El cierre del Centro Comercial Popular, fracaso rotundo de administraciones panistas.
En vez de presentarse para dialogar, el alcalde Mauricio Vila Dosal manda a la fuerza pública en su lugar como medida de represión
Mérida, Yuc., 13 de abril. El cierre del Centro Comercial Popular es un claro ejemplo de que el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico ha sido un millonario derroche de recursos públicos y un total fracaso de la pasada administración municipal de Renán Barrera Concha y de los casi dos años que han transcurrido del actual gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal.
«Lo he señalado desde el inicio de esta administración y hoy lo reafirmo, que el gobierno municipal que encabeza Mauricio Vila Dosal nunca ha tenido un plan o proyecto para el ordenamiento del comercio informal y que le ha costado a los meridanos más de siete millones de pesos que han beneficiado únicamente al propietario del inmueble sin importar la suerte de decenas de familias que se dedican a esa actividad y que todos los días intentan ganarse el sustento familiar», manifestó el regidor priista Alfonso Seguí Isaac.
Agregó que este fracaso también es consecuencia de las ocurrencias de la pasada administración municipal de Renán Barrera Concha, quien benefició a los amigos y heredó el problema a Vila Dosal, quien no le importó dar seguimiento.
Como integrante de la Comisión de Mercados, el edil priista abundo que el año pasado propuso una serie de acciones para reactivar el Centro Comercial Popular, tales como instalar tiendas ancla, módulos de la Comisión Federal de Electricidad, una Ventanilla Única del Ayuntamiento, publicidad en medios de comunicación y la apertura del CENDI que se encuentra al final del recinto, esto con el fin de fomentar la visita de más personas.
“Junto con mis compañeros regidores José Francisco Rivero Mendoza y Rudy Airán Pacheco Aguilar, realizamos varias visitas y reuniones con los locatarios y lo único que pedían era publicidad y tiendas ancla para tener flujo de personas, no el cierre de su fuente de trabajo” puntualizó.
«Le exigimos al alcalde cuentas claras de los siete millones de pesos tirados a la bolsa de un particular así como acciones legales inmediatas por el derroche y mal uso de recursos públicos de los meridanos, pero sobre todo una solución a las decenas de familias que se han quedado sin su fuente de trabajo y que han sido tratados con total desprecio y sin escucharlos en una clara muestra de ser un gobierno insensible y que no escucha las necesidades de la ciudadanía. Seguramente van a querer reubicar a los vendedores en el segundo piso del mercado San Benito, que es otro proyecto fallido de administraciones panistas”.
El edil priista también lamentó la presencia de la policía municipal para impedir la entrada de los locatarios establecidos en el Centro Comercial Popular, porque en vez de privilegiar el diálogo para llegar a un acuerdo, Vila Dosal prefirió la presencia de la fuerza pública como medida de represión y de violación a los derechos de los vendedores.
