Política

El derecho a un buen gobierno pertenece a la ciudadanía, no a quien gobierna: Larissa Acosta Escalante

– La propuesta de Movimiento Ciudadano, busca que aspirantes a titulares de dependencias comprueben su idoneidad antes de asumir el cargo.

Mérida, Yucatán a 30 de septiembre de 2026.- Al advertir que la administración pública en Yucatán y el país se encuentra atrapada en una lógica de «captura de puestos, supuestos y presupuestos», la representante ciudadana Larissa Acosta Escalante, presentó la iniciativa “Por el Derecho a un Buen Gobierno”, una reforma histórica que establece que la calidad en el servicio público no es un privilegio político, sino un derecho ciudadano.

Durante su posicionamiento, la legisladora señaló que los espacios de la función pública han sido tratados históricamente como un patrimonio político y un botín de partidos, donde la amenaza de despido deja a la obediencia por encima de la eficiencia profesional.

“Cuando el Estado busca contener la corrupción, lo único que hace es castigar al culpable o buscar la reparación del daño, pero no existe una visión de prever un buen servicio público. Hoy, para ocupar cargos que deciden sobre la vida de más de dos millones y medio de personas, no existe un verdadero examen público que compruebe si la persona sabe hacer el trabajo”, advirtió.

La propuesta no busca que el Congreso elija al gabinete, ya que dicha facultad se mantendrá en el Poder Ejecutivo, sino que introduce filtros estrictos de profesionalización y transparencia divididos en dos grandes momentos como el revisar la capacidad antes de entregar el cargo, es decir, quienes aspiren a encabezar una secretaría, dependencia u organismo público primero deberán acreditar su idoneidad a través de un proceso técnico y público que contemple:

  • Experiencia comprobable.
  • Preparación profesional afín al cargo.
  • Comparecencias públicas
  • Evaluación técnica transparente (bajo estándares internacionales similares a los recomendados por la OCDE para sistemas de Alta Dirección Pública).

Larissa Acosta enfatizó que esto abrirá la puerta no solo a la confianza política, sino al talento de la academia, la sociedad civil y activistas con años de trayectoria.

En una segunda etapa, cada titular deberá presentar una “Carta de Mandato”, es decir un documento público con planeación, metas claras y un sistema de métricas integrado a un rastreador público para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda vigilar los avances en tiempo real.

La diputada ciudadana puntualizó que la mala elección de perfiles, sin importar el partido o sexenio, tiene un costo directo que no pagan los funcionarios, sino la ciudadanía.

“Las malas decisiones van a cuenta del erario y lo paga la ciudadanía, ya que hay familias que abren la llave en Ciudad Caucel y no encuentran presión de agua. Mujeres que enfrentan la disminución de presupuestos protectores contra la violencia patriarcal. Ciudadanía que espera meses por respuestas institucionales que nunca llegan”, ejemplificó.

La iniciativa presentada, también contempla dignificar la labor de las y los servidores públicos de base mediante la construcción de un servicio profesional de carrera, garantizando que el mérito y el conocimiento interno prevalezcan frente al amiguismo político, blindando a las instituciones por encima de los cambios de administración.

Larissa Acosta concluyó reconociendo que este esfuerzo legislativo emana de las exigencias cotidianas de colectivas y activistas como Adelaida Salas Salazar y David Rivera Domínguez, quienes todos los días resuelven en campo los vacíos de la omisión gubernamental.