En la Fracción Legislativa del PRI sostenemos que el fortalecimiento del Estado debe sustentarse en instituciones públicas que cumplan con los más altos estándares de honestidad, eficiencia y eficacia, pero, sobre todo, cero tolerancia a la corrupción.
Es por eso que en nombre de mi compañera Diputada Karla Franco Blanco y un servidor, procedo a presentar una iniciativa que propone que, a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, se le garantice su autonomía presupuestaria para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones, asegurando así una efectiva rendición de cuentas evitando la impunidad.
La labor de la ASEY permite a este H. Congreso de Yucatán cumplir con la facultad soberana de revisar las cuentas de todos los entes públicos, la cual realiza a través de un procedimiento de fiscalización de las entidades públicas estatales y municipales con el objetivo de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el paquete fiscal de cada ejercicio anual, verificando ingresos, gastos y deuda pública, incluyendo la revisión, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y demás información financiera, contable, patrimonial y programática.
No omitiendo manifestar la práctica de auditorías de desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas y programas públicos; para lo cual se desarrollan instrumentos de inspección, vigilancia, seguimiento, auditoría, supervisión, control y evaluación.
Este procedimiento de fiscalización, revela el estado de las finanzas públicas, permite asegurar la ejecución transparente de los planes de desarrollo y sus programas, la verificación de la asignación adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y el establecimiento de responsabilidades dentro de procedimientos sancionatorios y resarcitorios cuando los recursos públicos no se ejerzan conforme a la normatividad aplicable.
Esta labor se realiza actualmente sobre las entidades y dependencias centralizadas y paraestatales de la Administración Pública, los Poderes Legislativo y Judicial; los 106 Ayuntamientos y los actuales 7 organismos autónomos, siendo necesario prever que en posteriores ejercicios fiscales, se integrará para el ejercicio de revisión y fiscalización la Agencia de Transporte del Estado de Yucatán.
En apego a nuestra propuesta, nos remitimos a la recomendación contenida en el Informe Legislativo 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad de fecha 28 de mayo del mismo año; en el cual dicho Instituto sostuvo que para evitar presiones presupuestales entre el Poder Legislativo y las auditorías estatales, se debía garantizar un porcentaje del presupuesto que no pueda ser disminuido, ni sujeto a discrecionalidad.
Por lo que en un ejercicio de derecho comparado para sustentar nuestra propuesta, analizamos la legislación correspondiente de las entidades federativas de nuestro país, encontrando que en Chiapas, Ciudad de México, Colima, Nuevo León. Oaxaca, Puebla, Sonora y los vecinos Estados de Quintana Roo y Campeche se contempla en su normatividad, la irreductibilidad del presupuesto para sus auditorías.
Diputadas y Diputados debemos impulsar medidas y parámetros que eviten la merma o carencias en el Órgano encargado de velar por el buen manejo de las finanzas públicas, limitando el ámbito de discrecionalidad al momento de fijar el presupuesto, siendo vital evitar posibles disminuciones en administraciones futuras.
Para finalizar, reconozco el compromiso de mi equipo de trabajo, al cual de forma reciente se han integrado para la realización de sus prácticas profesionales, estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad Marista, quienes a través de su entrega han podido abonar a la elaboración de esta iniciativa.
Hago entrega a la mesa directiva de la Iniciativa en materia de autonomía presupuestaria de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en formato impreso y digital para el trámite correspondiente.
MUCHAS GRACIAS, ES CUÁNTO.