COLECTIVO CIUDADANO «YA BASTA» EXPONE RED DE OPACIDAD E IMPUNIDAD EN YUCATÁN. ​

•⁠  ⁠Opacidad en el Gobierno del Estado, dependencias se declaran “incompetentes” y dicen desconocer información sobre los proyectos estratégicos del Renacimiento Maya y su presupuesto para realizarlos.

 

•⁠  ⁠Evidencían que Fiscalía Anticorrupción da “carpetazo” al daño patrimonial  de 480 millones al municipio de Mérida cometido por Renán Barrera 

 

Mérida, Yucatán; 16 de junio de 2026. En el marco de su décima segunda sesión de seguimiento, el “Colectivo ciudadano ¡Ya Basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad.» lanzó una enérgica crítica contra la sistemática opacidad y la simulación institucional en los tres niveles de gobierno.

A nueve años de su fundación, los voceros del Colectivo Ciudadano demostraron con pruebas y folios de la Plataforma Nacional de Transparencia, cómo el aparato gubernamental utiliza trabas burocráticas y recovecos legales para mantener y fomentar la opacidad en los asuntos públicos; así mismo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recurre a vacíos legales para encubrir presuntos desvíos de recursos y evitar que exfuncionarios reciban castigo por el daño patrimonial que realizaron al municipio de Mérida, sepultando las demandas ciudadanas en el archivo muerto de la impunidad.

DEPENDENCIAS DESCONOCEN LISTA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL RENACIMIENTO MAYA:

La Profesora Blanca Estrada Mora señaló la opacidad con la que se toparon por parte del Gobierno del Estado de Yucatán durante el ejercicio de acceso a la información pública, el colectivo presentó solicitudes de información idénticas ante la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación de Yucatán (SEPLAN) para obtener la lista de proyectos estratégicos del «Renacimiento Maya» y el presupuesto asignado a estos para 2026.

SAF respondió lavándose las manos de manera inmediata, declarándose «notoriamente incompetente” para esta información, bajo el argumento de que no correspondía a sus facultades poseer dichos datos. Por su parte, SEPLAN dio una evasiva similar al declarar que tampoco contaba con atribuciones para generar esos reportes, incumpliendo además con la obligación legal de orientar al ciudadano sobre a qué ventanilla dirigirse.

El enredo y la opacidad institucional se repitieron al dar seguimiento al programa de mediano plazo de infraestructura para el bienestar en la entidad. Al solicitar el proyecto ejecutivo, el plan maestro y el contrato de la primera etapa de la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, SEPLAN se declaró incompetente una vez más, sin ofrecer orientación, mientras que la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar evadió responder aduciendo que es solo un «ente normativo» y sugirió preguntar al INCCOPY, instancia que alargó el proceso agotando todas las prórrogas legales.

Asimismo, al pedir el desglose de la obra pública ejecutada en 2025, la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar entrampó la solicitud exigiendo perversamente que el colectivo «aclarara» a qué municipios se refería y si la búsqueda se circunscribía al estado de Yucatán.

AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA: ¿CUÁNTO SE DIRIGIÓ A TRANSPORTE?:

En el presente presupuesto anual, el Gobierno del Estado incrementó el impuesto sobre la nómina en $0.75 pesos extra y previamente anunció que este recurso sería destinado al transporte público. El colectivo ciudadano Ya Basta! preguntó a SAF ¿Cuánto de este recurso se destinó en enero y febrero del presente año a la Agencia de Transporte de Yucatán? a lo que SAF recurrió de nuevo al candado de la «inexistencia de información» alegando falta de desagregación en sus archivos.

«La opacidad es uno de los ingredientes principales para el caldo de cultivo de la corrupción; cuando se da la opacidad, lo primero que desaparece es la confianza», puntualizó Estrada Mora.

Así mismo, se reconoció como única respuesta favorable la del IMDUT, que al preguntarle sobre el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, en su respuesta aclaró el nombre correcto del Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y proporcionó la liga del Diario Oficial para su consulta.

DAN “CARPETAZO” AL DELITO DE DAÑO PATRIMONIAL AL MUNICIPIO DE MÉRIDA

En el ámbito municipal, el integrante del colectivo Nicolás Andrés Dájer evidenció un alarmante retroceso y la herencia de «cochinero» financiero en el Ayuntamiento de Mérida.

Dio a conocer el «carpetazo» realizado por la Fiscalía Anticorrupción al daño Patrimonial que Renán Barrera realizó al municipio de Mérida, a pesar de que existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia en el que se evidencía este delito. Esto sobre el caso de las luminarias, coloquialmente conocidas como “lámparas chinas”, que nos está costando 480 millones a los meridanos.

«Las instituciones sirven para simular que se combate el flagelo, pero en la práctica operativa están diseñadas para no hacerlo; la Fiscalía Anticorrupción simplemente resolvió decretar la facultad de abstenerse de investigar», sentenció Andrés Dájer, al anunciar que cierran este capítulo jurídico tras agotar las vías institucionales.

Así mismo, señaló que en noviembre del 2025, la empresa paramunicipal Servilimpia presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por gastos no comprobados de $5’700,000 pesos durante el ejercicio fiscal 2024. Siete meses han transcurrido de presentada la denuncia y esa fiscalía aún no ha logrado determinar si dicho dinero corresponde a compras ficticias, simulación de operaciones o empresas fantasmas que emitieron comprobantes factureros. Este es un hecho más de corrupción en la administración de Renán Barrera Concha, que se mantiene en sigilo y opacidad para los ciudadanos.

También mencionó el caso de los fondos del SIRJUM, (fondo de ahorro de los trabajadores del Ayuntamiento) con el presunto desfalco de más de 550 millones por parte del exalcalde Renán Barrera. La actual administración municipal hereda el cochinero y le toca desenredar este desaguisado.

El colectivo ciudadano concluyó advirtiendo que la pasividad ciudadana y el enmarañamiento digital de las plataformas solo alimentan la discrecionalidad de los gobernantes. A pesar del hermetismo gubernamental, «Ya Basta» reafirmó su compromiso de mantener un seguimiento permanente y documentada sobre el uso de los recursos públicos, sentenciando que, aunque las autoridades decidan cerrar los expedientes para blindar a la clase política, el cuestionamiento social y la exigencia de una rendición de cuentas real permanecerán abiertos.