Sí hubo daños, pero por Bi&Di: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) exculpó de responsabilidad ambiental al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por el desmonte de vegetación forestal en el proyecto Malecón Tajamar, en Cancún, y destacó que el único probable responsable de irregularidades es la empresa BI & DI Real Estate de México S.A. DE C.V., de capital italiano.

En conferencia de prensa, el titular de la Profepa, Guillermo Haro, respaldó a la dependencia de turismo al justificar que las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fueron concedidas en 2005 a un predio que no está considerado sitio Ramsar (humedales de importancia internacional).

La Procuraduría agregó que el desmonte, realizado el pasado 16 de enero, se ejecutó con autorizaciones válidas y vigentes para desarrollarse en un predio que tampoco se encuentra dentro del Área Natural Protegida (ANP) del Sistema Lagunar Nichupté.

En febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que establece el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna.

La explicación, muy parecida a la que dio Fonatur a principios de esta semana, refiere que esa dependencia donó 3,522 hectáreas de un total de 4,257 que constituyen la superficie de esta área protegida.

Para el año 2010, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) estableció una superficie de 2,813 hectáreas de manglar en el Sistema Lagunar Nichupté.

Profepa argumentó también que el polígono total de «Tajamar» representa 2.1% con respecto a las 3,533 hectáreas donadas por Fonatur al Área Natural Protegida Manglares de Nichupté y Ecopark. Lo que equivale a que por cada hectárea desarrollada por la dependencia de turismo, se donan cerca de 50 hectáreas.

Biodiversidad

La dependencia federal argumentó que en Tajamar existen 62 especies de flora, de las cuales sólo siete se encuentran sujetas a protección especial y amenazada.

Asimismo, registró 27 especies de fauna, de las que tres están bajo estatus de protección especial y amenazada. Argumentó que ninguna está en peligro de extinción.

Profepa alegó además que estudios destacan que el impacto asociado al crecimiento urbano que rodea al proyecto, podría explicar la disminución de nidos y madrigueras de fauna en el inmueble, así como que al momento de ser evaluado el impacto ambiental ya existía un proceso de fragmentación y reducción del hábitat.

Imágenes de animales son falsas, acusa

Con relación a las fotografías de animales muertos y lastimados por desmonte, que circulan en redes sociales, asegura que son falsas.

Sobre las faltas en las que incurrió BI & DI Real Estate de México, el procurador Haro refirió que, hasta el momento la evidencia recabada de una serie de trabajos de gabinete y campo realizados al proyecto, indican un presunto daño por realizar acciones de desmonte de vegetación forestal sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni con estudio técnico justificativo, ni con proyectos ejecutivos validados por la Semarnat.

Ante ello, los dueños particulares de los lotes deberán obtener nuevas autorizaciones de impacto ambiental para sus construcciones, al amparo de la legislación vigente. Sobre el tema, durante una gira de trabajo en Veracrúz, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano reconoció que con la legislación actual, el proyecto no hubiera sido autorizado.

Descarta ecocidio

Durante la conferencia de prensa, el procurador indicó que el término «ecocidio» empleado por grupos de ambientalistas para referirse al caso, no es tal.

Y aclaró que un ecocidio se refiere al daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio. Por otro lado, el concepto «devastación ambiental» implica la destrucción total de un ecosistema.

Por lo anterior y ante los resultados preliminares de la visita de inspección, asegura que «el desmonte de manglar asociado al proyecto Malecón Tajamar, no constituye un caso de ecocidio ni de devastación ambiental».