Propone Ombudsman reformas legislativas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad

Mérida, Yucatán a 23 de febrero de 2017.-Al rendir su segundo Informe de actividades el Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, propuso al Congreso del Estado reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los Códigos de Familia y de Procedimientos Familiares del Estado así como contar con nuevas leyes para la regulación de alberges y para investigar y sancionar la tortura.

Ante los integrantes de la LXI Legislatura local, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)  cumplió con la obligación constitucional de informar el periodo de enero a diciembre de 2016.

Respecto al tema del feminicidio en Yucatán, Goff Ailloud pidió la implementación de un programa estatal específico para prevenir, atender y erradicar la violencia contra la mujer.

Y recordó que, hace un año en la misma tribuna donde hoy se encuentra, urgió a la Fiscalía General del Estado a tomar las medidas conducentes a fin de no dejar impunes los delitos cometidos contra las mujeres, particularmente en los feminicidios.

“Hoy, se han emitido 2 sentencias condenatorias por este delito y 4 casos más se encuentran en proceso de investigación bajo la perspectiva de este mismo tipo penal. Sin duda, la implementación y puesta en marcha de dicho protocolo, abona a garantizar a las mujeres de Yucatán un más adecuado acceso a la justicia”, precisó.

Y advirtió que “aún tenemos mucho por hacer aún para garantizarles a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, por lo que propuso se realicen mayores y mejores políticas públicas para este fin”.

En cuanto a las propuestas legislativas, el Ombudsman, dijo que con el fin de no exponer a los menores de edad a espectáculos que promuevan o difundan violencia, propone reformas correspondientes a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación de los menores  en este tipo de eventos.

Otra propuesta fue contar con una nueva ley que investigue y sancione la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes enfocada a la prevención así como de que desde la función investigadora y persecutora de los delitos se implemente y se practique el Protocolo de Estambul, con la finalidad de detectar o descartar de manera científica posibles hechos de tortura.

“Hacemos un enérgico llamado a quienes dirigen las corporaciones de policías de todo el estado, sobre la importancia de la capacitación continua de sus elementos con la finalidad de prevenir y de sancionar ejemplarmente si es preciso, cualquier práctica que signifique un trato cruel, inhumano o degradante”, remarcó.

Goff Ailloud propuso reformar los Códigos de Familia y de Procedimientos Familiares del Estado a fin de garantizar más el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de cada uno de los integrantes de la familia, en especial de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en procedimientos judiciales, haciendo éstos más eficaces en tiempo y protección.

“Proponemos también la necesidad de reformar dichos códigos familiares en lo conducente al juicio de interdicción, para poder garantizar el derecho a la igualdad ante la ley de las personas  con discapacidad”, citó.

Otra ley que consideró necesaria es una que proteja la dignidad humana y garantice la integridad de las personas que viven en albergues tanto públicos y privados.

El Presidente de la CODHEY, reconoció el trabajo de los Consejeros, la Sra. María del Pilar Larrea Peón, Miriam Jure Cejín,  Marcia Noemí Lara Ruiz y Losé Luis Sánchez González así como al personal de la institución.

Al informe Anual de Actividades asistió el Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, en representación del Gobernador, Rolando Zapata Bello; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal así como representantes de la sociedad civil  y funcionarios de diversos órdenes de gobierno.

Recordó a los asistentes que el mandato del Ombudsman no es criticar para destruir, sino señalar  para construir, para sensibilizar a las autoridades acerca de los abusos del poder o de las carencias y temas pendientes que afectan e involucran a la sociedad.

“Es importante insistir que cuando se señala una violación a derechos humanos no se descalifica la honorabilidad de ninguna institución; se señalan conductas precisas e indebidas de ciertos servidores públicos que al ser investigadas y sancionadas fortalecen el papel de la institución frente a la sociedad al evidenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”, dijo.

El Ombudsman pidió seguir trabajando en el fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policiales ya que es tan grave un abuso cometido por dichos servidores públicos como aquellas acciones u omisiones que afectan los procesos legales de los presuntos responsables de un delito, al propiciar que los mismos queden impunes y que las víctimas permanezcan violentadas y sin justicia.

“Los cuerpos de seguridad pública en nuestro estado deben ser baluarte y símbolo de profesionalismo, integridad, servicio y respeto a la ley; de ahí la importancia que las eventuales violaciones a los derechos humanos que se presenten sean oportuna y debidamente investigadas y sancionadas, a nadie conviene que se menoscabe o debilite su actuar”, remarcó.

Entre los proyectos para el 2017, dijo que se conmemorará los diez años de la promulgación de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, además se reforzarán las acciones y tareas de las dos Visitadurías indígenas, con la finalidad de acercar los servicios que presta la institución de acuerdo con las necesidades de este sector social.

Además, se intensificarán los programas de capacitación denominados “Jornadas Municipales” y conjuntamente con la CNDH las “Brigadas Indígenas”, las cuales consisten en visitas periódicas de promoción y difusión de los derechos del pueblo maya, principalmente las comunidades del sur del estado.

Propuso, retomar el diseño e implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos que presenta hoy la enorme oportunidad de convertirlo en un modelo único en todo el país, por cuando menos tres motivos: incluir los diecisiete compromisos de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU 2030; contar con un fideicomiso de reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos y con un criterio general de atención y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión estatal de Derechos Humanos.

Y recordó que este año, se ha cristalizado la implementación del “Manual para Niñas y Niños que quieren aprender derechos humanos”, que se impartirá en el quinto grado de primaria, tanto en escuelas públicas como privadas, mismo que de manera práctica a través de cuentos, fábulas y ejercicios temáticos las niñas y niños podrán reconocer e identificar sus derechos y también sus responsabilidades.

A la sociedad en General, Goff Ailloud recordó que para caminar, cada vez más, hacia una sociedad naturalmente respetuosa de los derechos humanos, debemos sí exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pero además debemos asumir nuestras propias responsabilidades que también tenemos para con los demás.

“Una de esas grandes responsabilidades es la de educar a nuestros hijos,  tarea que delegamos cada vez más. Hoy las niñas y niños están siendo educados por el Internet y no precisamente educados para la paz y la convivencia armónica”, citó.

Aprovechó la tribuna para hacer un llamado también a los padres y madres, porque la familia es la primera escuela de los valores humanos.

“Es preciso reconocer que prevenir, combatir y erradicar el fenómeno de la violencia es una tarea de toda la sociedad en su conjunto, la violencia debe ser erradicada empezando precisamente desde el ámbito familiar”, dijo.

Y pidió a la sociedad que tengan la plena certeza que, la Codhey, como institución pública defensora de los derechos humanos, buscará constituirse en un mecanismo eficaz de mejora continua del Estado y también de la propia sociedad.

“Un instrumento social que ejerza cada vez mayor influencia y persuasión en el actuar de las autoridades y en la toma de decisiones gubernamentales, una guía auténtica del pensar y del actuar público y privado también; sólo así, trabajando siempre juntos podremos aspirar a tener una mejor sociedad para nuestro Yucatán”, finalizó.