Mesa Ciudadana impulsa soluciones compartidas para fortalecer la infraestructura eléctrica metropolitana.

Mérida, Yucatán, 04 de septiembre de 2026.- El Colectivo Ciudadano ¡Ya Basta!, responsable de la organización y convocatoria del encuentro, reunió a especialistas, profesionistas y representantes de la sociedad civil en la “Mesa Ciudadana para la Modernización de la Infraestructura Eléctrica de Mérida y su Zona Metropolitana”, con la participación del colectivo Sinergia en Acción, para hacer un llamado a asumir este desafío desde la corresponsabilidad y la suma de esfuerzos.

El ejercicio tuvo como propósito llevar la preocupación ciudadana por las interrupciones del servicio eléctrico del diagnóstico a la acción, mediante información técnica, propuestas y mecanismos de participación que contribuyan a construir soluciones de corto, mediano y largo plazo.

La profesora Blanca Estrada Mora, moderadora e integrante del Colectivo Ciudadano convocante de la mesa, explicó que el encuentro surgió de la necesidad de pasar de las quejas aisladas a una participación ciudadana informada y organizada. Señaló que el propósito es impulsar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones competentes, especialistas y sociedad, bajo un principio de gobernanza. “Esta mesa de trabajo nace con la intención de convertir el malestar disperso en información y conocimiento ordenado, y ese conocimiento en gestión efectiva”, expresó.

Junto con el empresario y también integrante del Colectivo Ciudadano convocante, Nicolás Andrés Dájer, sostuvo que el objetivo no es repartir culpas, sino contribuir a que las responsabilidades de cada instancia puedan encontrarse alrededor de soluciones comunes.

Al abordar los antecedentes desde la perspectiva del desarrollo urbano, el arquitecto Antonio Peniche Gallareta advirtió que Mérida y su zona metropolitana han crecido a una velocidad mayor que algunas de sus redes y servicios. Expuso que, de acuerdo con los datos presentados, el reciente apagón afectó a 430 mil 840 usuarios en Yucatán y que en amplias zonas de Mérida la interrupción alcanzó hasta ocho horas, impactando hogares, comercios, semáforos, sistemas de bombeo, comunicaciones y servicios de salud. “El objetivo no es buscar culpables ni detener el desarrollo”, puntualizó, sino lograr que autoridades, desarrolladores y ciudadanía asuman cada uno la responsabilidad que les corresponde, con mejor planeación y coordinación metropolitana.

El ingeniero Alberto Ojeda Araiza, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán (CIMEY), planteó que la solución requiere combinar inversión en infraestructura con una mayor cultura de ahorro y uso eficiente de la energía. Entre los datos expuestos señaló que la demanda máxima peninsular pasó de alrededor de 2 mil 200 megawatts el 29 de agosto a 2 mil 925 megawatts el 3 de septiembre, y recordó que el crecimiento del consumo obliga a analizar no solamente cuánto se genera, sino cómo se utiliza la energía disponible. “El problema lo tenemos todos”, afirmó, al aclarar que ello no exime a las autoridades responsables de atender las necesidades de mantenimiento e inversión de la red.

Por su parte, el ingeniero Alfonso González Fernández, coordinador del colectivo Sinergia en Acción, destacó los impactos económicos y sociales que generan las interrupciones eléctricas en la industria, el comercio, la salud, la educación, el suministro de agua y la movilidad.

Propuso avanzar hacia un esquema de gobernanza en el que autoridades, iniciativa privada, especialistas y ciudadanía compartan información y den seguimiento a las soluciones. Entre sus planteamientos mencionó la conformación de un Comité Metropolitano de Energía, un plan público de mantenimiento preventivo, mayor impulso a la eficiencia energética y mecanismos que permitan establecer metas, plazos y responsables.

En el apartado de acciones necesarias, el ingeniero Miguel Novelo Velázquez explicó la relación entre generación, transmisión y distribución, y señaló que la península mantiene desde hace décadas una condición importadora de energía. Indicó que en determinados horarios el déficit puede superar los 400 megawatts y aumentar durante los periodos de mayor demanda. Subrayó que las soluciones requieren planeación, presupuesto y tiempo de ejecución, por lo que consideró indispensable comenzar desde ahora a construir una ruta técnica que contemple nuevas obras, mantenimiento, almacenamiento y uso responsable de la energía. “Hoy es urgente”, expresó al dimensionar la necesidad de acelerar las decisiones.

El ingeniero Jorge García Valladares centró su participación en la eficiencia energética como una herramienta inmediata en la que también puede intervenir la ciudadanía. Expuso que 36.7 por ciento de los mexicanos padece pobreza energética, entendida como destinar más del 10 por ciento de sus ingresos al pago de energéticos, y destacó que medidas de eficiencia pueden generar ahorros relevantes sin sacrificar confort. Señaló además que, desde 2001, solamente 287 edificios en el país cumplen con la norma de eficiencia energética para inmuebles no residenciales, por lo que llamó a aplicar las disposiciones existentes y promover una nueva cultura de consumo.

Al presentar la postura del colectivo ciudadano ¡Ya Basta!, Nicolás Andrés Dájer resumió la propuesta en tres compromisos: respuestas para el presente, planeación para el futuro y gobernanza para hacer posibles ambas. Reconoció que la materia eléctrica corresponde al ámbito federal, pero sostuvo que sus efectos trascienden competencias administrativas porque alcanzan el agua potable, la seguridad, la movilidad, la actividad económica y la vida cotidiana. “No hablamos de crear otra autoridad ni de trasladar responsabilidades; hablamos de que quienes tienen distintas responsabilidades frente al mismo problema actúen de manera coordinada”, señaló.

En el cierre, la profesora Blanca Estrada Mora reiteró que esta primera mesa representa un punto de partida para construir una hoja de ruta ciudadana y convocó a organizaciones, especialistas, autoridades y sociedad a continuar participando. La conclusión compartida fue clara: la modernización de la infraestructura eléctrica no puede depender de un solo actor; requiere información, planeación, inversión, coordinación institucional y una ciudadanía activa que también forme parte de las soluciones.