Rosa Adriana lleva al Senado la agresión contra operadores de Uber
El Senado pide informes de dos hechos violentos en Mérida
A iniciativa de su vicepresidenta, Rosa Adriana Díaz Lizama, el Senado pidió al gobierno del Estado de Yucatán un informe sobre las investigaciones por la agresión a operadores de Uber el pasado día 25 y sobre las sanciones a que se han hecho merecedores los agresores.
A solicitud de la legisladora federal, la Comisión Permanente del Senado pidió además que el titular del gobierno del Estado garantice la integridad física de los ciudadanos que fueron agredidos en las inmediaciones del aeropuerto de Mérida.
En breve entrevista, Rosa Adriana Díaz destacó su respaldo a la libre competencia y al derecho de los ciudadanos de elegir el servicio que más les convenga y acomode, así —dijo— el más beneficiado es el usuario.
—Lo que deben de hacer las autoridades es buscar la forma de que tanto la empresa Uber como el gremio de taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) preste sus servicios legalmente, tengan acceso a todos los lugares y cuenten con el respeto y la seguridad en la prestación del servicio en beneficio de la población yucateca.
En ese sentido, el Senado pidió además que el gobierno del Estado regule, conforme a la ley, el tipo de servicio que deban prestar los vehículos particulares o cualquier otra empresa encargada de transporte público.
Por cierto, la senadora por Yucatán dio la bienvenida a la iniciativa de ley presentado por los diputados locales del PAN en el Congreso del Estado.
EL CASO CHABLEKAL
La senadora yucateca informó también que a petición suya, el Senado pidió al titular del gobierno del Estado que informe sobre el seguimiento legal a los acontecimientos ocurridos en la comisaría meridana de Chablekal el pasado 4 de mayo.
Al igual que en el caso de Uber, la Cámara de Senadores solicitó un informe sobre las sanciones a que se han hecho merecedores los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Estado, quienes agredieron a los defensores de Derechos Humanos y ciudadanos afectados.
