Es verdaderamente grave el uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Estado contra la comisaría meridana de Chablekal, cuya población acudió a defender a una familia de un desalojo, expresó la vicepresidenta del Senado de la República, Rosa Adriana Díaz Lizama.
—Se trata de un grave atentado contra los ciudadanos a quienes se debe proteger y de una grave violación a los derechos humanos, que de ningún modo pueden tolerarse.
—La situación es todavía más delicada cuando el Congreso del Estado acaba de aprobarle al gobernador Rolando Zapata Bello el endeudamiento por los siguientes 15 años de 1,500 millones de pesos, precisamente para dotar de más equipamiento a esas mismas fuerzas de seguridad pública.
—Esta deuda sólo fortalece a un aparato de seguridad, cuyos mandos no tuvieron el criterio para retirarse y, en cambio, incurrieron en franca provocación a la comunidad.
—Las personas de Chablekal no eran delincuentes, sino ciudadanos que buscaban defender una acción que consideraban injusta. Tiene razón el equipo de derechos humanos Indignación: ser solidario no es delito.
—En contraste, hemos sabido de verdaderos enfrentamientos de bandas de delincuentes en Yucatán en los que la policía estatal ha permanecido al margen.
De acuerdo con la legisladora federal, se detuvo de manera ilegal y arbitraria a pobladores de Chablekal y a reconocidos observadores de derechos humanos, varios de los cuales fueron golpeados y hoy están lesionados o detenidos.
—Se allanaron casas y la parroquia del pueblo. Hay vehículos y casas dañadas y se habla de decenas de bombas de gas lacrimógeno disparadas incluso contra casas y personas, incluidos ancianos, mujeres y niños.
—¿Qué explicación nos quiere dar, señor gobernador?
—Es importante que legisladores, autoridades de todo nivel y ciudadanos levantemos la voz por los vecinos de Chablekal. Se requiere una amplia investigación para deslindar responsabilidades. Nadie puede quedarse callado. No a la violencia.