La fracción del PRI se opone a un cuarto endeudamiento del gobierno del estado

El Puerto de Altura de Progreso es una de las obras más importantes en el sector marítimo portuario que por décadas ha permitido el acceso de embarcaciones de mayor porte, el traslado de productos a nivel mundial; y con ello, se ha favorecido el crecimiento y prosperidad económica en la entidad.

Es un sueño hecho realidad de las y los yucatecos desde hace más de 40 años, construido considerando que ninguna civilización ha tenido desarrollo sin una salida al mar; y a pesar de haber sido denostado en un principio; la tenacidad y la visión a largo plazo del entonces Gobernador Víctor Cervera Pacheco conjuntada con la solidaridad de gobiernos federales, lo hicimos posible.

Desde su inicio de operaciones ha cumplido con las expectativas para lo cual fue creado, hasta nuestros días; y, por tanto, se constituye como la obra de infraestructura más importante de Yucatán y una de las más importantes del sureste.

La inversión total del puerto de altura ha sido del gobierno de la Federación. El cual hoy no está aportando absolutamente un peso a la infraestructura de los yucatecos. A un estado no se le apoya solo con un visto bueno, sino mediante obra e infraestructura.

En la Fracción del PRI coincidimos en la viabilidad del proyecto técnico propuesto para que el Puerto de Altura de Progreso sea ampliado y modernizado; sin embargo, el análisis de la solicitud del cuarto empréstito por el titular del Ejecutivo Actual, requiere ser atendido integralmente desde el ámbito económico-legal, sin olvidar el aspecto social, ajustándolo a la racionalidad en el impacto en la vida de cada ciudadano y ciudadana en Yucatán.

No es recomendable que los proyectos de impacto como el que nos ocupa, se estén generando sin la debida planeación y sobre todo, gestión presupuestal, lo cual se observa tan solo en la iniciativa que reforma la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2023, que fue aprobada apenas hace aproximadamente seis meses, en la que este proyecto no fue considerado

En consecuencia, es cuestionable no solo la capacidad de planeación y presupuestación gubernamental y se evidencia la urgencia de mejorar la gestión en el rubro de las finanzas públicas, pues es claro que no se cuentan con los recursos económicos y nunca se consideraron las previsiones en el rubro de ingresos que permitieran la ejecución de esta obra con las cuentas sanas, sobre todo, sin que se generen costos para las y los yucatecos, que a fin de cuentas es a quienes les impacta en su calidad de vida.

Por nueva ocasión, este gobierno estatal solicita un empréstito, y esta vez, hasta por la cantidad de TRES MIL SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS para la implementación del Proyecto de inversión pública productiva: «Ampliación Puerto de Altura de Progreso y Obras Complementarias»; con la autorización del Poder Ejecutivo de contratar en los ejercicios fiscales 2023 y 2024, uno o más financiamientos.

Es importante hacer notar que esta obra tampoco fue incluida en el Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales Trascendentales correspondiente al año 2023 publicado por el Instituto Electoral y de Participación del Estado; en virtud, de que el Poder Ejecutivo hasta noviembre de 2022, no informó de esta obra que si es trascendental por tratarse de la construcción de infraestructura física en cumplimiento del inciso b) de la fracción I del artículo 15 de la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular del estado de Yucatán.

Asimismo, en el artículo 4º del decreto de autorización, se establece la afectación  irrevocable como fuente de pago de las operaciones de crédito que celebre con motivo de la autorización dispuesta en este decreto, el derecho y los ingresos a percibir un porcentaje de alguno, o ambos, de los ingresos que le correspondan al estado de Yucatán del Fondo General de Participaciones (parte del Ramo 28), y hasta el 25% de las aportaciones federales que le correspondan del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Si bien, el Fondo General de Participaciones no tiene un destino específico en el gasto de los Estados, su aplicación conforme a la Ley de Coordinación Fiscal establece que podrán destinarse a la inversión en infraestructura física, saneamiento financiero o de pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local, de los sistemas de recaudación locales, fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, sistemas de protección civil, apoyo a educación pública y para destinarlas a fondos constituidos por las Entidades Federativas para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos y privados.

En este tenor, es claro que se contraviene el artículo 24 de la Ley de Desarrollo Social del Estado, el cual prohíbe comprometer en garantía vía empréstito, recursos federales provenientes de las aportaciones y participaciones estatales o municipales que se destinen al desarrollo social; quedando el estado limitado para realizar programas en este rubro, por al menos los próximos veinte años, sea con recursos de libre uso para la entidad o los que podrían destinarse el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En cuanto a la capacidad de endeudamiento del gobierno del estado, tenemos que el SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO, con corte al 31 de diciembre de 2022 según cifras del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, integrada por siete contratos celebrados con distintas instituciones financieras, en acumulado asciende a un importe de OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES, CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS.

Deuda a la que se le sumarían TRES MIL SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS del presente empréstito a discusión, que, en caso de aprobarse, daría un nuevo total de ONCE MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES, CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, DOCE PESOS.

Somos muy responsables en hacer visible que la contratación de una nueva línea de crédito acrecentaría el monto de estas cargas financieras.

Para finalizar y de manera importante señalamos que no se puede hablar de una inversión sin una concesión del gobierno federal para poder hacerlo, ya que se invierte en una obra federal y no local, haciendo que se invierta dinero del Estado en un espacio que no nos pertenece

Solo con la concesión en firme, podremos construir en esa obra y financiar el crédito que el día de hoy se encuentra en discusión.

POR TODO LO ANTERIOR, EL VOTO DE LA FRACCIÓN DEL PRI, ES EN CONTRA

Es cuánto.