¿Qué falta para garantizar el acceso a un aborto seguro en los estados?
– Para garantizar un aborto seguro en México aún hace falta conocer la realidad del acceso, los obstáculos, los riesgos y el llamado urgente a políticas efectivas.
Ciudad de México, 08 de enero 2026.- Aunque la jurisprudencia federal ya declara inconstitucional penalizar el aborto, el derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE) aún no se traduce en acceso real y equitativo en todos los estados.[1]
Precisamente el mes pasado la SCJN (SCJN) invalidó diversas normas que criminalizaban y condicionaban la interrupción del embarazo en Tlaxcala, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con lo cual se oficializó la despenalización del aborto en la entidad. Hasta el momento no está el documento en el diario oficial, pero es una realidad.[2]
Esta es una buena noticia, declara Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativa de Telefem, pero no hay que bajar la guardia, ya que aún se requiere armonización legislativa y protocolos claros en todas las entidades.
“Son tres los pilares fundamentales para que sea efectiva una ILE en los estados, 1) infraestructura y personal capacitado, ya que falta personal médico entrenado, insumos suficientes y servicios accesibles en zonas rurales o geográficamente menos accesibles. 2) Difusión de información confiable basada en evidencia, persiste desinformación y desconocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos, incluso déficit en la educación integral de la sexualidad, laica y de calidad y procedimientos seguros o reconocer el estándar de oro. 3) Perspectiva de género y derechos humanos, es importante combatir estigma y prejuicios institucionales, sociales y culturales que obstaculizan el acceso”, detalla Rivera Núñez.
Para que la interrupción legal del embarazo (ILE) sea una realidad efectiva, y no solo un principio normativo, es necesario atender una serie de factores estructurales, educativos y sanitarios, conforme a estándares internacionales de salud y derechos reproductivos.
Por ejemplo, garantizar una educación integral de la sexualidad desde temprana edad y brindar información confiable sobre regulación de la fertilidad, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos.
La UNFPA destaca que asegurar el acceso a una amplia gama de anticonceptivos modernos y ofrecer consejería de planificación familiar contribuye a prevenir embarazos no planeados y reducir la necesidad de recurrir a abortos.[3]
En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que proporcionar información veraz y eliminar barreras normativas innecesarias es clave para prevenir abortos inseguros.[4]
Además, contar con acceso garantizado a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles, preferiblemente modernos y de larga duración, permite que las personas decidan libremente si y cuándo quieren gestar. Esto reduce la incidencia de embarazos no planeados y, por ende, la demanda de abortos inseguros.[5]
Muchas personas enfrentan desigualdades socioeconómicas, marginación, violencia, discriminación o desventajas educativas, lo que limita su acceso a servicios de salud reproductiva, para garantizar un acceso equitativo, las políticas deben considerar estas determinantes sociales de la salud y garantizar que la ILE esté disponible y sea accesible para todas, sin importar su contexto. Este enfoque está en línea con el enfoque de derechos sexuales y reproductivos impulsado desde la salud pública.[6]
“La evidencia internacional muestra que una combinación de educación integral de la sexualidad, acceso garantizado a anticonceptivos modernos, eliminación del estigma y atención a las desigualdades estructurales reduce significativamente la incidencia de abortos inseguros, protege la salud física y mental de las personas gestantes y contribuye a una sociedad más equitativa. Elementos que debe tomar en cuenta la jurisprudencia en los estados”, explica Paula Rita.
En este sentido Telefem, organización sin fines de lucro, contribuye a que la mayoría de las personas accedan a un aborto seguro, a través de un Modelo Integral de Atención, que se traduce en consejería, contacto con profesionales de la salud, seguimiento y kit con lo necesario para llevar a cabo un proceso seguro.
Para Paula Rita el uso del “Estándar de Oro”, método con mifepristona y misoprostol, avalado por OMS y COFEPRIS, con eficacia del 98% y mínima tasa de complicaciones, es una opción segura para las personas que desean llevar a cabo la interrupción del embarazo.
“Llevamos a cabo una cobertura nacional y confidencialidad, con atención remota, segura y empática, con más de 13,700 procesos exitosos y más de 27,000 consejerías. Este enfoque también está alineado con los estándares de atención recomendados por la OMS, que subrayan la importancia de servicios de salud seguros, asequibles, respetuosos, accesibles y libres de discriminación”, indica la gerente operativa de Telefem.
Garantizar el aborto seguro es un asunto de salud pública y derechos humanos, no un privilegio. Los estados requieren políticas integrales que combinen educación, acceso universal a salud, justicia social, inversión suficiente y perspectiva de género.
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[1] https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579
[3] https://aa.unfpa.org/family-planning?utm_source=chatgpt.com
[5] https://www.paho.org/en/topics/sexual-and-reproductive-health
