Que Yucatán siga contando con altos índices de seguridad, consolidándonos como el Estado más seguro del país: Jesús Pérez Ballote

Yucatán es un Estado que se caracteriza por sus altos índices de seguridad.

Este logro es gracias a que, desde hace muchos años, sociedad y gobierno hemos trabajado de la mano y no hemos dado ni un paso atrás en el fortalecimiento de la seguridad, para nuestras hijas e hijos, para nuestras familias.

Sin embargo, debemos advertir que la seguridad, no solamente se vulnera mediante acciones de violencia directa en contra de personas; con el paso de los años los delincuentes han encontrado nuevas formas de delinquir, como lo es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por tanto, es responsabilidad del Estado fortalecer su legislación con la finalidad de prevenir y combatir estos actos criminales.

En ese sentido, tenemos a bien discutir en estos momentos un dictamen que contiene modificaciones a la Constitución Política del Estado, al Código Penal del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y al Código Fiscal del Estado, en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo que se propone es la creación de la Agencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, como un Organismo Constitucional autónomo.

Este organismo tendrá el propósito de coadyuvar con las diferentes instancias de gobierno, federales y estatales, para mejorar las condiciones de seguridad pública en nuestra entidad, mediante la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En lo que respecta a la modificación al Código Penal se busca crear el título Vigésimo Cuarto denominado “Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, en donde se tipifican las conductas que darán lugar a la comisión de este delito.

Respecto del carácter de organismo público autónomo de la Agencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, ello deriva de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (la autoridad supranacional de mayor prestigio en la materia).

De tal modo, con la creación de esta Agencia Patrimonial y Económica, se abona a colocar a nuestra entidad a la vanguardia legislativa por su ajuste a las buenas prácticas internacionales en este rubro.

Durante el análisis en comisiones de la iniciativa que dio pie al dictamen que se discute, las y los Diputados integrantes de la Fracción Legislativa del PAN, presentamos una serie de observaciones y propuestas, con la finalidad de lograr que, la causa grave para la remoción del Titular de este Organismo, sea mediante un dictamen emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Tribunal Constitucional, quien determine si existe o no, alguna causa grave para su remoción.

Así mismo, propusimos que, para poder acceder al cargo de Titular de la Agencia, se adecúen los requisitos, de manera que no puedan acceder a él, las personas deudoras alimentarios o quienes tengan antecedentes de violencia de género y otros tipos.

Se propuso la permanencia por 15 años en el cargo de la persona titular de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, sin posibilidad de ser ratificado por plazo mayor.

El análisis del marco jurídico constitucional no arroja la existencia de restricción alguna con relación al plazo propuesto en el dictamen, sino todo lo contrario.

La duración por 15 años del titular de la Agencia se plantea con base en las mejores prácticas internacionales que alientan plazos transexenales para la conducción de este tipo de órganos autónomos.

En el caso particular, ello atiende al hecho de que se trata de una materia de alta complejidad técnica y capacitación permanente, por lo que resulta indispensable la profesionalización y actualización en las mejores prácticas internacionales.

A su vez, tratándose de un organismo constitucional autónomo de nueva creación, se requiere de una labor demandante para poner en marcha e ir consolidando su eficacia, por medio de la especialización, conocimiento y experticia, lo cual, claramente implica tiempo y mucho esfuerzo.

Resulta atendible la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, de manera tangencial, en estudio del caso de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, se reflexionó en cuanto al plazo máximo de quince años como el que se propone y se ponderaron sus beneficios en los siguientes términos:

El plazo máximo de 15 años favorece la rotación en los cargos públicos evitando con ello las sospechas sobre concentración de poder, vicios en la impartición de justicia o prácticas impropias, generadas por la conjunción de factores como un alargado tiempo y las relaciones humanas que normalmente se producen en el ejercicio de la función.

Más aún, el artículo 64 de la Constitución Local establece la duración en el cargo de los Magistrados del Poder Judicial del Estado por 15 años. Por cierto, se trata de una reforma constitucional aprobada en la presente legislatura.

En Acción Nacional estamos convencidos de que debemos blindar nuestro estado ante la delincuencia, para mantener la paz y la tranquilidad, el respeto y la concordia que existe entre las y los yucatecos.

Es por todo lo anterior, que les solicito su voto a favor del presente dictamen, con la finalidad de otorgarle a nuestro Estado un Organismo garante, que vigile este tipo de conductas delictivas, y permita que Yucatán siga contando con altos índices de seguridad, consolidándonos como el Estado más seguro del país.

 

Muchas gracias.