Que Yucatán de nueva cuenta sea pionero en jerarquizar robustamente la protección a la labor periodística e informativa haciendo valer y maximizando los criterios de la Corte Mexicana: Fabiola Loeza

Ostentar la representación popular, es sin duda un alto honor que nos obliga a impulsar cambios que hagan la diferencia a favor de todos los sectores sociales.

Tenemos el deber de sentar las bases de modernos y mejores sistemas normativos que prevalezcan en todos los sentidos.

Esta mañana, con toda responsabilidad, presento una iniciativa para reconocer y fortalecer la labor periodística en la entidad.

Por principio de cuentas, quiero reconocer a todas esas mujeres y hombres que se dedican al noble oficio del periodismo, particularmente a los que cubren la fuente en esta soberanía.

Se reconoce que el periodista se desempeña de forma independiente o de manera asociada y su función la realiza a través de cualquier medio de comunicación y difusión público, comunitario, privado, independiente, universitario, experimental o de cualquier otra índole.

Hoy en México, ser periodista es una labor de valientes; y su valentía radica en que luchan por la verdad en aras de ejercer la libertad de expresión y prensa. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger su trabajo.

Desde hace muchos años el actuar periodístico se encuentra garantizado a nivel constitucional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ese sustento normativo ha dado pie a múltiples resoluciones en el Estado Mexicano que obligan a las autoridades a tomar medidas legislativas contundentes.

Una de esas medidas viene del año 2007, cuando el Congreso de la Unión derogó del código penal federal los delitos en contra del honor, a fin de evitar su uso faccioso para atropellar la libertad de prensa y expresión.

Desde principios de los años dos mil se han dado pronunciamientos por organismos jurisdiccionales internacionales que abogan por garantizar una prensa libre, sin cortapisas, ni sujeta a presiones de índole penal.

Actualmente todo conflicto por notas periodísticas se ventila por la vía civil en observancia a la Ley reglamentaria del artículo 6º constitucional y el derecho de réplica.

Desde el año 2018, la CNDH emitió una recomendación a todas las entidades federativas para eliminar los delitos contra el honor; campeche, Sonora y Zacatecas solo consideran el delito de calumnia. A la fecha solo Nuevo León y Yucatán conservan los delitos de calumnia, difamación e injuria; 27 congresos ya eliminaron todos esos delitos.

Han pasado más de 16 años, y ya es necesario salir de esa omisión en la entidad. Hay que decirlo, cinco legislaturas han pasado y no se ha atendido esa exigencia del gremio periodístico; por tanto, esta LXIII legislatura debe armonizar su legislación penal y derogar tales delitos.

Es una realidad que esos tipos penales han caído en desuso y ya no tienen cabida en dentro de una sociedad donde reina la pluralidad de ideas.

Ahora bien, y a fin de proteger la labor informativa, también se propone reformar la fracción X del artículo 74 del código penal para castigar a quienes obliguen a los periodistas a romper el secreto periodístico y la revelación de sus fuentes.

Se trata de quitar obstáculos, pero además fijar parámetros razonables y objetivos para brindar mayor seguridad a la libertad de prensa en Yucatán.

En muchas ocasiones las y los periodistas de todos los medios han traído con mucha dignidad sus legítimas pretensiones; podemos empezar a cambiar el actual estado de cosas en favor de mejores condiciones para ellos y para el valioso ejercicio que a diario realizan.

Sabemos que en materia de los derechos de las personas periodísticas hay muchos temas para atender, tal como su protección, profesionalización, mejores condiciones e ingresos laborales y seguridad social.

Por tanto, aunado a la temática penal, la iniciativa propone una reforma al artículo segundo de la constitución local para reconocer como de interés público la labor periodística, así como la garantía de la libertad de expresión, de prensa y de las ideas.

Cabe señalar que este es un primer paso que deberá culminar con la creación de una ley secundaria donde todos, tanto legisladores y periodistas, en conjunto, construyamos una legislación que abarque temas esenciales para el desarrollo, fomento y protección al periodismo libre y autónomo en Yucatán.

Quienes ostentamos el mandato popular surgido de las urnas nos debemos a atender las causas más sensibles de todos los sectores. Uno de esos deberes es modernizar nuestras leyes en pro de mayor certeza y seguridad.

Hagamos que Yucatán de nueva cuenta sea pionero en jerarquizar robustamente la protección a la labor periodística e informativa haciendo valer y maximizando los criterios de la Corte Mexicana, de la Interamericana de derechos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mi apoyo y solidaridad al gremio periodístico.

Gracias por su atención, hago entrega de la iniciativa en versión física y digital. Es cuánto.