La fracción parlamentaria del PRI está resuelta en no aprobar más impuestos, ni autorizar aumentos: Fabiola Loeza Novelo

Desde el inicio de la presente legislatura, la fracción parlamentaria del PRI se ha conducido como una oposición seria y responsable, cuya labor legislativa se basa en el trabajo, porque tenemos claro que las propuestas son mucho más valiosas que las descalificaciones.

Teniendo como base esa premisa, nuestras acciones se han orientado a la construcción de acuerdos, el fomento del diálogo y la suma de voluntades con el objetivo de impulsar las causas que surgen desde la sociedad.

Ahora bien, con relación a la hacienda pública y los ingresos municipales, consideramos que debe existir una relación directa entre la obligación que tiene la ciudadanía de contribuir a la captación de recursos, con el deber de la autoridad garantizar bienes y servicios públicos a la ciudadanía, los cuales deben verse reflejados en cobertura, eficiencia y calidad.

Si bien es cierto que el pago de impuestos, derechos y otras cargas impositivas es una de las fuentes de financiamiento de los municipios, no coincidimos en que la creación de nuevas cargas y el aumento a las ya existentes sean la única forma en que la autoridad pueda cumplir cabalmente con su obligación constitucional de brindar servicios públicos a los ciudadanos.

Por el contrario, el aumento excesivo de tributos puede causar desestabilidad económica, desincentivando las inversiones  afectando la generación de empleos, todo esto en detrimento de la economía familiar.

Por esa razón, la fracción parlamentaria está resuelta en no aprobar más impuestos, ni autorizar aumentos. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, debemos ser sensibles a la realidad que se vive todos los días en las familias yucatecas. Debemos entender que la pandemia dejó una huella muy profunda en nuestra sociedad, y que no podemos tomar decisiones que pongan en riesgo el futuro inmediato de las personas.

La apenas incipiente recuperación económica no puede ser tomada como parámetro suficiente para determinar que el aumento en el pago de impuestos y derechos no tendrá una afectación considerable para los meridanos.

Bajo esas consideraciones, vemos con preocupación que el Ayuntamiento de Mérida pretenda incrementar sus ingresos en más de mil millones de pesos, esto es en un 35 por ciento más que el ejercicio que esta por terminar.
El incremento antes referido tiene como base una agresiva estrategia tributaria que incluye aumentos a impuestos y derechos.

En el caso de la Ley de Hacienda Municipal se puede observar el pago de nuevos derechos de catastro, de desarrollo urbano, de obras publicas, de servicios públicos municipales y de la unidad de protección civil.

En cuanto a derechos y aprovechamientos, el Ayuntamiento de Mérida estima captar 312.3 millones de pesos para 2022, contra los 228.9 millones de pesos presupuestado en la Ley de Ingresos de este año 2021; un 36% mas. Un ingreso muy superior en términos proporcionales a la inflación de los últimos dos años.

Estos nuevos derechos afectan primordialmente a las microempresas de construcción y de servicios que mayoritariamente son negocios familiares.

Además de lo anterior, se plantea un ambicioso esquema de actualización de los valores catastrales del municipio, que traerá como consecuencia aumento del impuesto predial y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISAI).

Para ser más precisos, en 2022 el Ayuntamiento de Mérida pretende recaudar 749 millones de pesos por impuesto predial, lo que representa 236 millones más que en 2021, es decir un 46 por ciento más.

En tanto que para el ISAI se pretende recaudar 816 millones de pesos, que significa 516 millones más que este año, o sea un 172% más.

La justificación de estas acciones es que con esto se pretende proteger la plusvalía del patrimonio de los meridanos. Pero lo cierto es que tendrán como resultado una afectación directa al sector inmobiliario que, entre otras cosas, se verá reflejado en el encarecimiento de la vivienda, incluyendo la de interés social.

Con relación  a los aumentos de valores catastrales, observamos que existen zonas de la ciudad que han incrementado de forma desproporcional, como por ejemplo Sodzil que ha aumento en un 48%, y aun cuando corresponde a una zona en desarrollo, no todos los habitantes de ese lugar tienen el mismo poder adquisitivo; sin embargo, el pago de su impuesto predial sí presentará un incremento considerable para el siguiente año.

Con relación al (ISAI), conforme a la tabla contenida en el artículo 60 de la iniciativa, se puede afirmar que éste afectará a la adquisición de vivienda de interés social. Toda vez que este impuesto se pagará aplicando una cuota fija más tasa por excedente, lo que hace que ese incremento se sitúe muy por encima del porcentaje de inflación previsto y que, aunado al incremento de la base gravable del impuesto predial, estaríamos ante un doble incremento tributario.

Para tener una mejor referencia, si tomamos como ejemplo una vivienda de 500 mil pesos que en el 2021 pagaba una tarifa fija del 2.5 por ciento de ISAI, con los nuevos valores pasará al 3.3 por ciento considerando la tarifa fija más la tasa por excedente, es decir casi un punto porcentual más en un solo año. Estos casos compañeras y compañeros son los que nos preocupan, porque de esta forma las viviendas a la que actualmente tiene acceso un amplio sector de la población verán incrementado considerablemente su valor de un año a otro.

Además de lo anterior, debemos considerar que al fijar una tarifa progresiva en la forma que se propone, se estaría tomando como el factor para la estimación del cobro el valor del bien y no la capacidad de pago del contribuyente, lo que rompería con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria y, por ende, resultaría contrario a la Constitución Federal.

Los riesgos que implican estas decisiones han sido expuestos por voces calificadas surgidas de la sociedad civil. Diversos representantes de cámaras, colegios de profesionistas, y expertos, han difundido sus opiniones relacionadas con las consecuencias presentes y futuras que se pudieran ocasionar.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE sección Yucatán ha mencionado que “La propuesta de aumentar el ISAI en un esquema progresivo, ocasionará un aumento a los costos de adquisición de inmuebles, por lo que el ciudadano tendrá mayores gastos relacionados con trámites, en adición al propio costo del predio, obligando al individuo a adquirir inmuebles de menor cuantía a la que normalmente pudieran haber tenido acceso según la capacidad de pago con que cuente e incluso desincentivar la propia operación; por lo que lejos de proteger el patrimonio del ciudadano, con dicha medida se generarán obstáculos a la adquisición de bienes, que en la mayoría de los casos, se trata de la vivienda de las personas.”

Por su parte, el Presidente del Consejo de Notarios, el Dr. Héctor Victoria Maldonado refirió que “La fijación de una tarifa progresiva, como la que pretende la iniciativa municipal con una tasa del ISAI que va del 2.5% al 6.5% para sustituir la tasa única vigente del 2.5 por ciento, requiere de un estudio del impacto según el tipo de la vivienda o inmueble, pues no es lo mismo terrenos de especulación comercial que inmuebles destinados a casa habitación”.

Como se observa, sobran razones para votar en contra de las propuestas, pero hay una que debería guiarnos, las familias de Mérida quienes resentirán de forma directa lo que aquí se decida. Nosotros ya decidimos: No aumento al predial, No aumento al ISAI.