Yucatán perdió competitividad por mal manejo de recursos públicos de la administración anterior
La entidad descendió 12 posiciones en Índice de Información del Ejercicio del Gasto: IMCO
Mérida, Yucatán, 11 de noviembre de 2018.- Como resultado del descontrol financiero, por parte de la administración estatal anterior, Yucatán perdió competitividad y transparencia en el uso de los recursos públicos al obtener una calificación de 52.1 en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG), lo que ocasionó que pasara del lugar nueve al 21 a nivel nacional, de acuerdo con el reporte de octubre pasado del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al dar a conocer los resultados de esta medición, el IMCO informó que la entidad figura entre los 13 estados que experimentaron un retroceso, pues descendió 12 lugares. Estos datos concuerdan con la información financiera que dio a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y que arroja un faltante de cerca de mil 900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año.
En días pasados, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, dio a conocer el panorama de las finanzas de Yucatán, el cual presenta un déficit de operación para el último trimestre del año por cerca de mil 900 millones de pesos, cantidad que se gastó la administración anterior de manera anticipada.
Para el cierre de 2018, la actual gestión estatal cuenta con ingresos de libre disposición por tres mil 867.8 millones de pesos, pero también egresos y compromisos económicos de ese mismo concepto por cinco mil 941.1 millones de pesos, lo que representa complicaciones en la materia para la parte final del año, precisó la funcionaria. Además, indicó que enfrentan presiones de gastos adicionales por 500 millones de pesos y contingencias a la fecha por dos mil 500 millones de pesos.
Por lo que toca al IIEG, éste mide la calidad de la información sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte de las entidades federativas del país durante el ejercicio fiscal anterior y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad, verificar el cumplimiento de la normatividad existente en materia de contabilidad gubernamental y fomentar una serie de buenas prácticas que se han implementado en algunos estados.
De acuerdo con las estadísticas presentadas en el reporte, la apreciación de Yucatán en el rubro ha ido en descenso, puesto que su manejo presupuestal en 2015 obtuvo una calificación de 70.1, mientras que en 2016 alcanzó los 62.8, y para el 2017 se puede observar una caída en picada hasta alcanzar 52.1, lo que son 10 puntos menos.
El análisis hecho por el IMCO señala que en el apartado de cumplimiento del ejercicio del gasto Yucatán obtuvo calificaciones de 49 puntos de Información Presupuestal, 54 en contable y 75 en programática. Además, en el segmento de recaudación tuvo un faltante de 362 millones de pesos, respecto a lo esperado para 2017. De esta manera, Yucatán se encuentra entre las 13 entidades que en un año retrocedieron en el rubro, precisa el documento.
En resumen, la revisión realizada por el IMCO a las finanzas de la entidad arrojó como resultado que la administración anterior gastó más de lo presupuestado y se endeudaron por arriba de lo planeado. Los resultados de este análisis del IMCO se pueden consultar en línea a través de https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Bolet%C3%ADn_IIEG-2018-Final-.pdf y http://finanzaspublicas.cdn.imco.org.mx/IIEG/2018/31-yucatan-iieg-2018-ficha.pdf.
Como parte de las acciones para garantizar una mejor administración y manejo de las finanzas, el Gobierno del Estado aplica desde el 1 de octubre un Plan de Austeridad que contempla ahorros por mil millones de pesos anuales, el cual ya tiene sus primeros resultados al poder contar con recursos que utilizaban para el gasto burocrático y que ahora se destinan para atender rubros prioritarios como salud, educación y campo, por ejemplo.
Entre las medidas llevadas a cabo a la fecha, dentro de dicho Plan, destacan la reestructuración administrativa con la cancelación de 868 plazas de confianza, la reducción de insumos administrativos y de uso de vehículos, así como ahorros significativos en consultorías, combustible y la cancelación de 585 líneas de telefonía celular.
