Qué contradicción darle autonomía constitucional, pero negarle, su parecer al fiscal dentro del estudio de la iniciativa. ¿A caso no era importante pedir la opinión de quien encabeza ese órgano?
Discurso Dip. Fabiola Loeza Novelo
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN Y MODIFICA DIVERSAS LEYES ESTATALES, SOBRE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
El texto de actual de la Constitución local, en su artículo 75 quinquies expresa que Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado es un organismo público autónomo.
La autonomía de esa fiscalía proviene de la reforma del año 2019, en donde se otorgó precisamente autonomía constitucional al fiscal anticorrupción en Yucatán.
En el año 2021, el actual ejecutivo estatal envió a esta soberanía la iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
A casi tres años de haberse enviado la iniciativa, al parecer hoy, si es una prioridad para la mayoría de este congreso y sus aliados.
Pero hay que recordar que el primer fiscal en corrupción JOSE GOFF, “extrañamente” renunció a su cargo, el cual debía concluir a finales de este año.
Derivado de esa renuncia, se dio paso a un nuevo fiscal, el cual estará en el cargo hasta el año 2030.
Como vemos, desde el año 2019 la fiscalía anticorrupción ha venido desarrollando sus tareas con base al marco normativo previsto para la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Es decir, pasaron ya poco más de 4 años y no hubo tanta prisa como lo hay ahora para expedir esta legislación. Me pregunto si el resultado de las elecciones motivó la prisa.
Si bien desde noviembre del 2021 se envió la iniciativa por el ejecutivo estatal, a la fecha no consta se haya dado vista de esta al anterior y al actual fiscal especial en combate a la corrupción.
¿A caso no era importante pedir la opinión de quien encabeza ese órgano?
Lo anterior, en la práctica, hace vulnerable la creación de esta ley y las reformas porque podría estarse vedando de participación a un órgano constitucional; es decir, el actual fiscal podría presentar una acción e incluso una controversia constitucional por no haber participado en cambios que afectan su conformación.
Si el poder judicial hace unos meses de manera unilateral destrozó el sistema de pesos y contrapesos en Yucatán alegando una supuesta competencia, hoy el fiscal anticorrupción sí tenía interés jurídico para intervenir en el estudio y análisis del marco legal que le están dando.
En ese sentido, la comisión dictaminadora debió abrir a conocimiento de ese órgano investigador el modelo de ley orgánica que le están imponiendo.
Al parecer a la comisión de justicia y seguridad se le olvidó o pasó por alto que la constitución expresa que la fiscalía en combate a la corrupción es un organismo autónomo con plena autonomía técnica, presupuestal y de gestión, con capacidad para determinar su organización interna.
No es cosa menor que aprueben hoy todo lo relativo a su organización interna y que quien la encabeza no haya podido moverle una sola coma.
Qué contradicción darle autonomía constitucional, pero negarle, su parecer al fiscal dentro del estudio de la iniciativa.
Bueno hubiera sido al menos invitar al actual fiscal y que pudiera explicar cuáles son las necesidades de su personal, qué requerimientos mínimos y necesarios se deben tener en cuenta.
Hubiera sido atinado que se le invitara y explicara por qué las denuncias presentadas en el 2021 contra los ex funcionarios de la administración pasada siguen pendientes. Quizás es porque no hay personal suficiente, o carecen de tecnificación y litigación.
La materia anticorrupción es básica para el desarrollo de una cultura de la legalidad; estoy segura de que no se hubieran escatimado recursos para coadyuvar en sus tareas. De esa manera se hubiera tenido una visión integral; pero no se hizo.
No menos importante es que de nueva cuenta hay una omisión del impacto presupuestal que todo proyecto de ley de debe tener. Tampoco se conoce esa estimación.
En lo que va de la legislatura se ha vivido un nuevo constitucionalismo de autonomía, la verdad es que en ninguno de esos nuevos entes públicos se sabe a ciencia cierta cómo opera, ni cuáles son las verdaderas necesidades de su operación.
Se dan las bases para ejercer sus atribuciones, pero en los hechos se les niega lo mínimo a sus titulares para ser escuchados siendo esto una violación al derecho de audiencia.
En las últimas discusiones en la comisión se vertieron comentarios para que este tema pospusiera su dictaminación hasta en tanto se pudieran tener mayores elementos para proceder a su votación.
Lamentablemente, se sigue en la misma tónica de NO atender solicitudes o llamados a ser mesurados y no actuar a la carrera.
Aquí está el resultado.
No quiero dejar de mencionar que en comisiones se encuentra la iniciativa de mi compañera de MORENA, la diputada Jazmín Villanueva Moo que propone dar autonomía e imparcialidad a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.
Con ello, y el trabajo del fiscal se tendría una herramienta novedosa en esta política. Pero ni siquiera se tomó en cuenta para construir un marco vanguardista.
Como vemos, existen sobradas razones constitucionales y normativas para no avalar esta reforma.
Por todo lo anterior, mi voto será en contra del dictamen. Es cuánto.
