· La magistrada presidenta del TEPJF destacó que no se puede callar a más de 20 millones de indígenas por razones de discriminación.
· La única manera de otorgarles voz y voto es darles representación política real, para que puedan ser escuchados, participar, votar y vetar proyectos que no convengan a sus comunidades
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, señaló que es compromiso de este órgano jurisdiccional el garantizar la participación de toda la ciudadanía en la integración de la representación política, así como de juzgar con perspectiva intercultural y de género, para equilibrar las asimetrías del poder y las exclusiones existentes en la sociedad.
Al inaugurar el segundo Foro-Taller Sensibilización y Difusión de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el auditorio José Luis de la Peza del TEPJF, la magistrada presidenta destacó la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, dedicada a atender a dichas comunidades y llenar el enorme vacío en cuanto a la igualdad de derechos que padecen sus integrantes.
Hay una eminente urgencia “de que se les tiene que dar voz y voto; no se puede callar a más de 20 millones de nuestros conciudadanos por razones de discriminación. Y la única manera de darles voz y voto es darles un espacio de representación política real, que sea palpable y que puedan ser escuchados, participar, votar y vetar proyectos que, en su momento, no convengan a estas comunidades”, afirmó la magistrada presidenta.
En su intervención se refirió a la diversidad étnica y lingüística del país, con sus 62 pueblos indígenas y 11 diferentes familias lingüísticas, que no se ha visto reflejada en la composición de nuestras autoridades, tanto a nivel local como federal, debido a que se enfrentan a numerosos obstáculos en el ejercicio de sus derechos políticos, tanto colectivos como individuales, así como en el acceso a la justicia del Estado. Además, lamentó que los pueblos y comunidades indígenas viven en condiciones de gran marginación y pobreza.
“Ante ello, es nuestra responsabilidad, como tribunal constitucional, actuar siempre con un compromiso, un pleno compromiso en favor de las personas indígenas, fortaleciendo sus derechos políticos y el acceso a la justicia. Debemos juzgar con perspectiva intercultural y de género, para así equilibrar las asimetrías de poder y las exclusiones existentes en nuestra sociedad. De esta forma, será solo a través de nuestras sentencias como podremos empezar a revertir los efectos de la discriminación”, señaló.
Al respecto, citó la sentencia del TEPJF de diciembre pasado, mediante la cual se modificó los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la postulación de cargos a diputados federales, a fin de crear 13 curules para representantes de comunidades indígenas, en los distritos electorales en los que la población indígena equivalga a más del 60 por ciento de su población total.
La magistrada presidenta señaló que la razón de ser del TEPJF, como máxima autoridad en justicia electoral, es velar por la legalidad y constitucionalidad en todos los procesos de renovación del poder político, así como garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticas de las personas.
“Lo he dicho, lo reitero y lo seguiré reiterando: una democracia no es plena, una democracia no tiene calidad si no cuenta con los mecanismos de representación política que reflejen y se hagan cargo de la pluralidad y diversidad cultural de la sociedad de la que emana”, precisó.
Finalmente, la magistrada presidenta Otálora Malassis llamó a los funcionarios de la Defensoría Pública y de todas las áreas jurisdiccionales del Tribunal Electoral a trabajar por lograr la participación plena de todas las personas en las decisiones relativas no solo a los asuntos que conciernen a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sino en todas las decisiones del rumbo que queremos que tome el país.
