La creación de un organismo constitucional autónomo que tenga la rectoría de todo lo concerniente a la materia indígena en Yucatán: Fabiola Loeza

Solicité el uso de la voz para presentar una iniciativa de reforma a la Constitución local en materia indigenista.

Esta reforma, se sustenta en el fortalecimiento y en la propia evolución del marco normativo yucateco que se construye a partir de una visión vanguardista y garantista.

Con ello, me refiero al florecimiento que actualmente vivimos para especializar y ceñir temas esenciales del Estado Constitucional bajo una nueva óptica estructural.

Como sabemos, hace unas semanas, esta soberanía tuvo a bien aprobar diversas iniciativas que modernizan áreas como la seguridad, la posibilidad de presentar iniciativas, los derechos políticos electorales y el municipalismo.

En ese ánimo reformador, hoy vengo a proponer la creación de un organismo constitucional autónomo que tenga la rectoría de todo lo concerniente a la materia indígena en Yucatán.

Esta instancia se denominará Instituto Indigenista del Estado de Yucatán.

Los antecedentes en política pública en Yucatán son extensos, pero pueden resumirse que, actualmente, lo concerniente a tal materia se aborda tanto por el gobierno federal y como el local a través del Indemaya.

Tales instancias comparten, respectivamente, una naturaleza descentralizada del poder ejecutivo.

A saber, en el ámbito federal existe el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y, como he dicho, en Yucatán se cuenta con el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya.

En este último caso, su creación, data de diciembre del año 2000 por potestad del ejecutivo de ese año.

Es evidente que 22 años después, los derechos de los pueblos originarios y comunidades, han tenido un amplio desarrollo en la ciencia jurídica; por tanto, es necesario considerar un nuevo andamiaje progresivo que cumpla con las directrices constitucionales y de los tratados internacionales.

La reforma que hoy impulso se sustenta y motiva precisamente en la importancia toral de expandir y garantizar todos los derechos previstos en Carta Magna Federal y local que refieren a la autonomía de nuestras comunidades indígenas.

Es imprescindible que la progresividad alcance también lo inherente al derecho indigenista como una respuesta institucional al gran número de personas mayahablantes y afroyucatecas en la entidad.

Esto ha sido corroborado por el INE, durante el estudio y análisis de la redistritación federal y local.

Asimismo, la esencia de este hito jurídico se da en plena observancia a instrumentos internacionales como son el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

La creación de un órgano local dotado de autonomía, necesariamente tiene que estar previsto en la Constitución, cumplir con un objetivo que permita la especialización y satisfaga demandas sociales de gran impacto político.

¿Quién puede negar que el Estado Mexicano aún tiene una deuda histórica con los pueblos originarios? ¿Quién puede decir que los pueblos indígenas no requieren máxima atención jurídico-social?

La respuesta a esas preguntas son las que deben guiarnos a forjar un nuevo comienzo en la historia moderna Indigenista.

No podemos negar el valor del indemaya a través de dos décadas, pero es hora de avanzar a una especialización surgida del consenso democrático que se plasme en nuestra máxima ley local.

Aclaro que la iniciativa no pretende desaparecer al indemaya pero da paso a una reestructuración jerárquica de gran calado en la colaboración entre los diversos órdenes de gobierno.

Se ha avanzado, ya que contamos con leyes en materia de justicia maya, de protección a su cultura y en derechos lingüísticos, pero no es suficiente, persisten las resistencias en el tema.

Las expectativas y necesidades del pueblo maya demandan un modelo que reivindique la riqueza de nuestras raíces y lo haga con miras al futuro.

Se necesita una autoridad que refleje en su conformación una verdadera autonomía para salvaguardar los intereses de nuestras hermanas y hermanos mayas a través de políticas públicas eficaces, consultadas y apegadas a los estándares jurisprudenciales.

Es innegable que la materia indígena requiere un trato especial, cuidadoso y sobre todo respetuoso con la autodeterminación que gozan por mandato del artículo segundo Constitucional.

Es por ello, que la iniciativa proponga que quien encabece la titularidad de este nuevo órgano surja de una gran convocatoria a las comunidades mayas, afromexicanas y de aquellas etnias con presencia en Yucatán.

Este Congreso hará la designación por mayoría calificada de entre las propuestas que realice el pueblo mayahablante a través de parlamento abierto, foros y demás requerimientos para garantizar la participación del pueblo.

Quien asuma la titularidad del instituto indigenista durará 4 años, pudiendo ser ratificado por otro periodo igual; se prevé que rinda un informe anual al Pleno cada mes de agosto en el marco del día internacional de los pueblos indígenas.

Asimismo, su presupuesto gozará de un aumento progresivo con la finalidad de brindar suficiencia financiera para sus atribuciones constitucionales.

En síntesis, la reforma propone crear un capítulo décimo al título séptimo de la constitución local, para crear el artículo 75 octies; este numeral inicia un nuevo episodio constitucional que marca la pauta para el mejoramiento, protección y salvaguardar de los derechos del pueblo maya.

Esta iniciativa rompe estructuras del siglo pasado y se asume impostergable para unir e impulsar nuestro ancestral linaje.

Hagamos valer nuestra competencia para legislar en temas que permitan un mejor desarrollo, avance e integración del pueblo maya.

Me siento orgullosa de decir que Yucatán, de nueva cuenta, propone una reforma de avanzada, digna de la grandeza de nuestro pasado milenario y promisorio porvenir.

Hago entrega de la iniciativa en versión impresa y digital.