Queremos un Poder Judicial eficiente y claro que otorgue certeza jurídica al pueblo de Yucatán: Alejandra Novelo Segura

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE ACUERDO DE LAS COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN Y LA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE EMITE LA TERNA DE CANDIDATAS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

 

Compañeras y compañeros diputados, pueblo de Yucatán

 

El artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Yucatán señala a la letra que “las propuestas para ocupar el cargo de Magistrada y Magistrado del Poder Judicial deberán considerar a personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la procuración o la impartición de justicia o en la carrera judicial o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica…”

Entraré en materia:

Teresita de Jesús Anguas Zapata, licenciada en Derecho por la UADY y maestra en administración por la misma universidad tiene como experiencia laboral: directora del DIF de Mérida; Apoderada legal de la Arquidiócesis de Yucatán; Procuradora de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Yucatán.

Lizette Mimenza Herrera, licenciada en derecho por la Escuela de Derecho del Centro Marista de Estudios Superiores, A.C. y maestra en Ciencias Penales con Especialización en Ciencias Jurídico-Penal, impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

En su experiencia profesional se registran: las suplencias realizadas en diversas instituciones educativas como el Colegio Mérida y el Instituto Cumbres; maestra de inglés en el Metropolitan Language Institute”; Auxiliar meritorio y oficial judicial (2000-2002); Titular de las Direcciones de Prevención del Delito y de Servicios a la Sociedad PGR (2002-2007); Académica de la Universidad Marista; Subdirectora de Procedimientos Legales de la Dirección de Desarrollo Urbano del  Ayuntamiento de Mérida; Jefa de Oficina de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida; Regidora del Ayuntamiento de Mérida; Directora de Gobernación del Municipio de Mérida; Subdirectora Jurídica de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Mérida; Directora del Jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Vicefiscal de Prevención del Delito, de Justicia Alternativa y Atención a Víctimas de la FGEY (octubre 2021 a la fecha).

Adiver del Rubí González Alpuche, licenciada en Derecho por la UADY, maestra y doctora también en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, campus Yucatán. En la experiencia profesional de González Alpuche se documenta: meritoria en el Poder Judicial del Estado (2000-2003); litigante en despacho jurídico particular; auxiliar jurídico en el Instituto Nacional de Migración; proyectista del Consejo Tutelar de Menores Infractores; Coordinadora de Servicios Internos del Ayuntamiento de Mérida.

Partiendo de una síntesis apretada, la primera aspirante podría estar involucrada en un evidente conflicto de interés respecto al proceso histórico de la separación Iglesia-Estado; las otras dos aspirantes, tienen una amplia trayectoria en el Ayuntamiento de Mérida, cargos que naturalmente responden a una lógica del Partido Acción Nacional. Por lo tanto, ninguna de las anteriores cumple cabalmente con la mínima acepción de la carrera judicial.

El jurista francés Carnelutti señaló que la carrera judicial debe entenderse como “El conjunto o la escala de los grados del oficio judicial”. Por su parte Eduardo Pallares, estableció que la carrera judicial no es otra cosa que la profesión que ejercen los funcionarios judiciales o la serie de grados desde el más inferior hasta el superior, por los cuales van ascendiendo los funcionarios judiciales.

De acuerdo con lo anterior, los servidores públicos judiciales en el ejercicio de sus funciones estarán inmersos en los supuestos que implica la carrera judicial y por lo tanto, buscarán su superación mediante el ascenso que de grado en grado vayan escalando poco a poco hasta llegar a ocupar el cargo máximo.

Para ilustrar a la mayoría, retomaré algunos aspectos de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, publicada a principios de este año en el Diario Oficial de la Federación:

La finalidad de la carrera judicial, como lo marca su definición, constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional, basado en el mérito y la igualdad de oportunidades.

La carrera judicial tiene como finalidad: Garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas que forman parte de ella.

El desarrollo de la Carrera Judicial deberá garantizar en todas sus etapas, la observancia de los siguientes principios: excelencia; profesionalismo; objetividad; imparcialidad; independencia; antigüedad; paridad de género y perspectiva de género.

El perfil de la funcionaria judicial deberá estar constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales y profesionales que permitan asegurar que, en el ejercicio de sus funciones, responderá de manera idónea a las demandas de justicia. Entre las principales características que deberá reunir la funcionaria se encuentran las siguientes:

1. Formación jurídica sólida e integral
2. Independencia y autonomía en el ejercicio de su función y defensa del estado de derecho

III. El respeto absoluto y el compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos

1. Capacidad de interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos y con perspectiva interseccional
2. Aptitud para identificar los contextos sociales en que se presentan los casos sujetos a su conocimiento
3. Conocimiento de la organización y, en su caso, manejo del despacho judicial

VII. Aptitud de servicio y compromiso social

VIII. Trayectoria de persona íntegra

El Grupo Parlamentario de Morena propuso en todo momento que este procedimiento que deriva de una reforma previa tuviera un apego irrestricto a los principios del parlamento abierto, tal y como lo marca el artículo 5, fracción vigésima novena y el capítulo II del título primero de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.

El concepto de Parlamento Abierto se ha definido como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a la información sobre las legislaturas. Pilares fundamentales que no hemos observado en estas sesiones.

Al partido de la mayoría y sus satélites les expreso lo siguiente: las acciones políticas de este grupo parlamentario de Morena no representan un show, tampoco una irresponsabilidad. A lo que sí somos intolerantes es a la imposición y a la falta de respeto y visión para construir un camino legítimo que permita que las mujeres que se han consolidado en la carrera judicial puedan acceder a un encargo tan trascendente como el de Magistrada del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Hemos perdido una gran oportunidad.

Que quede muy claro, Morena es la única oposición en esta sexagésima tercera legislatura y como tal, no podemos avalar decisiones que se toman en oficinas con vista a la Torre Eiffel.

Desde nuestra óptica crítica y desde nuestras propuestas vertidas en los espacios institucionales, pugnamos por un Poder Judicial eficiente y robusto que otorgue certeza jurídica al pueblo de Yucatán. No a los acomodos que convengan al gobernador.

Ya aprobaron las reformas a la ley del notariado, en esta sesión le rendirán protesta a su empleada más leal y lo que sigue es la versión 2.0 de la ley del notariado. ¿Qué más quieren? No tienen llenadera. Ya basta de sus imposiciones.

Por enésima vez hago uso de la máxima tribuna del estado para advertir sobre estos procedimientos irregulares. El tiempo siempre nos otorga la razón y estoy convencida, como muchas y muchos yucatecos, que este gobierno pagará todos y cada uno de los abusos que se han perpetrado al amparo del poder público.

Lo diremos una y otra vez, Yucatán no es un negocio.

No seremos cómplices de estas simulaciones e invitamos a las diferentes fuerzas políticas aquí representadas a que no se conviertan en comparsas de los caprichos del gobernador. Claro que debemos de trabajar en equipo, pero en un equipo plural, no de élites ni de cuates, articulemos propuestas para mejorar y optimizar la relación del gobernante-gobernado y que la procuración e impartición de justicia no sea una carrera de obstáculos, sino una vía rápida de acceso a la justicia.

Gracias por su atención, el grupo parlamentario de Morena no será cómplice de estos actos.