Reforma Justicia Administrativa Yucatán: Naomi Peniche López.

Puntos Clave del Discurso (Naomi Peniche)

Resumen Reforma Justicia Administrativa Yucatán

– Objetivo: Actualizar las herramientas procesales para lograr una administración pública más eficiente, justa y transparente.

  – Leyes a reformar: Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, Ley de Actos y Procedimientos Administrativos, y la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Figuras Fundamentales Introducidas

– Juicio de Lesividad: Permite a las autoridades estatales o municipales acudir al Tribunal para solicitar la nulidad o modificación de sus propios actos cuando dañen el interés público o el patrimonio del pueblo, eliminando la revocación unilateral y arbitraria.

  – Plazos para la autoridad: 5 años para resoluciones fiscales y 7 años para actos administrativos no fiscales.

– Medidas Cautelares: Sustituyen al antiguo régimen de suspensión para evitar que las sentencias se vuelvan inejecutables o los daños sean irreparables.

  – Protección Territorial: Creación de una medida cautelar específica para asuntos inmobiliarios, urbanos y territoriales (como la custodia del folio electrónico ante el Registro Público) para combatir la especulación y trámites fraudulentos.

 

Discurso de la diputada Naomi Peniche López en la sesión ordinaria en el Congreso de Yucatán, el Lunes 18 de Mayo.

«A todos muy buenas tardes.

Yucatán ha sido históricamente un referente de legalidad y vanguardia institucional. Sin embargo, para que nuestra administración pública siga siendo eficiente y justa, es imperativo actualizar las herramientas procesales con las que contamos. Es por ello que hoy nos encontramos ante la discusión de un dictamen trascendental para el fortalecimiento de la justicia administrativa de nuestro estado; una reforma que busca incorporar figuras fundamentales como el juicio de lesividad y las medidas cautelares a nuestro marco jurídico.

La propuesta que hoy sometemos a su consideración busca reformar de manera integral la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos y la Ley de lo Contencioso Administrativo de nuestra entidad… entidad.

El objetivo es claro y contundente: dotar al estado de un mecanismo para defender el interés público frente a los actos administrativos ilegales, sin desproteger los derechos de los ciudadanos. Lo que hoy se plantea es fortalecer el principio de legalidad y garantizar un mejor control de los actos administrativos, y consolidar un sistema institucional más transparente, más equilibrado y más eficiente.

El eje central de esta propuesta es la regulación expresa del juicio de lesividad, donde debemos entender que en ocasiones la administración pública emite actos o resoluciones que favorecen a un particular, pero que tras un análisis profundo resultan contrarios a derecho o afectan gravemente al patrimonio y el bienestar del pueblo. Actualmente nuestras autoridades se encuentran en una encrucijada cuando detectan estos errores, pues carecen de la vía procesal adecuada para corregirlos y se ven tentadas a la revocación unilateral, lo cual genera una incertidumbre jurídica.

Con esta reforma establecemos que la autoridad estatal o municipal no podrá revocar sus propios actos de manera arbitraria cuando estos ya hayan generado un derecho o un beneficio al particular. En su lugar, deberá acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar formalmente la modificación o la nulidad de dicho acto. Esto no debe verse ni politizarse como un acto a la propiedad privada ni a los derechos adquiridos. Por el contrario, es una garantía de que cualquier cambio en la esfera jurídica del ciudadano será decidido por un tribunal imparcial y bajo las reglas del debido proceso.

Esta propuesta de decreto es sumamente cuidadosa al condicionar el… la procedencia de este juicio, ya que no se trata de una facultad abierta al capricho, pues se requiere demostrar que el acto carece de elementos legales esenciales y que existe una afectación real al interés público. Además, garantiza la seguridad jurídica estableciendo plazos claros para que la autoridad actúe: 5 años para resoluciones fiscales y 7 años para actos administrativos no fiscales.

Otro de los pilares fundamentales de este cambio es la transformación radical del sistema de protección temporal durante los juicios, al sustituir el actual y limitado régimen de suspensión por el sistema moderno de medidas cautelares. Es importante tener en cuenta que la justicia que llega tarde no es justicia. Bajo el esquema actual, muchas veces la sentencia definitiva se vuelve inejecutable porque la materia del juicio se ha perdido o el daño ya es irreparable.

Es especialmente relevante la creación de una medida cautelar específica para asuntos inmobiliarios, urbanos y territoriales, porque como sabemos, en un estado como el nuestro con un crecimiento acelerado y una riqueza natural envidiable, no podemos permitir que la especulación o los trámites fraudulentos ganen la carrera a la justicia administrativa. La presente reforma permitirá ordenar la custodia del folio electrónico ante el Registro Público, evitando inscripciones que impidan ejecutar una sentencia de nulidad en el futuro, lo que lo convierte en una herramienta muy poderosa para proteger el ordenamiento territorial de nuestro estado.

Compañeras y compañeros legisladores, la eficacia de una ley depende de la agilidad de los procedimientos, y la presente propuesta reconfigura la competencia interna del Tribunal de Justicia Administrativa. Votar a favor de este dictamen es votar a favor de Yucatán, donde la ley está por encima de los errores administrativos; es votar por un sistema donde la autoridad tiene la humildad y la obligación de reconocer las faltas ante un juez, y donde el ciudadano tiene la certeza de que sus derechos no serán arrebatados sin un juicio justo.

Esta reforma regula los actos de autoridad con una visión de futuro, estableciendo límites temporales y efectos retroactivos acotados que protegen la estabilidad económica y jurídica de nuestro estado. En conclusión, hoy Yucatán avanza hacia un sistema administrativo mucho más moderno, más garantista y más responsable. Un sistema donde las instituciones tengan herramientas legales para corregir las irregularidades, pero siempre bajo la vigilancia judicial y respetando los derechos fundamentales, porque fortalecer la legalidad también es fortalecer la democracia.»