Azul Aguiar, académica del ITESO y quien recién publicó el libro “Cultura jurídica: orígenes sociopolíticos y carrera judicial de los jueces en México”, considera que el foco de una reforma judicial debería estar en áreas como la fiscalía o la defensoría pública.
La Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador destruirá el único pedazo que, hasta el momento, se ha logrado construir en México de un Poder Judicial acorde con la democracia y, por el contrario, pierde de vista focos más urgentes a ser reformados.
Así lo consideró Azul Aguiar Aguilar, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, una estudiosa de la carrera judicial en México —especialmente a partir de la reforma de 1994— y quien recién publicó el libro Cultura jurídica: orígenes sociopolíticos y carrera judicial de los jueces en México (Palgrave Macmillan, 2024), un proyecto que arrancó en 2018 con miras a hacer una estancia posdoctoral en Alemania.
“Si queremos corregir el acceso a la justicia, estamos mirando a la institución equivocada. Hay que hablar también de los problemas que tiene una de las instituciones centrales en la administración de la justicia, que es la fiscalía. Si no reformas eso no hay forma de corregir el 99 por ciento de impunidad que existe. Ni de que la corte y cualquier juez federal no dejen libre a un criminal por la falta de una integración de una investigación sólida y rigurosa”, expresó.
Otra de las áreas apremiantes de reforma son las defensorías públicas, para que evolucionen a un sistema de tutelas similar al que funciona en Colombia, que protege a cualquier ciudadano. “La única vía para acceder a la justicia como ciudadanos es pagando un abogado. ¿Sabes cuánto cuesta un amparo con un abogado? Entre 20 mil y 50 mil pesos, dependiendo de la parte del país donde te pares, solo 10 por ciento de la población en México tiene esa posibilidad”.
“¿Qué cambios hacen falta? hace falta una escuela judicial, que ya está dentro del Consejo de la Judicatura Federal, pero que funcione de manera más profesional, como pasa, por ejemplo, con el Instituto Matías Romero para el servicio diplomático, o cómo funcionan las escuelas judiciales de países y poderes judiciales como el italiano, el francés o el alemán, en donde los chicos que estudian derecho y otras carreras afines entran a esta escuela y se preparan antes de tener un primer puesto como secretario”, apuntó.
La académica reconoció que dentro del Poder Judicial Federal funcionan redes de nepotismo, que tienen que ver con el hecho de que las y los magistrados son los encargados de nombrar de manera directa a las personas que trabajan en sus juzgados sin concurso riguroso ni exámenes. Sin embargo, a partir de la reforma del 2021, se cambió el mecanismo mediante el cual ingresan esas personas al sistema, por lo que esto deberá ir cambiando a un modelo más meritocrático.
Aguiar lamentó que esta reforma esté enfocada en el tema del voto popular para escoger a los jueces, algo que no resuelve ninguno de los problemas acuciantes que tienen que ver con el acceso a la justicia para las personas, y que lo único que hará será supeditar a las cortes al Poder Ejecutivo en turno.
“Va a suceder lo que sucede en la administración pública federal y en las locales, que la gente tiene que irse a trabajar por el partido en las campañas para que después les den un puesto”, opinó.
Disecciona perfil de jueces
En Cultura jurídica: orígenes sociopolíticos y carrera judicial de los jueces en México, la académica del ITESO explora, a través de una serie de encuestas realizadas en los estados de Jalisco, Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, las carreras, trayectorias profesionales y culturas jurídicas de los jueces del Poder Judicial federal mexicano.
Por medio de esta investigación de las culturas jurídicas internas y las normas judiciales, la publicación busca ofrecer nuevos datos, estrategias de medición y conocimientos sobre las interacciones entre el derecho, la política, las normas, la cultura jurídica y la justicia en el país, identificando variables como el origen social de los juzgadores, su nivel de estudios —provenientes la mayoría de universidades públicas—, sus intereses y vínculos con la política y su movilidad social en el mismo sistema —especialmente a partir del establecimiento de la carrera judicial tras la reforma de 1994.
“Es un libro que lo que busca es estudiar a las élites judiciales, quiénes son, de dónde vienen, qué tipo de cultura legal tienen, cuál ha sido su trayectoria profesional, cuál ha sido su trayectoria dentro del poder judicial, a qué tipo de familias pertenecen, etcétera”, expresó.
Analiza retórica presidencial contra el Poder Judicial
La investigadora también publicó este año el estudio «Subvirtiendo la legitimidad judicial: retórica presidencial y erosión democrática en México«, editado por el Democracy Institute de la Central European University (CEU), con sede en Budapest, Hungría.
Para este documento realizó un análisis de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial por medio de las declaraciones de mil 580 conferencias mañaneras —de 2018 a 2023—, en las cuales, en alrededor de 400, hay críticas a este poder, y que coinciden con momentos en los que la agenda del mandatario se ha visto obstaculizada, ya sea por controversias constitucionales, por críticas desde la oposición o por acciones de contrapesos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Quise mostrar el argumento de que el Presidente ataca de manera recurrente al Poder Judicial, particularmente cuando la Suprema Corte decide en contra de sus preferencias o en contra de las políticas. Y coinciden mucho con esos momentos, cuando los jueces y las cortes toman decisiones de política pública que les corresponden, ya sea porque la oposición en el Senado o en la Cámara de Diputados no estuvo de acuerdo”, explicó.
Algunos de estos momentos fueron la presentación del Plan B de la Reforma Electoral, la desaparición de distintos fideicomisos, o el retiro de algunas candidaturas por gastos excesivos en precampañas. El estudio también consideró intervenciones de algunos secretarios de estados, así como de diputados y senadores de Morena, el partido gobernante, en el Poder Legislativo.
“Es muy importante tener evidencia empírica, sobre todo en contextos donde existe un tipo de propaganda, que yo no la puedo llamar comunicación política, sino propaganda, que está construida para colonizar mentes acerca de una verdad (…). Cuando tú has venido trabajando de manera sistemática y consistente en deslegitimar la función judicial, lo único que haces es preparar el terreno para que una reforma judicial sea aceptada, una reforma más a modo a los intereses del poder”, mencionó.
