Posicionamiento en tribuna de la diputada Kathia Bolio, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), con respecto al análisis de la Glosa del VI Informe de Gobierno.
Muy buenas tardes Compañeros Diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña.
El día de ayer comparecieron ante esta soberanía los Secretarios encargados de Desarrollo Social, Desarrollo Rural así como, el director del Instituto de Vivienda, por motivos que desconozco se disculpó el Srio. de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, fueron escasos los días para que los Diputados pudiéramos revisar la Glosa del Sexto Informe del Lic. Rolando Zapata Bello
Lamento que gran parte de mis preguntas no hayan sido respondidas: Búsquelo en el portal de transparencia, ahí se encuentra; no cuento con la información; no tengo el dato; o se lo haremos llegar a su correo. Cabe reconocer los aciertos en la administración estatal 2012-2018 como fue manifestado por parte de los Diputados del PAN en la sesión anterior como la Seguridad Pública en nuestro Yucatán y el desarrollo en su infraestructura y servicios; en su educación, la ciencia y tecnología, pero con desagrado puedo decirles a los yucatecos que los rubros más humanos y sensibles están reprobados, la política social deja mucho que desear, derivado del sexto informe no pude discernir entre la dádiva asistencialista y el verdadero desarrollo social con inclusión sustantiva para los grupos que se encuentra con doble o triple factor de vulnerabilidad, de 2014 a 2017 el CONEVAL NO señala una disminución de la pobreza y pobreza extrema en nuestra entidad, quienes estamos aquí presentes en calidad hoy de representantes populares y nos asumimos como empleados de los ciudadanos, no podemos ser omisos ante la situación de nuestros mandantes, los que conocemos Yucatán y principalmente el interior del estado sabemos sin filias partidistas la realidad de cada yucateco que vive en los municipios más apartados, comisarias o comunidades donde las inclemencias del tiempo y la falta de oportunidades se cuela por sus ralos techos de paja o laminas de cartón desgastadas.
En las comparecencias del día de ayer NO se obtuvo por parte de los representantes del titular del poder ejecutivo en el tema respectivo a: Desarrollo Social, Rural y Vivienda, y el ausente de SEDUMA, una sola respuesta fundada en datos actuales sobre el estado que guarda la administración pública estatal desde septiembre del año pasado.
Pareciera que los ciudadanos secretarios, estaban más ocupados en mostrar gráficas, fotografías y videos (que por cierto hemos visto en informes previos) donde aparecían ellos con el gobernador del estado, dando algún programa asistencialista “a las personas más necesitadas del estado”.
A pregunta expresa bajo qué criterios de medición o parámetros se otorgan los programas sociales, la respuesta de los señores secretarios fue: bajo las mediciones de pobreza, sin que citaran algún organismo o institución.
Entrando al análisis de las tres áreas de la administración pública que compone este apartado de la glosa, podemos decir que en el rubro de Vivienda se anuncia con grandes cifras, las palabras “ACCIONES DE VIVIENDA”, como si se trataran de casas completas funcionales y con espacios suficientes, para disfrutar de una vida digna tal como lo establece el Artículo 4to. de nuestra constitución federal, Me llamó la atención el rubro denominado “Crédito SOCIAL” el sexto informe señala una inversión de 53 millones de pesos divididos en 2,900 créditos otorgados, en su mayoría a mujeres microempresarias en condición de pobreza, “dicen”, el informe narra que se debe otorgar en condiciones preferenciales, y tampoco me pudieron explicar cuáles son estas preferencias; para devolver los créditos se establece en un plazo no mayor a 36 meses, tampoco pudo explicarme en esta materia el Secretario de Desarrollo Social, que porcentaje de los 53 millones había sido devuelto por los beneficiados, al mismo tiempo no pudo responderme el señor Walter Cano Salazar si estos 53 millones corresponden al ejercicio revisado o son del sexenio, tampoco pudo con la pregunta del número de beneficiados del año evaluado aludiendo a que había sido año electoral y que hubo veda de los programas, entonces me dejó con la suspicacia de conocer si los 53 millones solo se dieron de septiembre a marzo o finalmente qué se hizo del recurso. No podemos aceptar los yucatecos esas respuestas a los cuestionamientos de beneficiados en los Programas de Desarrollo Social, alegando que se dieron a las personas que dice la Constitución Federal.
Ya no supimos si las famosas estufas ecológicas se consideran parte de las acciones de vivienda o si son un programa de desarrollo social, ya que la información al respecto nos la presentaron en VIVIENDA y SEDESOL. Prende focos rojos el alto costo de adquisición de las estufas ecológicas cuyo monto reportado fue de 3,500 pesos por unidad, cuando sabemos que en el mercado se cotizan hasta en 1,400 pesos, en el mes de junio declararon que hasta ese momento se habían entregado más de 60 mil estufas ecológicas, declaración que podemos encontrar todavía en la página oficial del gobierno del estado, dicha declaración no coincide con el monto total que nos presentan en el sexto informe, ya que nos señalan que fueron 50,138 estufas entregadas durante toda la administración, por lo que existe un faltante de más de 10 mil estufas con un valor de más de 35 millones de pesos a precio de compra por el gobierno del estado.
Sin embargo, estas acciones que llevaron a cabo durante esta administración, no pueden considerarse como erradicadoras de la pobreza, la marginación, el hacinamiento y la falta de infraestructura para llevar una vida plena por parte de los yucatecos que requieren de esas atenciones y que se merecen políticas públicas bien instrumentadas, pensadas en cómo dar el mayor de los beneficios a los receptores de dichas acciones.
