Proponen garantizar el empleo de servidores públicos sin importar cambios de administración

Mérida, Yucatán, 11 de octubre de 2018.- En la sesión ordinaria de este jueves, la fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa para crear la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública estatal, mediante la cual se generaría un sistema de inclusión para los Jefes de Departamento, Coordinadores, analistas y auxiliares del servicio público, misma que fue vista con buenos ojos por diferentes fuerzas políticas.

En la plenaria, también se turnaron a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la Iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), presentada por Rosa Díaz Lizama (PAN); y la propuesta que reforma el artículo 23 de la Ley de Registro Civil, signada por Luis Aguilar Castillo (NA).

Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo para que el Congreso de Yucatán otorgue un reconocimiento al nadador Carlos Franco Cantón, por poner en alto el nombre de Yucatán, al lograr cumplir la travesía de cruzar a nado libre el Canal de la Mancha.

En otro asunto, los diputados estatales avalaron por unanimidad el Punto de Acuerdo para que con pleno respeto a la autonomía municipal, el Congreso del Estado exhorte a los municipios de Yucatán, para reforzar las estrategias de seguridad a través de la capacitación y evaluación continua de sus elementos policiales, así como de vigilancia y coordinación permanente de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro del ámbito de su competencia, a fin de mantener a la entidad con los estándares de seguridad con que se cuente actualmente.

Con referencia a la propuesta de Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública, en tribuna, Luis Borjas Romero (PRI), quien presentó la iniciativa dijo que ésta “proporcionará una estructura institucional, moderna y eficiente, imperativos necesarios para lograr el equilibrio social y regional de Yucatán, para contribuir al incremento de la productividad de la economía y para avanzar en las tareas del desarrollo”.

Por su parte, Rosa Díaz Lizama (PAN) indicó que a nivel nacional ya se había propuesto dicha iniciativa, con impacto a los entes públicos, estatales y municipales, la cual no fructificó por lo que manifestó apoyaría iniciativa para intentar que en el estado pueda hacerse realidad.

Sobre los despidos a los trabajadores, aclaró que cualquier persona que se sienta violentada tiene derecho a acudir a las instancias correspondientes a interponer su querella.

En el mismo tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que las leyes no están a la medida de uno u otro gobierno, por lo que se trata de tener reglas claras, de brindar certeza al trabajador, porque las demandas laborales incluso perjudican las finanzas públicas, por lo que también se sumó a la iniciativa de Ley.

Milagros Romero Bastarrachea (MC), señaló que se debe verificar caso por caso, con respecto a los empleados de gobierno, porque puede haber injusticias, “por eso es necesario ser objetivos y trabajar en leyes que corrijan estas situaciones”.

Para finalizar, Janice Escobedo Salazar (PRI) reiteró que entre los trabajadores que se han despedido, existen personas de 18 a 25 años de servicio, a quienes no les explican la razón de su retiro o si van a recibir liquidación, por lo que invitó a los diputados a trabajar en la propuesta presentada.

En asuntos generales, Milagros Romero presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que a los trabajadores despedidos de los ayuntamientos, que se encuentren en un proceso jurídico, se le pague los salarios vencidos hasta en un periodo máximo de 12 meses y, si no ha concluido el procedimiento, se les pague los intereses que se generen, entre otros puntos.

De la misma forma, Paulina Viana Gómez (PAN) entregó una iniciativa, a nombre de su fracción, para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y al Reglamento de la misma norma, para adicionar una atribución a la comisión de Derechos Humanos de esta soberanía: la realización de un análisis del informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey).

Además, facultar al mencionado órgano legislativo para que cuando una autoridad acepte una recomendación por parte de la Codhey  y ésta no se cumpla, se pueda solicitar la comparecencia de los servidores públicos correspondientes, a fin de explicar los motivos de su negativa o incumplimiento.

En otro tema, Luis Aguilar Castillo (NA) se pronunció en contra de una propuesta nacional de eliminar la educación especial en los planteles escolares, porque dicho programa revolucionó la enseñanza y se debe pugnar para fortalecerla, para atender la igualdad de oportunidades educativas, ya que “educación especial es inclusión”.

En respuesta, Kathia Bolio Pinelo (PAN) señaló que ella es madre de una pequeña con autismo, por lo que mencionó que difiere con el posicionamiento, sin embargo, dijo estar a favor de que los maestros de educación especial deban ser incluidos dentro del sistema regular de enseñanza, dentro de las aulas, con todos los niños, toda vez que ayuda a las niñas y niños con discapacidad a fortalecer la convivencia, pero en especial, la inclusión, porque es discriminatorio que no puedan integrarse a un grupo escolar.

Así mismo, Alejandro Cuevas presentó una Propuesta de Acuerdo, para que el Congreso del Estado exhorte a los ayuntamientos a cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobierno del Estado y los Municipios, para convocar dentro de los 90 días de su administración, la realización de  la elección de comisarios.

La LXII Legislatura también dio a conocer un oficio y una circular de las Legislaturas de los estados de Guerrero e Hidalgo, respectivamente; al igual que convocó la siguiente sesión el próximo lunes 15 de octubre del presente año a las 12 horas