Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público que nos acompaña a través de las diferentes redes sociales.
A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, una frase que todos hemos oído pero lamentable a muchos nunca les ha quedado claro, hablar de violencia de género es hacer visible la máxima expresión de desigualdad entre mujeres y hombres. Es un fenómeno que se produce en todas las clases sociales, edades y grupos étnicos.
A casi dos años que tomo posición el Gobierno Federal, uno de sus grandes pendientes, es la seguridad, igualdad y equidad de género pues las agresiones hacia la mujer siguen en aumento, teniendo como reportes oficiales en los primeros siete meses del año, la muerte de 2,240 mujeres, ósea 10 por día, a este ritmo el 2020 se convertirá en el año más letal para nosotras.
La Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia, organización no gubernamental, criticó que ninguna de las instancias responsables de garantizar los derechos de las mexicanas en la administración de López Obrador ha propuesto un programa o plan de acción concreto para proteger a las mujeres antes, durante y después del COVID-19, pese a cumplir cinco meses desde que inició la contingencia.
El Gobierno Federal no ha publicado el Programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para el periodo 2019-2024, pero sí ha tomado decisiones alarmantes como el recorte del 75% del presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres como parte de un plan de emergencia para atender la pandemia de COVID-19.
Los feminicidios a nivel federal aumentaron un 5.4% en comparación con el mismo lapso de tiempo de 2019, por si la situación no fuera grave, datos oficiales indican que la violencia de género creció 24.9% los primeros siete meses del año en comparación al mismo periodo del año anterior.
En Yucatán la violencia familiar se fue en aumento, ya que en los primeros meses del año, cada seis horas se hospitalizó a una mujer, según reveló el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal.
Yucatán al concluir el 2017, se ubicaba entre las 18 entidades federativas con mayor incidencia, y en lo ya transcurrido de este 2020, se encuentra en el lugar número 14, superando a Campeche y Quintana Roo.
Los índices de violencia en Yucatán han ido en incremento notoriamente a raíz de la emergencia derivada del COVID-19, provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos.
Más allá de las cifras oficiales, organizaciones civiles han documentado el incremento de la violencia contra las mujeres en el periodo de confinamiento por el Covid-19 en México. En nuestro Estado Yucatán, el cual tiene bajos índices delictivos comparados con el promedio nacional, menciona la Licenciada Fabiola García integrante de la Red Nacional de Refugios para las Mujeres, han incrementado las llamadas de auxilio de mujeres que se sienten amenazadas durante el confinamiento, de un promedio de 40 llamadas semanales que recibían, ahora han recibido 140, 76 de ellas de emergencia. También, tienen registro de 6 feminicidio en estos meses recientes, desde enero hasta agosto que recién acabo.
Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad señaló que a partir de marzo del año 2020, cuando inició el confinamiento en Yucatán por la pandemia del coronavirus, las llamadas al número de emergencias relacionadas con la violencia hacia la mujer se mantuvieron entre 200 y 300.
Este organismo federal de igual modo sostuvo que las llamadas al 911 de enero a julio de 2020, en Yucatán fueron 2 mil 629, las cuales estuvieron relacionadas a la violencia contra la mujer.
Así mismo el maltrato a mujeres como consecuencia de la violencia intrafamiliar y de pareja, ubica a Yucatán en el lugar 16 entre las 32 entidades federativas, estas cifras, de acuerdo con el SESNS, indican que cada 2 horas con 9 minutos, el número de emergencias 911 recibe una llamada para reportar un incidente de violencia contra la mujer en Yucatán, lo que equivale a unas 11 llamadas al día.
Contamos con un sistema judicial quizás bien estructurado pero mal implementado, ya que jueces entregan a los hijos a un agresor y a la agredida la dejan en total indefensión, me refiero al caso de San Felipe, donde el cónyuge que por más de 14 años cometió agresiones en contra de su esposa y esta por el miedo nunca denunció y cuando por fin perdió el miedo porque su marido cometió intento de feminicidio hacía ella, al tratar de ahorcarla, resulta que para el juez que llevo el caso ella era la agresora, y se basa en el artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para dictar medidas de protección, como auxilio policiaco, ¡a favor del hombre!, háganme el favor…. Entonces qué clase de juzgadores tenemos?.
