Los congresistas deben modificar el marco jurídico para ofrecer garantías.
Más de 140 familias Triquis atropelladas por el Estado mexicano.
Una activista se encuentra encarcelada en Morelos.
Este gobierno federal, autodenominado como el de la “cuarta transformación”, ha atropellado en mayor medida los derechos de la mujer, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL).
El abogado del colectivo José Lara afirmó que los integrantes del Congreso de la Unión y de los Congresos de las diversas entidades del país deben ajustar el marco jurídico para que ellas, la mujer como género, tenga las mismas garantías ante las autoridades en el país.
“Es importante el número de mujeres quienes han solicitado asesoría y compañía de esta organización por diferentes atropellos que las autoridades han ejercido en contra de ellas, sólo por su condición de género.
“Tenemos a más de 140 familias de origen Triqui, -oriundas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca- quienes han sido desplazadas de su tierra para resguardar sus vidas ante el ataque de grupos armados en aquella zona de Oaxaca, en su mayoría lideradas por mujeres.
“Por si fuera poco, el Estado mexicano ha descargado su furia en contra de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, que desde el mismo atril presidencial se ha considerado que su activismo afecta la autodenominada “cuarta transformación”, por ello se mantienen presa en un penal federal en Morelos.
El litigante afirmó que este mismo año 2022, ha sido catalogado por diversos colectivos –entre ellos, el CDHZL– como el más violento y represor en contra de las acciones de periodistas y defensores de los derechos humanos, “solo por representar el interés del pueblo mexicano.
Por su parte, el coordinador de comunicación y prensa del “Zeferino Ladrillero”, José Víctor Rodríguez, consideró que el Estado mexicano se ha quedado corto con la política de migración que se aplica a las personas migrantes de centro y Sudamérica.
“Tenemos una situación crítica en la política interior en México con respecto a los derechos humanos de las personas en calidad de migrantes, de manera particular la que sufren los menores en calidad de viajeros sin acompañantes, que intentan ingresar a territorio de los Estados Unidos”.
El periodista de profesión y cofundador del colectivo manifestó como crítico “la forma en cómo se tratan a los menores de edad en calidad de delincuentes y deportados a sus países de origen, política que contrasta con la tomada hace decenas de años en pro a las garantías de las personas en calidad de desplazo forzado”.
“Sin duda vivimos una situación sumamente crítica en materia de la defensa de los derechos humanos, de aquellas personas más vulnerables; menores; mujeres; embarazadas; de la tercera edad; enfermas; adolescentes; en calidad de “sin techo””.
Explicó que el Estado mexicano “tiene que tomar muy serio el asunto de los derechos humanos, no basta que desde una subsecretaría de Estado se presuma una deficiente defensa a las personas más vulnerables del país y con una comisión nacional doblegada al interés presidencial”.
