MANIFIESTO POR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD EN YUCATÁN
A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Mérida, Yucatán, Octubre de 2026
Presidenta:
Me dirijo a usted como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, desde una convicción que debe trascender diferencias partidistas, cuando están en riesgo la salud, la dignidad y la vida, los derechos humanos deben estar por encima de cualquier diferendo político.
Yucatán enfrenta una situación que exige la atención del Estado mexicano.
No afirmamos irresponsablemente que exista una crisis humanitaria generalizada. Advertimos algo distinto: existen elementos objetivos de una crisis de efectividad del derecho humano a la salud que, de persistir o agravarse, podrían derivar en una crisis humanitaria en materia de salud para determinados grupos y comunidades.
I. UNA CRISIS DE EFECTIVIDAD
Los artículos 1º y 4º de nuestra Constitución obligan al Estado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y reconocen el derecho a la protección de la salud.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce, además, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece cuatro parámetros para evaluar su cumplimiento: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Por ello, no basta construir hospitales. Debe haber médicos, especialistas, medicamentos, insumos, equipamiento y atención oportuna.
La infraestructura sanitaria no equivale, por sí misma, a la garantía efectiva del derecho a la salud.
II. LOS DATOS OBLIGAN A ACTUAR
CONEVAL documentó que en 2022 35.1% de la población de Yucatán presentaba carencia por acceso a servicios de salud y que entre 2018 y 2022 este indicador aumentó aproximadamente 21 puntos porcentuales.
En salud mental, INEGI reportó que durante 2025 Yucatán registró 13.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, frente a 6.7 a nivel nacional: prácticamente el doble y la segunda tasa más elevada del país.
A ello se agregan denuncias públicas sobre dificultades para acceder a medicamentos, insumos, especialistas y atención oportuna.
El nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán representa una inversión necesaria, pero ninguna obra puede convertirse por sí misma en la medida del cumplimiento de un derecho humano.
Los derechos no se inauguran. Los derechos se garantizan.
III. LA DESIGUALDAD TERRITORIAL TAMBIÉN VULNERA DERECHOS
La situación adquiere particular gravedad fuera de Mérida.
La falta de médicos, medicamentos, ambulancias o capacidad resolutiva puede transformar una enfermedad tratable en una crisis y una crisis en una tragedia.
Esto resulta especialmente relevante para las comunidades rurales y la población maya.
El derecho a la salud no puede depender del municipio, del código postal ni de la capacidad económica de una familia.
Cuando una persona debe comprar el medicamento que el sistema público no proporciona existe una barrera económica; cuando debe recorrer grandes distancias para recibir atención existe una barrera territorial.
Cuando esas barreras afectan sistemáticamente a quienes tienen menos recursos, el problema deja de ser solamente administrativo y adquiere una dimensión de desigualdad y derechos humanos.
IV. PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR
Presidenta:
Una crisis humanitaria en materia de salud puede desarrollarse progresivamente cuando convergen desabasto persistente, insuficiencia de personal, interrupción de tratamientos, barreras territoriales, saturación hospitalaria y muertes que pudieron prevenirse mediante atención adecuada y oportuna.
La obligación del Estado no consiste únicamente en reparar violaciones después de que ocurren.
También debe prevenirlas.
No debemos esperar consecuencias irreversibles para preguntarnos si pudimos actuar antes.
V. UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO
No planteamos este problema como una disputa entre Federación y Estado.
Las competencias administrativas pueden dividirse. El derecho humano a la salud no.
Al paciente no le corresponde determinar qué autoridad debía comprar el medicamento, contratar al especialista o disponer una ambulancia. A las instituciones les corresponde coordinarse; a las personas, recibir atención.
Por ello, respetuosamente solicitamos que el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Yucatán y las instituciones competentes, realice una evaluación extraordinaria e integral sobre la efectividad del derecho humano a la salud en Yucatán, conforme a los parámetros de Naciones Unidas, que permita conocer:
* el abasto efectivo de medicamentos y recetas surtidas completamente;
* la disponibilidad real de médicos, especialistas y personal de enfermería;
* los tiempos de espera para consultas, estudios, cirugías y tratamientos;
* la disponibilidad y tiempos de respuesta de ambulancias;
* las condiciones de atención en municipios, comisarías y comunidades rurales;
* la situación de la población maya y demás grupos en condiciones de vulnerabilidad; y
* la mortalidad prevenible y tratable asociada a deficiencias de atención.
VI. UN ACUERDO POR ENCIMA DE LOS PARTIDOS
Presidenta:
No le pedimos que coincida políticamente con nosotros.
Le proponemos coincidir en algo elemental:
ningún yucateco debería perder la salud o la vida porque faltó un medicamento, un médico, una ambulancia o una atención que pudo llegar a tiempo.
Desde el PRI Yucatán estamos dispuestos a contribuir a un acuerdo institucional que coloque en el centro a los pacientes, abra los datos, evalúe objetivamente el sistema y corrija inmediatamente aquello que no esté funcionando.
No buscamos administrar políticamente una crisis.
Buscamos evitar que la crisis de efectividad del derecho a la salud se convierta en una crisis humanitaria en materia de salud.
Todavía estamos a tiempo.
Yucatán necesita respuestas antes que explicaciones.
Coordinación antes que deslindes.
Prevención antes que consecuencias irreparables.
La salud no es una concesión del poder público.
Es un derecho humano y garantizarlo es una obligación del Estado.
Atentamente,
DIP. GASPAR QUINTAL PARRA
Presidente del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán
