A través del Programa de Devolución de Derechos se destinaron recursos por 14.9 millones de pesos durante el 2017 en Yucatán

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Mérida, Yucatán 05 de febrero 2018.- A fin de apoyar a los organismos operadores de agua potable en acciones mejoramiento en infraestructura y eficiencia del servicio del recurso hídrico, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante 2017 canalizó 7 millones 480 mil pesos a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), informó su Director General, Ignacio Mendicuti Priego.

“Es importante señalar que los municipios que resultaron beneficiados a través de ese programa realizaron una aportación igual a la de Conagua, por lo que el monto total de recursos a través de ese programa fue de 14.9 millones de pesos”, expresó Mendicuti Priego.

Mencionó que el año pasado se beneficiaron alrededor de 400 mil yucatecos a través del Programa de Devolución de Derechos.

Se realizaron acciones en 27 localidades, entre las cuales destacan mantenimiento a equipos de bombeo y mantenimiento a la red de agua potable y tomas domiciliarias, principalmente.

Los municipios beneficiados fueron Cacalchén, Cansahcab, Cenotillo, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Conkal, Cuzamá, Dzilam González, Halachó, Hunucmá. Izamal, Kanasín, Mama y Panabá.

También Teabo, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Temax, Temozón, Tetiz, Timucuy, Tixpéhual, Tizimín, Umán, Valladolid y Xocchel. De igual manera se benefició con el PRODDER la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

El funcionario federal señaló que uno de los principales objetivos del PRODDER es apoyar a los sistemas operadores de agua potable en la realización de acciones de mejoramiento en infraestructura y eficiencia en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

“Con este tipo de acciones, sin duda, se logra mejorar la eficiencia operativa y comercial de los organismos operadores, lo que se traduce en un mejor servicio para la población”, añadió.

Destacó que el PRODDER es un programa de devolución de recursos a los ayuntamientos y organismos que cumplen con el pago de sus derechos por uso y/o explotación de las aguas nacionales.