Los programas de esta administración englobados en la Estrategia de Inclusión Social “MEJORAR”, se dispersaron en diferentes rubros, tales como, construcción de habitaciones, techos, pisos firmes, baños (cabe recalcar que una parte significativa de esas acciones solo eran para combatir el fecalismo al aire libre, pero no consideraron un espacio para la higiene personal, como lo son las duchas) y casas completas de 46 metros cuadrados, ya que a decir del director del Instituto de vivienda, son los metros necesarios y suficientes con los que debe contar una vivienda de interés social, mismos que son insuficientes para el adecuado desarrollo de una familia completa de más de 3 miembros.
Así mismo, la dispersión de estas acciones no contemplaron que una sola persona que se encontraba en pobreza extrema, podría carecer de varios de esos componentes de una vivienda, por el contrario se jactan de decir que se realizaron más de 19,000 pisos firmes, pero nada dicen acerca de si las personas que carecían de pisos, ¿No carecían acaso de techos o baños para cubrir sus necesidades, que se hizo con las personas que se encentran en pobreza multidimensional por la falta de varios satisfactores?.
Pero no todo es negativo de las comparecencias, del día de ayer, vale la pena resaltar y reconocer el programa de Vivienda a personas con discapacidad, a efecto de lograr la plena inclusión de este grupo vulnerable y con ello contribuir al pleno reconocimiento de sus derechos. Estas si son acciones dirigidas a un sector de la sociedad al cual todos, políticos y ciudadanos les debemos JUSTICIA SOCIAL.
Por otra parte, al cuestionar sobre la información contenida en el texto del informe en el rubro de EQUIDAD DE GENERO, respecto a las cantidades ejercidas, impacto en la población y en que medios de comunicación se promocionaron las campañas para la prevención de violencia de género, nos respondió con ambages que: “Yucatán es el único estado que tiene Comités contra la discriminación y un observatorio contra la violencia a la mujer y que derivado de ello era un orgullo que no se hubiera decretado la alerta de género, peticionada por la sociedad yucateca”. Quede consternada por la respuesta del secretario de desarrollo social, como puede sentirse orgulloso de no decretar la alerta que privo de la vida a decenas de mujeres.
Una alerta de genero son medidas emergentes para proteger la vida y la integridad de las mujeres yucatecas, como Diputada Federal desde el 2016 solicité con todo respeto para nuestro gobernador la alerta de género en el estado, unos días después vino el feminicidio de Ema Gabriela, consternando a hombres y mujeres de nuestra sociedad yucateca, posteriormente muchas más mujeres yucatecas no han encontrado justicia y han sido víctimas de feminicidios, pudiendo esto haberse evitado con acciones de gobierno de la actual administración.
Resulta por demás cuestionable que este gobierno ante la creciente violencia contra las mujeres de este estado se haya quedado postrado por su incapacidad para afrontar esta situación, que sin duda está y seguirá escalándose en contra de nuestras mujeres, hasta en tanto no se tomen las riendas en el asunto y se tenga una verdadera vocación para velar por los derechos y libertades de las niñas y mujeres yucatecas. 600 millones de pesos fueron destinados por el gobierno para playeras, imanes, bolsas ecológicas, como acciones con las que pretendieron erradicar la violencia de género en el Estado.
Yucatán ocupa a nivel nacional el séptimo lugar de violencia intrafamiliar y quinto en violencia sexual contra nuestros niños y niñas.
En este sentido y abordando el rubro de desarrollo urbano y medio ambiente, primero señalar que no asistió el secretario del ramo, lo cual es preocupante ya que no se entiende que otras actividades estuviera realizando, en vez de rendir cuentas ante esta soberanía de manera puntual como lo exige la constitución.
Pero eso no es lo importante, lo importante o preocupante fue la respuesta que se dio a pregunta expresa sobre las autorizaciones de dicha secretaria, para la construcción y operación de una granja porcícola de hasta 49,000 mil cerdos sobre los territorios de la Reserva Estatal del anillo de cenotes, considerada contradictoriamente por esta administración como una zona natural protegida y en la cual se buscaba fomentar el uso racional de las aguas subterráneas por ser la fuente principal de abastecimiento de agua para consumo humano de nuestro estado, así mismo, por la importancia y usos y costumbres de la población indígena así como el turismo sustentable tal y como lo establece la parte considerativa del Decreto número 117 de fecha 28 de Octubre de 2013 en el cual se declaró zona natural protegida a dicho anillo. Ya que nada se dijo de las irregularidades en el proceso de entrega de los permisos y evaluaciones de impacto ambiental que dicho sea de paso fue elaborada por una dentista y no un perito en la materia ambiental como lo exigen las leyes federales y generales de protección al ambiente.
Para concluir esta intervención, no me queda más que decir por el momento, pues no se nos dio mayores herramientas e información que nos permitiera conocer a cabalidad el verdadero estado que guarda la administración, ya que los ciudadanos secretarios que comparecieron ante esta soberanía estaban más preocupados por no rebasar los 15 minutos que se les dio para rendir sus informes.
El premio nobel de la paz, Kofi Annan, dijo que “La información es liberadora”. Siendo esta la gran ausente en la glosa del Sexto Informe de Gobierno.
Es cuanto, Gracias.
