Ratificación de magistrado será un problema para Yucatán

–Diputadas lamentan que una misma persona esté al frente del Tribunal de Trabajadores por otros 9 años

Mérida, Yucatán, 14 de junio de 2021.– La diputada Silvia América López Escoffié, lamentó que sus compañeras y compañeros legisladores del PRI, Morena y el PRD hayan aprobado la ratificación del magistrado Cesar Andrés Antuña Aguilar, al frente del Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios por otro período de nueve años.
Durante su intervención en la sesión plenaria, López Escoffié, subrayó que no tenían los elementos suficientes para ratificar al magistrado, pues los resultados de una extensa y minuciosa evaluación de su gestión (2013-2019), muestran que su productividad fue baja, pidieron su destitución y su trabajo fue con poca prontitud, respecto a la ejecución de los laudos dictados.
Esta misma postura, fue respaldada por Milagros Romero Bastarrachea, Rosa Adriana Díaz Lizama, Kathia Bolio Pinelo, Luis María Aguilar Castillo, Víctor Merari Sánchez Roca, Mirthea Arjona, Manuel Díaz Suárez, Miguel Rodríguez Baqueiro y Paulina Viana Gómez.
López Escoffié, expuso que su voto fue en contra, pues solicitaron información en reiteradas ocasiones al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Tribunal de Trabajadores sobre el desempeño profesional del interesado, no obstante, los datos enviados carecieron de claridad y no coincidían con los publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
“Nuestra obligación como diputadas y diputados es garantizar a la sociedad el derecho a contar con magistrados capaces e idóneos que cumplan a cabalidad con su encomienda constitucional de brindar justicia pronta y expedita, pero vemos que este no es el caso”, precisó.
La diputada Milagros Romero Bastarrachea, se manifestó preocupada por la situación y dejó entrever que detrás de su ratificación pueden haber intereses políticos y económicos.
Cabe señalar que actualmente, encontrar información respecto al trabajo de Antuña Aguilar es prácticamente imposible, pues no se ha transparentado, aún cuando es una obligación de la autoridad hacerlo, precisó.