Y eso no es todo, a pesar de la sentencia, las mismas autoridades municipales del municipio de San Felipe le ordenan a la víctima que abandone su hogar que por ser este propiedad de la familia de su agresor y que por resolución del juez tenía que entregar a su hija, ya que el juzgador la catalogo como agresiva cuando era todo lo contrario, ella por años vivió sufriendo violencia, sigo sin entender qué clase de autoridades tenemos.
Bueno si, si sé qué clase de autoridades tenemos, aquellas arraigadas a un sistema patriarcal, donde impera el poder masculino y el femenino es el que se dedica a las cuestiones del hogar y cuidado de los hijos, en donde la mujer no tiene derechos y los hombres sí, pero déjenme decirles a esas autoridades sean Estatales, Municipales, Judiciales y cuáles sean, que los tiempos han cambiado, que nos hemos empoderado, que somos muchas que ya no tenemos miedo y hablaremos cuántas veces sean necesarias, que los derechos y preceptos jurídicos son igualitarios para todos sin importar el género o sexo, que les quede claro, y si de esta forma no les queda claro capacítense antes de asumir un cargo público y entiendan que la ciudadanía somos todos por igual.
Hoy nos hacen falta Henrietta 25 de Enero, Gladys 16 de Febrero, Ana 16 de Febrero, Suemi 25 de Marzo, Yazmín 25 de Mayo, Irlanda 19 de Junio, Fernanda 20 de Agosto, Norma 25 de Agosto, solo en este 2020, son todas ellas las que nos faltan, 6 son clasificadas como feminicidios y dos no, las asesinaron en el Estado más seguro, pero no entiendo seguro para quienes?, para lo hombres?, para las autoridades?, porque para las mujeres no!!!!.
Como es bien sabido, el Ministerio Público es una pieza clave para la correcta integración e investigación de los delitos.
A diario, las agencias del Ministerio Público reciben muchas denuncias de mujeres que han sido violentadas y que a gritos piden auxilio a la autoridad para que se les sean otorgadas medidas de protección a su favor, ¿pero qué pasa? Se les recibe las denuncias, se les otorga las medidas PROVISIONALES de protección por un lapso determinado, fenece el término de las medidas, y hasta ahí queda, ¿por qué? Porque los operadores del sistema no le dan seguimiento a la integración de esas carpetas de investigación o simplemente no le toman la debida importancia a esos asuntos hasta que repentinamente una mujer de las muchas que ya había acudido a denunciar o solicitar medidas de protección, ha sido víctima de feminicidio; es ahí cuando vemos que las autoridades se activan el chip y por la presión social que éste asunto ocupa, comienzan a darle prioridad a todas esas denuncias rezagadas por violencia en contra de las mujeres y después de un breve tiempo los operadores del sistema se ponen en modo de “descanso” y comienza de nuevo todo, volviéndose un círculo vicioso.
Pero las preguntas son, ¿Por qué actuar después de que una mujer ha sido asesinada? ¿Por qué no se activaron los protocolos de ley cuando había focos rojos? ¿Dónde queda la empatía de los operadores del sistema para no priorizar los asuntos de violencia contra las mujeres?
A gritos necesitamos que los operadores del sistema se sensibilicen para dar prontitud a las muchas carpetas de investigación de violencia contra las mujeres que hay en sus agencias y que esos delitos sean investigados con todos los requisitos de ley para que, cuando estén frente a un Juez, no se caigan en el intento de imputar al agresor.
Ya basta de tanta violencia contra las mujeres, ni una más, ya estamos cansadas y dolidas que nos sigan haciendo falta más, la pandemia evidenció las grandes desigualdades de género que vivimos en el país, pero estamos a tiempo de tomar medidas legislativas y de políticas públicas para evitar que se siga normalizando la violencia contra las mujeres que hoy afecta al 66.1% de las 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que viven en el país.
