Ciudad de México, 6 de noviembre de 2024.- Con la desestimación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la reforma judicial se confirma que el legislativo federal actuó apegado a derecho y votó con el respaldo de la voluntad del pueblo.
La Senadora de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verónica Camino Farjat, puntualizó que la no aprobación de la propuesta del Ministro Juan Luis González Alcántara respecto a la declaración de inconstitucionalidad de diversos ordenamientos de la reforma judicial, es un triunfo del pueblo mexicano.
La legisladora yucateca, destacó que la defensa de las Ministras Lenia Batres Guadarrama, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel Mossa, así como la postura del Ministro Alberto Pérez Dayán, fueron fundamentales para que la propuesta no fuera aprobada por la SCJN.
Explicó que el asunto resuelto planteaba invalidar artículos medulares de la reforma, como los que ordenan la remoción de más de mil 600 jueces de Distrito y magistrados de Circuito, así como someter sus cargos a elección popular e invalidar a reducción de remuneraciones para los actuales juzgadores en dichos puestos, pero avalaba que esa disminución se aplicará a sus sucesores.
En el caso de la propuesta del Magistrado Juan Luis González Alcántara, la Senadora señaló que su planteamiento estaba enfocado al ámbito político, mostrando desacuerdo en un cambio de régimen y de acciones diferentes que buscan mejor las condiciones de aplicabilidad de la justicia en México.
Consideró preocupante que se quiera engañar a la sociedad de querer quitar el tema de los derechos humanos, lo cual es falso, porque el artículo primero de la Constitución no se modifica desde hace más de 10 años, además no se puede ir en contra de los tratados internacionales.
Camino Farjat precisó que en el artículo primero constitucional se consagran los derechos humanos que se reafirmaron de acuerdo con los tratados internacionales.
Aclaró que el artículo 61 de la Ley de Amparo no tuvo ninguna modificación, ya que el último cambio se hizo en 2013, cuando gobernaba la oposición.
“La Constitución y antecedentes jurídicos respaldan las reformas que aprobamos, dejando en evidencia que la oposición ya no tiene recursos jurídicos para debatirlas, por lo cual recurren a las descalificaciones y agresiones”, subrayó.