BANCADA DEL PUEBLO IMPULSA: JUSTICIA MAYA, MEJORAS ESCOLARES Y EL FIN DE LOS PRIVILEGIOS ADMINISTRATIVOS.

-Diputados de morena aprueban reformas de vanguardia en justicia administrativa y financiamiento responsable para la infraestructura de 91 municipios.

-Lanzan iniciativas clave en materia de protección a la familia y derechos de los pueblos originarios.

 

Mérida, Yucatán 20 de mayo de 2026.- En la pasada sesión plenaria, lunes 18 de mayo, el Congreso del Estado fue marco de profunda trascendencia histórica, las y los diputados de la Bancada del Pueblo (morena-PT-PVEM) a través de un paquete integral de reformas y nuevas iniciativas de ley, la mayoría parlamentaria de la Cuarta Transformación desmanteló los resquicios de la exclusión neoliberal, blindó la legalidad administrativa frente a los abusos del pasado, y garantizó recursos directos para el combate al rezago en el interior del estado.

En su intervención la diputada Naomi Peniche López fundamentó el dictamen para reformar de manera integral la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y las normas de lo Contencioso Administrativo en el Estado. Con esta reforma de vanguardia institucional, se incorpora de manera expresa el Juicio de Lesividad, dotando al Estado de la herramienta procesal adecuada para demandar ante un tribunal la nulidad de aquellos actos administrativos o resoluciones ilegales que gobiernos anteriores emitieron a capricho para favorecer a particulares, afectando gravemente el patrimonio del pueblo.

La legisladora precisó que la reforma no es un ataque a la propiedad privada, sino un acto de debida justicia que fija plazos claros de actuación (5 años para temas fiscales y 7 para administrativos) y sustituye el viejo esquema de suspensión por un esquema moderno de medidas cautelares.

«La justicia que llega tarde no es justicia. Con esta reforma creamos una medida cautelar específica para asuntos inmobiliarios, urbanos y territoriales que permitirá ordenar la custodia del folio electrónico ante el Registro Público, evitando que la especulación o los trámites fraudulentos del pasado le ganen la carrera a la ley. En el Yucatán de la Cuarta Transformación, la legalidad está por encima de los errores y abusos de la autoridad», sentenció la diputada Naomi Peniche.

El diputado Eric Quijano subió a la tribuna para defender el dictamen que respalda institucionalmente y dota de viabilidad operativa a la Procuraduría Ambiental del Estado de Yucatán. En un fuerte mensaje de contraste, Quijano desenmascaró la simulación de la administración panista de Mauricio Vila Dosal, exponiendo cómo la derecha creó dicha procuraduría en la legislatura pasada únicamente «en el papel», dejándola como letra muerta al no asignarle presupuesto ni nombrar a un titular.

Con datos financieros contundentes, el legislador evidenció cuáles eran las verdaderas prioridades del régimen anterior, el cual prefirió derrochar los recursos públicos en el pago de favores políticos antes que en la protección de los recursos naturales del estado.

«A la oposición no le interesaba el medio ambiente; a ellos les interesaba el negocio. Tuvieron la oportunidad de financiar la Procuraduría Ambiental y no le pusieron un solo peso, ni nombraron a su titular. Pero qué tal para aumentar a 15 magistrados, lo que significó un daño patrimonial de 242 millones de pesos, o para aumentar de 25 a 35 diputados, gastando más de 24 millones de pesos anuales para hacer exactamente lo mismo. Nosotros no dimos los permisos a las granjas porcícolas ni a las empresas que hoy dañan nuestros ecosistemas; ustedes recibieron los moches para pagar sus estudios», denunció el diputado.

En su uso de la máxima tribuna del Estado, la diputada Aydé Verónica Interián impulsó la aprobación del decreto que autoriza los montos máximos de financiamiento para 91 municipios de la entidad, destinados única y exclusivamente a inversiones públicas productivas en zonas de alta marginación. Cabe recordar que desde el paquete fiscal 2025 (diciembre de 2024) estos empréstitos fueron aprobados, y este número de municipios aún no ha decidido hacer uso de esas líneas de crédito, mismas que de ser utilizadas, deben de liquidarse a más tardar en julio de 2027.

Interián Argüello fue tajante al aclarar que no se trata de autorizar endeudamiento para burocracia, gasto corriente o fines discrecionales, sino de activar mecanismos financieros responsables y transparentes, plenamente apegados a la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Coordinación Fiscal. El decreto estipula que los recursos provendrán del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) sin exceder el 25% permitido, bajo las mejores condiciones de mercado, aprobados por dos terceras partes de los cabildos y liquidados obligatoriamente antes de concluir las actuales administraciones.

«Permanecer inmóviles ante la pobreza extrema no es una opción. Estamos hablando de que los municipios tengan la facultad de ampliar sus redes de agua potable, drenaje, electrificación y caminos dignos que las administraciones de derecha dejaron en el abandono. Estos recursos se ejercerán sin detenerse, respetando la autonomía municipal, porque en Yucatán la justicia social ya no podía seguir esperando», afirmó la legisladora.

En su turno, el diputado Julián Bustillos presentó a nombre de las representaciones legislativas de morena, PT y PVEM una iniciativa con proyecto de decreto para reformar de manera integral la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, enfocada en romper el ciclo intergeneracional de la agresión doméstica.

La reforma actualiza el artículo 74 de dicha norma para nombrar, clasificar y sancionar de manera explícita la violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, institucional y la interferencia indebida en las relaciones y vínculos familiares de cuidado, brindando una protección objetiva y verificable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

«Durante décadas se consideró a la violencia familiar como un asunto privado del ámbito doméstico, normalizando el sufrimiento que no siempre deja huellas físicas. Nombrar la violencia emocional o económica es el primer paso para visibilizarla, legitimar la denuncia y otorgarle a la sociedad un instrumento real de protección jurídica. En el hogar de las familias yucatecas no puede existir espacio para la normalización del abuso», expuso Julián Bustillos al entregar el proyecto a la Mesa Directiva.

 

El momento más emotivo y combativo de la sesión parlamentaria llegó con la intervención de la diputada Neyda Pat, quien subió a la máxima tribuna del estado para presentar la iniciativa de la nueva Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán, una reforma de profunda naturaleza antirracista orientada a saldar siglos de exclusión colonial y racismo estructural institucionalizado.

Respaldada por el Artículo 2° de la Constitución Federal y la histórica reforma de septiembre de 2024 que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, la legisladora recordó que los saberes normativos de los pueblos originarios anteceden a la existencia misma del Estado mexicano. La ley busca dar reconocimiento pleno, presupuesto y coordinación a las formas comunitarias de resolución de conflictos enfocadas en la reparación del daño, el equilibrio y la responsabilidad colectiva, alejadas de la visión punitiva de la justicia occidental.

«La justicia maya no nace de la autorización del Estado; sobrevivió al intento sistemático de despojo y silenciamiento de un sistema que menospreció nuestros saberes ancestrales tildándolos de folclor e informalidad. Hoy no venimos a pedir permiso para existir. Frente a la burla y la indiferencia de quienes simulan identidades que no tienen, las comunidades originarias nos levantamos con orgullo en este Renacimiento Maya. Alzamos la bandera indígena para aplicar nuestra ley con dignidad, memoria y autonomía real», concluyó de manera enérgica la diputada.