La Fracción Legislativa del PRI considera imprescindible plantear el paradigma del derecho a la ciudad que permita potencializar los recursos humanos y naturales en forma sostenible y sustentable: Gaspar Quintal

1. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN

P R E S E N T E

 

Los suscritos Diputados Gaspar Armando Quintal Parra, Karla Reyna Franco Blanco y Fabiola Loeza Novelo, integrantes de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 35 fracción I de la Constitución Política; 16 y 22 fracción VI de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo ambos del Estado de Yucatán; sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto para reconocer el derecho humano a la ciudad en la Constitución Política del Estado de Yucatán; en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las ciudades se conforman por habitantes como la sustancia que brinda impulso al desarrollo de una región donde conviven diferentes actores sociales, y son precisamente los habitantes quienes definen con acciones presentes, las condiciones de vida de las generaciones futuras.

La Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional considera imprescindible plantear el paradigma del derecho a la ciudad que permita potencializar los recursos humanos y naturales en forma sostenible y sustentable; que provea de un entorno debidamente planificado, ordenado y con espacios accesibles y seguros para que todas y todos los habitantes alcancen altos niveles de bienestar, armonía y paz social; dentro una gestión democrática y un sistema de gobernanza que anteponga el interés común.

De esta manera, en un trabajo colaborativo, de análisis y discusión con quienes integran la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C de Mérida integrada desde el año 2006 por 383 personas afiliadas, y contando con el aval de la representación de esta asociación a nivel nacional, hemos coincidido en que deben atenderse los problemas de las ciudades de Yucatán relacionados con su crecimiento, los asentamientos urbanos, la necesidad de garantizar bienes y servicios públicos, la certeza en la adquisición de la propiedad privada; y sobre todo, continuar generando las condiciones que posicionan a nuestra entidad con los altos índices de seguridad que nos han caracterizado.

Asimismo, y con la visión compartida basada en la solidaridad, la confianza, y el trabajo de equipo, en un ejercicio de parlamento abierto, proponemos el reconocimiento del derecho a la ciudad en la Constitución local, como un derecho que bajo un nuevo paradigma, permita garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática, el aseguramiento de la propiedad, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos y la prestación de servicios públicos considerando la participación ciudadana.

En Yucatán, la conformación de los núcleos poblacionales tienen las categorías de ciudades, villas, pueblos, comisarías y subcomisarias debido al grado de concentración demográfica, infraestructura y equipamiento urbano conforme lo señala la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán; pero que indistintamente, reflejan los elementos de Estado – población, gobierno y un espacio territorial-, con problemas y condiciones particulares, regionales y otros, que a nivel estado son comunes, pero también con aquellas potencialidades que derivado de su vocación pueden permitir que cada persona y comunidad vivan con dignidad.

Un derecho que deberá reflejarse en cada Plan Municipal y Estatal de Desarrollo, considerando que día a día se actualizan modos y formas de vida, debido a los procesos de migración y la diversidad cultural que convive con nuestra cultura maya y mestiza. Es un principio rector para definir rutas de trabajo desde el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, para que año con año las políticas públicas y lo concerniente a los ingresos públicos encuentren justificación en acciones que procuren solventar problemas y entregar resultados positivos como las vialidades, la accesibilidad, así como la gestión de los centros urbanos y asentamientos humanos.

El reconocimiento de este derecho, establecerá una visión integral para permitir la igualdad y no discriminación en cada espacio público de los 106 municipios; así como definir cuáles son los requerimientos y áreas de oportunidad para el mejoramiento de la convivencia y las condiciones de vida. Representa pensar en un derecho a la vida urbana que se renueva y requiere ser garantizado con igualdad y no discriminación.

Para el Poder Legislativo implicará la actualización de la legislación correspondiente a los asentamientos humanos, planeación, ordenamiento territorial y crecimiento urbano escuchando e integrando a esta labor a los 106 ayuntamientos, quienes deberán participar dentro del proceso legislativo, y teniendo como base un diagnóstico jurídico- social que entienda los problemas y condiciones de vida contrastando el marco reglamentario vigente.

Para la ciudadanía significa que progresivamente se generen las condiciones que les posibiliten vivir con equidad, inclusión, racionalidad, certeza de la propiedad, participación democrática, protección y progresividad de los espacios públicos, productividad, eficiencia, transparencia, sustentabilidad ambiental, sostenibilidad, seguridad urbana y gestión de riesgos, accesibilidad urbana y resiliencia.

Esta es una iniciativa que invita a diputadas y diputados de las diversas Fracciones y Representaciones que integran este H. Congreso a sumar con la pluralidad de visiones, para definir el derecho a la vida urbana en nuestra entidad.

Coincidimos en que es imprescindible que se definan las directrices que permitan planear el crecimiento urbano de nuestras ciudades, reorganizar los asentamientos urbanos, producir, operar y gobernar nuestras comunidades procurando integrar a la    ciudadanía mediante mecanismos efectivos de participación ciudadana en el quehacer de los poderes públicos; y con una visión de futuro, superar las consecuencias que nos ha dejado la pandemia del Covid-19.

Reconocemos que en la ciudad de Mérida y en cada uno de los municipios convergen actividades de intercambio y se llevan a cabo una diversidad de actividades económicas, sociales y políticas; se concentran importantes actividades de producción, servicio, distribución y formación relaciones sociales y económicas; en ellas, se producen nuevas identidades locales y regionales, modos de vida cotidiana; y en lo general, se define un futuro en común sin necesariamente ser conscientes de ello.

