Qué bueno que quieran reforzar la política pública inmobiliaria pero previo a ello, hubiera sido bueno contar con mayores elementos principalmente para las autoridades de los gobiernos municipales: Fabiola Loeza

 

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, QUE MODIFICA LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN Y LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

 

La de la voz sin ser parte de la comisión dictaminadora ha seguido puntualmente las sesiones en las cuales se estudiaron y analizaron las reformas en materia catastral, asociativas e inmobiliarias a las que me referiré conjuntamente.

De lo visto, afirmo que existe una frase que describe bien el proceso legislativo que consuma hoy las reformas citadas.

El filósofo Platón dijo alguna vez: “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”

Y digo lo anterior, porque la justicia no es solo dar a cada quién lo que merece sino también debe ser la directriz que haga más certeras y completas las modificaciones que se hacen al texto de la ley.

Por principio de cuentas, las iniciativas del ejecutivo estatal NO contaron con los estudios de impacto presupuestal; con lo cual se incumple y transgrede el artículo 25 BIS de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

Ese artículo OBLIGA cuando menos a realizar una estimación por parte del ejecutivo para saber cuánto le costará a los yucatecos poner en marcha una reforma.

Tampoco existe un análisis del impacto regulatorio previsto en el artículo 60 de la Ley en la materia. Este impacto regulatorio OBLIGA al Congreso que las iniciativas que impliquen generación de costos o trámites cuenten con ese análisis, el cual deberá hecho por la autoridad de mejora regulatoria.

Apenas haces unas semanas se aprobó una reforma constitucional en materia regulatoria en donde se expresó la importancia de contar con servicios y trámites que provengan de políticas públicas apegadas a la mejora regulatoria. Con este dictamen se les olvidó ese requisito legal para fundar y motivar los dictámenes.

Ahora bien, si el exacto cumplimiento de la ley les parece poca cosa, recordemos que las comisiones y el Congreso mismo ESTÁ OBLIGADO A ABRIR A PARLAMENTO ABIERTO el estudio y análisis. Tampoco se hizo.

Las reformas en su conjunto debieron socializarse con urbanistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores del hábitat, ecologistas, autoridades del INSEJUPY, de la SAF, de seguridad vial e incluso a la FGE…

Estas reformas tocan temas trascendentales para la vida municipal, su organización, estructura y autonomía. ¿A caso no era buena idea convocar a las y los presidentes municipales para escucharlos?

¿Están enterados los Ayuntamientos y sus regidores de los grandes cambios que vienen en materia catastral o que ahora el ejecutivo estatal podrá darles lineamientos sobre cómo dirigir sus áreas catastrales?

¿Saben ya los ayuntamientos lo que va a implicar crear zonas metropolitanas con otros municipios?; me refiero a adecuaciones de servicios públicos, seguridad y demás atribuciones que competen al orden municipal y que demandarán mayores recursos.

Asimismo, vale la pena señalar que la creación del registro de asesores inmobiliarios contiene una elevada carga burocrática para que una persona física o moral pueda trabajar en ese oficio.

La expedición de esas licencias y los registros correspondientes muy probablemente generarán costos y montos… Hubiera sido bueno que alguien del gobierno viniera y explicara a cuánto ascenderá el ingreso por esas contribuciones si fuera el caso.

Me parece que se están tocando temas de libertad del trabajo y más cuando se están previendo licencias tipo A, B y C para que quienes se ganen la vida como asesores puedan trabajar.

Lo anterior, tomando en cuenta que la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional y la local del Estado en materia de profesiones establece previsiones claras para el ejercicio de actividades profesionales.

Hubiera sido bueno saber por parte de la autoridad cuántos son los casos en los que agentes inmobiliarios se encuentran implicados en hechos posiblemente delictuosos.

Así, se hubiera podido justificar la necesidad de sancionar, multar e incluso impedir que puedan dedicarse a esta actividad sino cumplen con los nuevos requisitos del INSEJUPY en el padrón que se crea.

Asimismo, considero que se debió analizar mucho si impedir el ejercicio de esta actividad inminentemente comercial no trae una violación a temas de comercio y sus actividades, siendo esto competencia exclusiva del congreso federal.

La reforma expresa que los notarios públicos, como testigos, deberán dar fe y certeza de que la persona que participa en un contrato de corte inmobiliario tenga su licencia, debiendo trasladar los datos personales de esa persona para que se verifique su calidad. ¿De verdad esto es necesario?

Tal parece que el cuidado y la certeza inmobiliaria se están convirtiendo en una carga para los ciudadanos y los fedatarios cuando debiera ser un trabajo meramente del Estado y de quienes están a cargo de la seguridad patrimonial.

En el tema de las zonas metropolitanas que acuñarán y tendrán funciones específicas entre sí mismas y la autoridad estatal genera preocupación, ya que puede estarse creando autoridades intermedias entre el municipio y el gobierno estatal y por tanto transgredirse el artículo 115 de la Constitución General que prohíbe lo anterior.

Como vemos, existen varias omisiones que la comisión dictaminadora no tomó en cuenta cuando encargó el dictamen; lo más grave es que de nueva cuenta hay violaciones a leyes y requisitos vigentes para iniciativas y mejora regulatoria.

Una vez más se hace un lado el parlamento abierto, el cual no debe ser usado solamente para asuntos a modo, sino debe ejercerse para dar legitimidad a lo que se aprueba.

Insisto, si bien las leyes deben contener parámetros novedosos, estos no pueden dejarse sin consultarse, sin enriquecerse con la voz de los ciudadanos, de las autoridades, de los expertos… ni mucho menos construirse en la inobservancia de leyes vigentes.

Qué bueno que quieran reforzar la política pública inmobiliaria pero previo a ello, hubiera sido bueno contar con mayores elementos principalmente para las autoridades de los gobiernos municipales que muchas veces apenas y tienen recursos para cumplir con lo inmediato y hoy se les dan pesadas obligaciones.

Por todo lo anterior, mi voto será en contra de las reformas a las que me he referido. Es cuánto.