Un gobierno con sentido social de gobernanza y que con total innovación incorpore el diálogo y el consenso al régimen democrático que lo sustenta: Gaspar Quintal

En la fracción del PRI concebimos que un estado moderno debe reflejar apertura, escucha y colaboración de la ciudadanía hacia sus autoridades, por lo cual el Estado debe generar espacios para compartir decisiones y marcar el curso de sus acciones, por lo cual es de suma importancia que se provean las condiciones para que cada persona bajo cualquier circunstancia conozca, y sea participe de las acciones públicas bajo el paradigma de la gobernanza.

En este sentido, observamos que conforme el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, Yucatán obtuvo el puntaje general de 0.47, lo que nos ubicó en el segundo lugar a nivel nacional; no obstante, de forma específica, en el factor relativo a Gobierno Abierto, existe un retroceso, tomando en consideración la posición 19 con 0.38 de calificación del período anterior, por lo que en este rubro bajó 9 posiciones, pasando al lugar 28 de las 32 entidades federativas.

Por otro lado, en esta LXIII Legislatura, en forma unánime hemos aprobado el reconocimiento al derecho a una buena administración y el derecho a la ciudad, y desde el año de 2014, se reconoce e instrumenta el derecho a la transparencia y acceso a la información.  Ahora bien, se requiere un principio que articule y de sentido a su implementación a través de la innovación y la tecnología, el uso de datos abiertos, y ese principio es el de un gobierno abierto.

En tal virtud, mi compañera de bancada Dip. Karla Franco proponemos que se adicione un vigésimo párrafo al artículo 2º de la Constitución Local, para que se reconozca el principio de gobierno abierto para todos los Poderes del Estado, organismos autónomos y Ayuntamientos.

Un principio que se materialice en la implementación de sistemas tecnológicos para la eficacia en el sector público; apertura, que incluya no solo la transparencia y acceso a la información pública ya regulados, si no que se concrete en reuniones, debates y toma de decisiones de forma abierta, permitiendo a la ciudadanía no solo ser un espectador, o un sujeto que puede acceder a documentación, sino que se materialice como parte del proceso en tiempo real, involucrándose y teniendo conocimiento del cómo, cuándo, dónde y por qué se realizan las acciones públicas; sin duda, representa una premisa para la gestión colaborativa y colaboración interinstitucional, promoviendo la innovación social, con el diseño, seguimiento y evaluación de servicios públicos que generan valores públicos; incentivando el involucramiento real de la ciudadanía, pero sobre todo, que la prioridad sea en todo momento: La ciudadanía.

De esta manera, promovemos un gobierno que fundamente sus decisiones en un pluralismo razonable y la inclusión ciudadana, que en el marco de un Estado de derecho reconozca la apertura como un valor político e inherente a un espacio público relacional, que utilice los instrumentos tecnológicos como medio en la consecución de otros valores, como son la justicia, la comunicación, la eficiencia y la colaboración, y que sus valores en cada acción y decisión pública sean la transparencia, acceso a la información pública, accesibilidad, rendición de cuentas, máxima publicidad y la participación cívica.

Reconocemos, que, para ello, se requiere un cambio estructural, sobre todo, potenciar la formación, la investigación y la innovación en los ámbitos del gobierno, sea como administrador, legislador o procurador de justicia.

Para el Poder Ejecutivo implica que debe implementar un verdadero modelo de gestión colaborativa entre gobierno y la sociedad a través del cual, la ciudadanía no tenga que esperar a la consecución del informe anual del Gobierno del Estado, para rendir cuentas.

Para el Legislativo, implica fortalecer el ya regulado parlamento abierto considerando la evaluación legislativa y el lenguaje incluyente, también propuestas de la Fracción del PRI, además de que el acceso ciudadano no se traduzca únicamente en una transmisión en vivo a través de plataformas digitales, sino promover una escucha activa; socializar el contenido de los dictámenes, generar formatos accesibles y datos abiertos, cuadros comparativos o solicitudes de forma previa a su aprobación y con posterioridad, justificar el sentido final de su contenido; generando así un histórico integral relativo al proceso legislativo que se lleva a cabo en este H. Congreso.

Para el Poder Judicial, el principio de justicia abierta implica contar con sentencias accesibles e implementar la lectura fácil en los mismos, proveer las condiciones para una mayor eficiencia al proceso judicial, mejorar el desempeño de los tribunales, asimismo, fortalecer los esquemas que garanticen la privacidad y seguridad con el manejo de datos personales, creación de documentos judiciales electrónicos y generar una cercanía que garantice el acceso a la justicia a cualquier ciudadano bajo cualquier circunstancia.

Los Ayuntamientos deberán generar mecanismos que fomenten el diálogo ciudadano, con los mecanismos de participación ciudadana existentes, formalizar el cabildo abierto, y en todas las cuestiones que impliquen afectación a la ciudadanía, procurar el diálogo y el consenso ciudadano proveyéndole el uso de datos abiertos.

Para los organismos autónomos y en general para todo ente público, el uso de datos abiertos, la generación de formatos accesibles, y la proactividad en la información a través de medios oficiales, la historicidad y sistematización en la información; fomentar el emprendimiento público, para que dentro del funcionariado público se fomente la capacidad encontrar buenas ideas, implementarlas de forma eficaz y medir lo que funciona, y en su caso, encaminar de nueva cuenta, la acción pública.

Asimismo, recientemente en este H. Congreso, participamos de un ejercicio de la glosa del IV Informe de Gobierno estatal, en el cual manifesté la imposibilidad de realizar un análisis certero ante la falta de indicadores que puedan ser vinculados entre sí que permitieran conocer y reconocer el estado que guarda la administración pública; y que bajo el principio de gobierno abierto podremos contar con la información necesaria y en tiempo oportuno.

En esta propuesta y en su momento, con la legislación secundaria demostramos nuestro compromiso con un modelo que valide el desempeño real y óptimo de las autoridades, un gobierno plural con gran participación ciudadana, un gobierno con sentido social, de gobernanza y que con total innovación incorpore el diálogo y el consenso al régimen democrático que lo sustenta.