ES CUANTO.
FEMINICIDIO
Desde mediados de la década de los 70 se ha impulsado un cambio en la visión y denominación del hecho, este cambio fue de manera consciente y premeditada, el cual se produce en el mundo anglosajón de la mano de Diane Russell.
Para esta autora el término de Homicidio, tenía un carácter aparentemente técnico pero, desde su perspectiva, era claramente machista, es por ello que tuvo la intención de hacer visible una parte de la realidad que quedaba oculta a los ojos de la sociedad.
Quería resaltar aquellos crímenes que eran resultado de la violencia contra las mujeres, con el término “FEMICIDE”, para lo cual quería ir más allá y enfatizar la muerte de las mujeres, en tanto por su condición de género femenino.
Es así como en el año de 1976, Diane Russell, potencia el uso del término inglés “FEMICIDE” en el foro del Tribunal on Crimes Againts Woman, en Bruselas, en donde se han elaborado números documentos y trabajos en torno a este concepto y lo que supone.
Cuando Diane presento en público su propuesta, lo hacía para visibilizar a las mujeres y luchar contra la violencia que sufren en numerosos contextos y lugares. Su posición tenía un fuerte contenido “politizante” en una corriente que hay que incluir en el marco de las teorías feministas, pero también en la relación entre violencia, sociedad y estado.
Posteriormente otras autoras como Campbell y Runyan (1998) amplían este concepto para incluir en él, muertes provocadas por acciones u omisiones que no constituyen un delito, o bien, no pueden ser imputadas a una persona. Así bajo este concepto más amplio se incluirían las muertes de mujeres asociadas a la desnutrición selectiva por razones de género, al aborto inseguro, al infanticidio de mujeres, la trata de mujeres para la prostitución o el tráfico de drogas, a la falta de acceso al sistema sanitario por razones de género, entre otros.
A pesar de todo, tanto la violencia contra las mujeres como el número de femicidios han seguido incrementándose. Así lo destacó el Simposium de Viena sobre Femicidio, celebrado en noviembre de 2012 en la sede de Naciones Unidas de Viena. Tras dicho simposium, el consejo Económico y Social de la ONU lanzó en el mes de Abril de 2013, la declaración de Viena sobre Femicidios reconociendo lo alarmante que resulta la violencia contra las mujeres en todo el mundo y dicen: “Alarmados por el hecho de que el feminicidio está aumentando en todo el mundo y, a menudo queda impune, lo cual no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de las mujeres y las niñas, sino que también envía el mensaje negativo a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser a la vez aceptable e inevitable.
En estos años también ha sido clave la traducción de la obra de Russell al español de la mano de Marcela Lagarde —creando el neologismo “feminicidio”—. El concepto de feminicidio trata de incorporar la misoginia que hay en este tipo de asesinatos así como la responsabilidad del Estado al favorecer la impunidad ante estos.
A partir de este hecho el estudio del femicidio/feminicidio comienza a adquirir una mayor presencia y relevancia en el mundo de habla hispana y en la producción científica sobre estos temas.
La denuncia de los casos de feminicidio de las mujeres de Ciudad Juárez en 1993 marcó el precedente en la visibilización de este delito tanto en el ámbito de México como en el ámbito internacional. En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio responsabilizando al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez en el conocido como Caso Campo Algodonero.
Tras analizar las carpetas completas de los casos del campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, el 16 de noviembre de 2009, que México era culpable de:
• No garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas.
• Impunidad en contra de las víctimas y sus familiares.
• Discriminación en contra de las víctimas y familiares.
• Violación al derecho de las menores de edad involucradas.
• Violar la integridad de los familiares de las víctimas por los sufrimientos causados
• Violar la integridad de los familiares de las víctimas por hostigamiento
A raíz de esta sentencia se inició con la tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales estatales y fue hasta 2011 cuando se impulsó su tipificación en el Código Penal Federal.
México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito de feminicidio -se incorpora el delito en el Código Penal Federal en 2012- y es el país en el que más iniciativas se han presentado en esta materia, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas.
