La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la discriminación y la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas es una carga histórica que ya no se debe sostener porque no se puede hablar de una democracia y un Estado de primer mundo, cuando millones de ciudadanos no tienen garantizado su acceso a la justicia.
Al ofrecer la conferencia magistral “El papel del TEPJF como institución garante de los derechos político-electorales indígenas en los Sistemas Normativos Internos”, Otálora Malassis aseveró que cada una y cada uno, desde sus distintos ámbitos de competencia, deben hacer lo necesario para que desaparezca esta carga.
“El acceso a la justicia debe ser una realidad para todos y para todas, no únicamente una mera expectativa. No podemos hablar de una democracia y de un Estado de primer mundo, cuando millones de ciudadanos no tienen garantizado ni posibilitado su acceso a la justicia en absolutamente todos los ámbitos”, afirmó la magistrada presidenta.
Al participar en el Simposio Defensa de los derechos político-electorales indígenas en los Sistemas Normativos Internos, Otálora Malassis subrayó que la democracia plena tiene que ser una democracia realmente representativa y realmente igualitaria, en la que todos y todas tengan una voz y un voto.
“Les puedo asegurar que en el Tribunal Electoral seguiremos trabajando para fortalecer y garantizar esta igualdad y esperamos que todas y todos nos acompañen también en este camino, acudiendo no solo a la Defensoría pública, sino defendiendo cada uno de sus derechos políticos”, comentó durante el evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF.
Otálora Malassis señaló que, pese a la reforma Constitucional de 2001 en la que se reconoció la composición pluricultural del país y el derecho a los pueblos y comunidades indígenas a su libre autodeterminación, muchos congresos locales, hasta la fecha, no han cumplido con esta obligación, pues no reconocen ese derecho en sus constituciones o no han emitido las legislaciones específicas que regulen su ejercicio.
De la misma manera, agregó la magistrada presidenta de la Sala Superior durante su exposición, que la legislación electoral nacional tampoco prevé mecanismos adicionales o especiales para regular el ejercicio de los derechos de las comunidades, para fortalecer su representación política o acceso a la justicia.
Ante ese vacío legal que no reconoce la situación particular de las comunidades indígenas y sus integrantes, señaló que la justicia no puede quedar ciega, sino que “las autoridades tenemos la obligación de hacerlo realidad, incluso ante la inexistencia de una normatividad específica”.
“Por ello, en el TEPJF, desde hace muchos años, pretendemos fortalecer la protección e igualdad de derechos de todas las personas, en particular de quienes pertenecen a un grupo vulnerable. Lo hacemos mediante la realización de otros proyectos y actividades específicas, así como a través de nuestras sentencias”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.
