativa irregular, deberá acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios:

1. En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado deberá probarse fehacientemente, y
2. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.