SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL: ANTICONSTITUCIONAL Y UNA FARSA
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Ciudad de México 26 de noviembre 2020.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Economía (SE) y la Cámara Minera de México (Camimex) anunciaron recientemente la creación de una nueva corporación policíaca para proteger a la industria minera. Esta nueva policía forma parte del Servicio de Protección Federal (SPF), un área policial dentro de la SSPC que pretende brindar protección similar a la de las compañías de seguridad privada, vigilancia de inmuebles y escolta. La SSPC espera que el Servicio de Protección Federal llegue a reclutar a 50,000 policías este sexenio para proteger no solo las minas, sino otros sectores estratégicos como puertos y aeropuertos.
De momento, la policía minera solo cuenta con 118 agentes, recién graduados en septiembre pasado. De acuerdo al Gobierno Federal, serán las empresas las que costeen la nueva corporación y contraten sus servicios, a través de una estrategia de seguridad en la que habrá una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las zonas militares.
El Servicio de Protección Federal fue creado por decreto el ex Presidente Felipe Calderón en el ámbito de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), publicado el martes 9 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. Durante esta etapa, uno de los organismos que se opuso a dicha creación fue el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP). El SPF se articuló como una corporación desconcentrada de la SSP que se sumó a la Policía Federal. Aunque la justificación del nuevo cuerpo policial era la vigilancia de las instalaciones de las entidades de los tres poderes del Estado, también intentó realizar funciones de inteligencia y seguridad pública. Lo “novedoso” en aquel momento es que, con excepción de los operativos en los que participó en estados o municipios, el Servicio de Protección Federal podía cobrar por sus servicios de seguridad y vigilancia a particulares; sin embargo, nunca ha tenido resultados comprobables de ningún tipo.
Lo trascendente:
1) Es incongruente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiera refrendar y volver a impulsar el Servicio de Protección Federal, cuando es un claro detractor del ex Presidente Felipe Calderón, quien la creó en el 2008. Se quiere revivir un cadáver que nunca ha tenido ni siquiera estado de fuerza. Se estima que en su creación, debió haber contado con al menos 50,000 elementos, sin embargo, en la actual administración solo cuenta con 4,460. Elementos sin experiencia comprobable, empezando por el titular actual, el ex panista Manuel Espino Barrientos, que en la campaña presidencial del 2006 llamó al actual Presidente “Demagogo populista”.
2) Estamos ante un claro conflicto de intereses. En la exposición de motivos de toda la legislación del país que regula la seguridad pública y la privada se reconoce la imposibilidad del Gobierno para dar seguridad a todos los individuos; por ello autoriza a los particulares a prestar servicios de seguridad, más no a las corporaciones policiales a vender estos servicios. Es ahí donde está el conflicto, donde surge la trampa, porque la Constitución no permite al Gobierno comercializar la función de la seguridad pública, misma que está obligado a ofrecer sin costo a los particulares. Esta iniciativa es anticonstitucional, puesto que la seguridad pública la solventa el Estado con el pago de impuestos y no se puede ostentar dos funciones al mismo tiempo.
Todo esto genera una doble tributación. El ciudadano, ya sea persona física o moral, paga sus impuestos y el Gobierno por ello tiene la obligación de brindarle seguridad y, como no lo hace, porque no tiene la capacidad para hacerlo, entonces dicho ciudadano, en este caso la compañía minera o cualquier otra empresa que lo requiera, contrata ese servicio de seguridad a la misma autoridad, es decir, al Servicio de Protección Federal (SPF); y así queda establecido el doble pago y la flagrante violación a la Constitución.
3) Con el impulso que el Gobierno federal pretende darle a este nuevo cuerpo policial, se va a generar una nueva CUSAEM, que es una policía complementaria fuera de la ley, ya que no cumple funciones como seguridad pública y tampoco es realmente un cuerpo de seguridad privada. Se trata de un “ente amorfo”, anticonstitucional, avalado muy a modo en la ley para poder legitimarlo. El CUSAEM, así como las otras corporaciones policiacas auxiliares y complementarias del país no son ni policías, ni auxiliares, ni complementarias, ni nada que se le parezca. Están en un limbo conceptual y jurídico, sin ninguna regulación real, porque no son seguridad pública, pero tampoco llevan a cabo seguridad privada, en estricto cumplimiento al cuerpo normativo de seguridad privada en materia federal, que es la Ley Federal de Seguridad Privada, con base en los ordenamientos jurídicos que establecen las legislaciones en la materia y en cada uno de los estados de la República Mexicana.
Con el Servicio de Protección Federal y con las policías complementarias, sexenios van y vienen sin cambio alguno y lo peor es que siguen sin regulación ni fiscalización. Lo ideal sería que desaparezcan todas las policías auxiliares y complementarias del país, incluyendo a la nueva y amorfa SPF. Al menos debieran regresarlas a la función por la cual fueron creadas, que es la seguridad pública. Además, estos “entes híbridos” no proporcionan seguridad social a sus miembros, no pagan impuestos, ni tampoco les cuestan los permisos para operar.
4) Sin el respaldo de resultados favorables en el combate a la inseguridad y la violencia en el país, con un alza importante en los índices delictivos, la SSPC no ha sido capaz de demostrar su eficacia. Si analizamos los datos oficiales, 2019 fue un año desastroso -el peor año de la historia de nuestro país en homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas, narcomenudeo, trata de personas, robo a negocio y violencia familiar; el segundo peor en extorsión, tercero peor en violación; quinto peor en secuestro y robo con violencia; octavo peor en robo a transeúnte y se sumaron 9,000 víctimas a la estadística de desaparecidos, por citar algunos datos.
En los primeros nueve meses de 2020 las víctimas de homicidio doloso aumentaron 1% respecto a 2019 y a estas alturas resulta difícil que este año no supere al más violento de la historia de México. Adicional a esto, solamente el 43% de los policías a nivel nacional están en condiciones de obtener el Certificado Único Policial (CUP). Éste se entrega a los elementos que cubren el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones. El crimen organizado está infiltrado en las policías a todos los niveles, especialmente en las estatales y municipales. Por lo que llama poderosamente la atención que a este cuerpo especial de la policía se le va a encomendar proteger las minas de oro y plata del país, entre otras posibles instalaciones estratégicas.
5) Fortalecer el Servicio de Protección Federal (SPF) generará otra competencia desleal y afectará la libre competencia en el sector de la seguridad privada, ahora posiblemente favorecida por el gobierno actual, tal como sucedió con el CUSAEM en el gobierno anterior, que le otorgó al menos 105 contratos, por un total de 3 mil 389 millones 039 mil 209 pesos.
6) El Servicio de Protección Federal (SPF) no tiene la experiencia ni la capacidad, ni posee la infraestructura, ni el estado de fuerza, ni la capacitación, ni el equipamiento para llevar a cabo servicios de Seguridad Privada. Desde el ángulo que se le mire, el Servicio de Protección Federal es anticonstitucional y una farsa para la ciudadanía.