Los asentamientos y desarrollos urbanos han adquirido gran importancia, pues representan el elemento de libertad, espacios públicos y privados definen diversas formas de vida y exigen que el ordenamiento de una ciudad sea regulado brindando certeza al derecho de propiedad conforme a los requerimientos de bienes y servicios públicos.

El derecho a la ciudad debe concebirse como un instrumento capaz de promover y garantizar el derecho de todas y todos en sus múltiples dimensiones y componentes – gestión democrática, ejercicio pleno de la ciudadanía, igualdad y no discriminación, protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, compromiso social del sector privado, impulso de la economía solidaria y políticas progresivas-, que a su vez, permiten garantizar otros derechos humanos; pero sobre todo, reconoce que deben ser exigibles mediante procedimientos legales eficaces.

En Europa y en países como Brasil, se han generado instrumentos jurídicos que buscan normar los derechos humanos en el contexto del Estado, como ejemplos citamos la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, El Estatuto de la Ciudad de Brasil y la Carta de Montreal-, a nivel nacional, Ciudad de México y Estado de México reconocen el derecho a la ciudad en sus constituciones mediante los cuales  configuran el derecho a ciudad a través del cual se construyen ciudades democráticas, incluyentes, educadoras, habitables, sustentables, productivas y seguras.

En el contexto de Yucatán, observamos que prevalece una desigualdad en visiones y brechas sociales cada vez más claras y lejanas, la gobernanza exige una clara definición del futuro inmediato y que se atiendan problemas globales con soluciones integrales que encaminen a un bienestar social.

Bajo este paradigma de ciudad, nuestra cultura maya debe prevalecer por su autenticidad, y la modernidad debe poder garantizarla al pasar los años con políticas que fomenten el orgullo, la dignidad y su desarrollo, sobre todo, ante la vulnerabilidad que por su situación económica, migratoria, o condiciones de vida son más susceptibles de ser discriminados y excluidos en el ámbito económico, social, territorial, cultural y político.

En tal virtud, proponemos pensar en un modelo de ciudad, a partir de la realidad actual y de un análisis histórico, sociológico y económico realizado bajo los esquemas de sustentabilidad, respeto a los derechos humanos, legitimidad mediante la participación ciudadana, y con el fin de potencializar los recursos humanos y naturales que permitan alcanzar altos niveles de bienestar humano.

Consideramos imprescindible que para la recuperación ante el Covid-19 y preparar a Yucatán para el Futuro, deben atenderse los problemas sociales, económicos y ambientales en forma integral y con la visión de construir una ciudad más inclusiva, segura, resiliente y sostenible, para lo cual proponemos:

Establecer un modelo de ciudad sustentable que refleje en su imagen, estructura, historia, un ordenamiento urbano producto de la planeación realizada por los grupos sociales que habitan la ciudad.

Plantear esquemas de comunidades con economía y desarrollo propios que garanticen un futuro sustentable para las generaciones futuras.

Aportar un análisis sobre los mecanismos actuales para garantizar los derechos humanos de los pobladores de las ciudades y comunidades de la entidad, con una perspectiva basada en el respeto, protección, garantía de sus derechos humanos, y en todo caso, la reparación del daño causado.

En la Nueva Agenda Urbana elaborada por ONU HABITAT[1] se establece en el punto 11 como ideal común, la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la inclusión, así como garantizar que todos los habitantes, sin discriminación alguna, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos, siendo el presente ideal denominado como “Derecho a la Ciudad”.

Es así que se propone que desde la Constitución Política del Estado se construya una ciudad basada en derechos, enfocada en planear el crecimiento de nuestras ciudades para que reflejen la diversidad cultural, se mantengan los altos índices de seguridad y paz, se potencialice el uso de los recursos naturales, proteja al ambiente y los derechos humanos sean para todos y de todos.

Es tiempo de hacer posible que Yucatán incorpore la obligación del Estado para ampliar e impulsar acciones enfocadas a eliminar las fronteras entre los que más y los que menos tienen dentro de cada comunidad.

Con esta reforma, se tendrían las bases para romper las barreras de las diferencias y desigualdades provenientes de la infraestructura en nuestra tierra y planificar un crecimiento sostenible y sustentable, bajo el mandato constitucional de los derechos humanos.

Por lo anterior, se propone reconocer el derecho humano a la ciudad en la Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar en los siguientes términos:

DECRETO

Se adicionan dos últimos párrafos al artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de derecho humano a la ciudad para quedar como sigue:

 

Artículo 2.- …

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…

…

El derecho a la ciudad permite garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos y la prestación de servicios públicos considerando la participación de la ciudadanía.

El Estado garantizará el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación ciudadana, igualdad, sustentabilidad, sostenibilidad, respeto a la diversidad en todas sus formas de expresión, a la naturaleza y al ambiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. –  En cumplimiento del artículo 108 de la Constitución Política del Estado envíese a los 106 ayuntamientos, para los fines legales correspondientes.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en lo que se opongan a lo establecido en este decreto.

Protesto lo necesario en la ciudad de Mérida, Yucatán a los 15 días del mes de diciembre del año 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN LEGISLATIVA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA.

DIP. GASPAR ARMANDO QUINTAL PARRA

DIP. KARLA REYNA FRANCO BLANCO.

DIP. FABIOLA LOEZA NOVELO.

[1] Nueva Agenda Urbana, 2017, Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el veinte de octubre de 2016.  http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf