Discurso de la Diputada Vida Gómez Herrera
Ayer, se aprobó en el Senado de la República, la reforma a la ley orgánica del poder judicial, que extingue 13 de sus 14 fideicomisos para extraer de allí más de 15 mil millones de pesos.
Morena, el partido Verde Ecologista y el PT, son los responsables de la aprobación de esta reforma votada ayer, que fue votada en la noche y en Fast Track, como se legislan las injusticias en nuestro país y también en nuestro Estado.
Con esta aprobación, el ejecutivo consumó la violación a la autonomía del único poder del Estado que representaba resistencia a los caprichos presidenciales.
Y quiero ser muy clara en esto, yo no estoy aquí para defender únicamente los fideicomisos o el dinero que representan.
Lo que quiero poner sobre la mesa, es la violación a los derechos laborales del personal del poder judicial y el enorme peligro de la invasión de la autonomía de los poderes del Estado, que significa toda esta reforma para el pueblo mexicano, invasión de poderes.
Porque, aunque los afectados directos de la injusta extinción de los fideicomisos son las personas que laboran en el poder judicial; las consecuencias de esta aprobación, tarde o temprano pasarán factura a todo el pueblo de México.
El Poder Judicial, al que el Ejecutivo busca debilitar, es la única figura al que las personas podemos acudir ante cualquier abuso de poder.
Ante las injusticias, caprichos y atropellos a nuestros derechos por parte de cualquier autoridad, la única vía de defensa que tenemos como ciudadanía, son los amparos, y vivimos en un país de amparos.
Por ejemplo, si las autoridades de salud deciden un día dejar de surtir medicamentos para la diabetes, como lo hicieron con los medicamentos para el cáncer, la única forma que le queda a quienes padecen esta enfermedad, son los amparos.
Otro ejemplo muy claro fue durante la pandemia que vivimos por el COVID-19 donde mucha gente tuvo que acudir al amparo para poder tener acceso a las vacunas que le gobierno federal debía garantizar a la población, o para recibir atención médica en los centros de salud.
No está de más mencionar que gracias al poder judicial de la federación, las personas que son parte de la comunidad LGBT+, pueden modificar su acta de nacimiento para que esté acorde a su identidad de género, y por mucho tiempo, cuando las autoridades no les permitían contraer matrimonio, fue presentado a través de amparos el ejercicio para hacer valer ese derecho.
Amparos que resuelve el poder judicial, entre sus múltiples funciones y materias de estudio en defensa de los derechos y de la justicia.
Por citar otro ejemplo de su importancia, cuando la comisión federal de electricidad intenta cobrar recibos injustos e impagables de consumo de energía, es al poder judicial a donde la ciudadanía acude para resolver esos ajustes de facturación a través de juicios mercantiles.
Por ello, si se debilita al poder judicial o se vulnera su autonomía, ya no habrá a quien acudir, cuando autoridades u organismos como la CFE actúen arbitrariamente. Cosa, por cierto, que es muy común.
Además, el poder judicial, también es la autoridad que resuelve en materia laboral. Por eso, cuando cualquier persona es despedida injustamente de su empleo o se violan sus derechos como trabajador, es el poder judicial de la federación, quien garantiza la justicia a los trabajadores a través de juicios laborales.
Estos son solo algunos ejemplos de la enorme trascendencia del poder judicial en la vida cotidiana de todas las personas. Y de ahí, la importancia de defender su autonomía.
Y ésta reforma, y la extinción de los fideicomisos, y la violación de los derechos laborales de las personas que ahí trabajan, REPRESENTAN UN ATENTADO DIRECTO al poder judicial de la federación y sobre todo, a la separación de poderes.
El ataque sistemático al único poder que sirve para ejecutar la justicia en nuestro país. Es un ataque a todas y todos los mexicanos.
Y llamemos las cosas por su nombre, la reforma al poder judicial es una represalia política hacia magistrados y magistradas, ministras y jueces.
Pero es una represalia que afecta sin razón alguna, a los mandos medios y personal operativo y administrativo. Y que pone en riesgo la protección de los derechos de toda la ciudadanía mexicana.
Y aunque la narrativa oficial es que el poder judicial es un lugar de privilegios.
Esa narrativa omite decir que se están retirando derechos adquiridos a los trabajadores que tienen menores ingresos y que son la base de este poder, pues muchos de los recursos que ingresaban a estos fideicomisos venían de aportaciones laborales que se descontaban a los trabajadores y que estaban destinados a que pudieran tener una jubilación digna en el futuro.
Mientras los partidos oficialistas, repiten que el poder judicial es un lugar de privilegios, omiten también mencionar que Barlett, modificó el reglamento de servidores público de mandos superiores de la CFE, para reducir la edad de jubilación e incrementar el monto de las pensiones de altos mandos.
¿Dónde estaban los diputados de Morena, del partido verde y del PT, cuando esos privilegios se repartían en la comisión federal de electricidad? ¿dónde está la coherencia?
Y hablando de coherencia, hoy también vemos a amplios legisladores de los partidos que integran el frente amplio por México, simulando interés en los trabajadores del poder judicial.
Vemos a su misma coordinadora nacional simulando defender al poder judicial de la federación. Pero se queda atorada en el elevador a la hora de votar.
Y si sus preocupaciones fueran reales ¿Dónde estaba Xóchitl Gálvez cuando los trabajadores del poder judicial del Estado de Yucatán necesitaron defensa contra las reformas que envío el gobernador del Estado, que hoy la postula?
¿Dónde estuvo el frente amplio cuando aquí en Yucatán el ejecutivo también reformaba la ley orgánica del poder judicial, y eliminaba los derechos adquiridos de quienes ahí laboran?
Basta recordar cómo votaron el PRI y el PAN en ese entonces, para saber cuánto les importaban los trabajadores y el poder judicial.
Porque recordemos que lo que ahora está pasando a nivel nacional, también pasó aquí el año pasado en Yucatán.
Y la mayoría que integra esta legislatura, aprobaron sin miramientos aquellas afectaciones, aprobaron el número para incrementar magistrados y magistradas, a pesar de que la ciudadanía dijimos y les advertimos que no se requerían más magistrados, si no más juzgados.
En Yucatán, el año pasado, el ejecutivo y la mayoría de este Poder Legislativo, votaron también en fast track, las reformas al poder judicial del estado.
Movimiento Ciudadano se opuso frontalmente a aquellas reformas estatales y en estricta congruencia, hoy también nos oponemos a las reformas que eliminan los fideicomisos y que afectan de manera directa a la base trabajadora del poder judicial de la federación.
La bancada naranja del Senado, de la Cámara de Diputados y de todos los Congresos Locales, estamos para respaldar y para defender a todas las personas trabajadoras que son las que mantienen a este país de pie. Y esto también va para las personas trabajadoras del Gobierno Estatal.
Movimiento Ciudadano presentó contrapropuestas a la iniciativa que elimina los fideicomisos.
Propuso quitarle la administración de los fideicomisos al consejo de la judicatura y que fuera la cámara de diputados quien nombrara al responsable de la comisión de administración. Propuso dividir al consejo de la judicatura y a la corte. Propuso mecanismos de mayor vigilancia a los fideicomisos, en lugar de extinguirlos.
Esas propuestas no fueron discutidas por los partidos de mayoría que votan por instrucción.
Por eso, hoy me dirijo a la ciudadanía de Yucatán, no podemos ser indiferentes ante la reforma que se votó ayer en el senado de la república porque esta reforma no afecta únicamente a los trabajadores del poder judicial.
Y me dirijo también a oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, intendentes y oficiales de seguridad, secretarias o secretarios de juzgado, directores de áreas, actuarias y actuarios, defensores y defensoras públicos, asesoras y asesores jurídicos que atienden a la población, para reiterarles que Movimiento Ciudadano defenderá y acompañará a las personas que sean afectadas por esta reforma, llevando el caso a las instancias que sean necesarias para defender la constitucionalidad, el respeto a la autonomía del poder judicial y los derechos de las y los trabajadores.
Solo se puede poner a México en movimiento si respetamos a la clase trabajadora en del País. Es cuánto.
