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Quienes conformamos Movimiento Ciudadano en Yucatán consideramos que la complejidad que implica la problemática del transporte en Mérida y Yucatán exige la adopción de medidas que sean la resultante de un proceso en el que se escuchen las voces de urbanistas, investigadores, académicos, usuarios de las vías generales de comunicación y el equipamiento urbano, con el fin de incluir en la toma de decisiones trascendentales a la ciudadanía y con ello hacer de la democracia una forma de vida.
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Manifestamos de manera pública y abierta que tanto la impuesta reforma a la Ley Estatal del Transporte por parte de quienes detentan la mayoría en el Congreso del estado, así como la presentada por quienes conforman la fracción parlamentaria panista en la referida institución son insuficientes, limitadas y descontextualizadas y no corrigen el fondo del problema.
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En virtud de que tanto con las ya aprobadas reformas como con la recientementepropuesta por el PAN, poco o nada se avanzara respecto a este estratégico tema. Ya que; en tanto las autoridades municipales panistas de Mérida se mantengan alejadas, ausentes, ajenas al tema del Transporte en su territorio. Por lo que resulta más que claro que no entran al fondo, ni resuelven el problema de movilidad de los habitantes de la metrópoli, que les garantice una mejor calidad de vida a los gobernados, aportándoles un buen servicio, por ello consideramos que la actuación de los diputados de Congreso Local se queda en el ámbito de la simple y burda simulación, decidía y pocas ganas de legislar para modernizar y conseguir mejores servicios.
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Desde luego consideramos que es importante que no se obstaculice, limite y excluya a quienes mediante el uso las plataformas tecnológicas están dispuestos a diversificar las opciones de movilidad para la ciudadanía. Así como también es de gran importancia el que los intereses factico-gremiales y corporativos sean acotados por las autoridades judiciales para evitar que estos continúen en su actitud de carácter violento –depredatorio-patrimonial con el que pretenden detener el progreso hacia un servicio al que hoy pueden acceder las grandes urbes.
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Así mismo consideramos que lo concerniente a la inequidad que representa el usopublicitario en las unidades de las concesiones del transporte público para fines propagandísticos electorales debe de ser plenamente plasmado en la normatividad electoral que rige los procesos electivos del estado de Yucatán. Así mismo debe también darse similar trato el mal el uso electoral del mobiliario urbano municipal,paraderos de camiones, espacios de convivencia comunitaria, como parques y nuevos aparcaderos de bicicletas, para promover a candidatos del partido en turno. Cabe resaltar la secrecía y discrecionalidad de como se ha llevado a cabo estosprocesos y la falta de publicidad y transparencia para la adjudicación de éstas concesiones. No se duda de que se aprovechen estos compromisos, para convertirlas en el escaparate en el que se promuevan la imágenes de quien(es) han sido “generosos” con las concesiones, de equipamiento telefónico y muchas otras.. que han surgido en las últimas administraciones del municipio de Mérida, y que en esenciapromoverán negocios para beneficio de quienes tienen como único interés el lucro y la ganancia.
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Estamos plenamente convencidos y convencidas de que se hace necesaria una profunda revisión respecto los ámbitos indicados en la legislación electoral estatal. Con el fin de evitar que la inequidad que implica “la exclusividad” de promoción política mediante el uso tanto de las unidades de transporte colectivo como del equipamiento urbano del municipio de Mérida y con ello se abone a la desigualdad de condiciones, la desventaja promocional, el descrédito institucional y la deslegitimación electoral de las próximas contiendas elecciones constitucionales.
