Rubén Rocha Moya pide licencia como gobernador de Sinaloa
El mandatario afirmó que tiene la conciencia tranquila, pues una vida de trabajo respalda sus palabras
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció que presentó ante el Congreso del estado la solicitud de licencia de su cargo. «Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra», enfatizó.
«[…] a mi pueblo y mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado nunca, nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos», añadió el mandatario.
En su mensaje aseguró que la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador corresponde al plazo que dure el proceso de investigación. «Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado», concluyó Rocha Moya.
FGR inicia investigación en Sinaloa
La FGR confirmó el 1 de mayo que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó a la fiscalía la solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York para detener provisionalmente con fines de extradición internacional a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos, Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, no obstante, aclararon que este no se trata de un procedimiento de extradición formal, sino de «una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición».
«Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que nos otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra Ley de Extradición Internacional y, naturalmente, los tratados internacionales, bilaterales y multilaterales aplicables a la materia», se lee en el comunicado de la fiscalía.
Añadieron que la solicitud se refiere exclusivamente al posible otorgamiento de una medida cautelar consistente en la detención provisional de las personas reclamadas. Además, esta se rige por lo dispuesto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y se marca en el artículo 17 de nuestra Ley de Extradición Internacional.
Resaltaron que la detención provisional en materia del pedimiento constituye una restricción a los derechos humanos, por lo que solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional mencionada con anterioridad.
«En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, ningún fundamento, ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional. Igualmente advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar. La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso», se lee en el boletín informativo de la FGR.
Detallaron que la fiscalía enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios mediante vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la FGR «esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional«.
«Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional, en términos de nuestra legislación y de acuerdo con el paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho», subrayaron.
Luis a. Flores
