La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine
M. Otálora Malassis, aseguró que, por sus dimensiones, las de 2018 serán las elecciones más grandes y
las más fiscalizadas de la historia. “Pero también es justo apreciar que, para hacerle frente, tenemos a la
justicia electoral institucionalmente más sólida y mejor preparada de nuestra historia”, señaló.
Al encabezar el inicio de la Certificación Tribunal Abierto y la Certificación Nacional de Carrera Judicial
Electoral, Otálora Malassis indicó que, hoy más que nunca, la misión de los tribunales electorales es velar
porque se cumplan las reglas del juego democrático y se respeten, en todo momento, los derechos político-
electorales de las y los ciudadanos.
“Hoy más que nunca, esta misión es crucial para pacificar la competencia política por el poder y preservar
la democracia, como la mejor forma de gobierno para nuestro país y para nuestra sociedad”, enfatizó ante
magistradas y magistrados de la Sala Superior, de las salas regionales del TEPJF y de los tribunales
electorales de la República mexicana.
Otálora Malassis subrayó que, para llevar a cabo esta misión democrática que la ley les otorga, los
tribunales electorales requieren que su personal esté integrado por abogados preparados, capaces y
talentosos, y cuya preparación esté a prueba de los más altos estándares de calidad. Por ello, el TEPJF
llevará a cabo el proyecto de Certificación Nacional de Carrera Judicial Electoral, a través del cual ofrecerá
este reconocimiento a los tribunales electorales locales que cumplan con estándares de calidad
jurisdiccional y de gestión, incluyendo la de contar con un sistema de carrera judicial, y cuyos funcionarios
participen en los esquemas de capacitación y certificación correspondientes.
Asimismo, la Certificación Tribunal Abierto se otorgará a los tribunales electorales que cumplan con
estándares de justicia abierta. con buenas prácticas en el desempeño jurisdiccional y eficiencia en los
procedimientos jurisdiccionales
Acompañada de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales y Reyes
Rodríguez Mondragón, la magistrada presidenta reiteró que la certificación es también, de alguna
manera, un mensaje para la sociedad mexicana y este mensaje es que abogados bien preparados y
tribunales profesionales están vigilando que se respeten los derechos político-electorales de la ciudadanía.
En su oportunidad, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, destacó que la certificación
de la carrera judicial busca los niveles más altos de profesionalización del personal de los tribunales
electorales, pero también “incrementar la calidad de la impartición de justicia en beneficio de los
justiciables, en los que finalmente impactará el incremento en la calidad de los argumentos, el
fortalecimiento de las razones que se exponen en las decisiones y la capacidad del convencimiento social
de nuestras resoluciones y sentencias”.
Estas certificaciones, añadió el magistrado de la Mata Pizaña, son acciones que buscan empoderar a los
ciudadanos; acciones que persiguen conscientemente aproximar la justicia a la sociedad y mejorar la
calidad de las decisiones a las que se confía la resolución institucional de los conflictos político-electorales.
Al tomar la palabra, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que la
adopción del modelo de justicia abierta o de tribunal abierto busca mejorar el acceso al servicio público de
justicia, a través de la promoción de la participación en los procesos de deliberación jurisdiccional de la
transparencia en las decisiones judiciales y de la visibilidad de los tribunales a través de una comunicación
eficiente y eficaz del quehacer institucional.
El magistrado Rodríguez Mondragón refirió que frente al proceso electoral complejo y, en ocasiones,
desafiante se requerirá que los tribunales emitan resoluciones claras y eficaces para que la ciudadanía
esté satisfecha con las decisiones de los jueces electorales y los participantes de la contienda política
cuenten con criterios que les permitan ejercer sus derechos de manera libre e informada.
Por su parte, el director del CCJE, Carlos Soriano Cienfuegos, dijo que el inicio de la Certificación Nacional
en Carrera Judicial Electoral en un esfuerzo compartido por fortalecer las instituciones públicas,
específicamente el área jurisdiccional de los tribunales electorales locales del país, con el cual el TEPJF
reafirma el compromiso de sumar esfuerzos, experiencias y creatividad para profesionalizar el servicio
público del ámbito jurisdiccional electoral en nuestro país. Soriano Cienfuegos señaló que el producto final
de este programa conjunto, será una lista nacional de servidores públicos certificados.
Por otro lado, el presidente de la ATERM, César Lorenzo Wong Meraz, aseguró que los tribunales
electorales locales están unidos y listos para afrontar esta gran tarea, y que la Certificación será un
parámetro que demostrará que los tribunales estatales cuentan con los estándares y esquemas necesarios
para implementar justicia de manera pronta, cercana, ciudadana y especializada.
Al reconocer que judicatura electoral nacional tiene un gran aliado en el TEPJF, el magistrado Wong Meraz
destacó que se continuará buscando las herramientas que permitan evolucionar en el arduo camino de la
justicia.
En su intervención, el titular de la Visitaduría Judicial del TEPJF, Clicerio Coello Garcés, aseveró que el
inicio del proceso de Certificación de Tribunal Abierto contribuye a un diálogo permanente entre tribunales
electorales para el establecimiento de las mejores prácticas para la jurisdicción democrática.
La Certificación Tribunal Abierto es otorgada por la Visitaduría Judicial TEPJF, y se aplicará a los tribunales
electorales locales que cumplan con los estándares de justicia abierta, buenas prácticas en el desempeño
jurisdiccional y eficiencia en los procedimientos jurisdiccionales definidos por la Sala Superior. Tiene como
objetivo contribuir a la modernización de la gestión y los procesos de los tribunales electorales locales, al
adoptar un modelo de comunicación abierto y efectivo, que contribuirá a la edificación de la confianza
ciudadana.
