Propone bancada ciudadana más mecanismos de protección para madres autónomas.
Mérida, Yucatán a 27 de Marzo de 2025.- Mediante la reforma del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libres de Violencia, en lo referente a materia de violencia económica, la bancada naranja busca garantizar el pago de suministro alimenticio a las hijas e hijos de parejas separadas.
Javier Osante Solís, coordinador de la bancada ciudadana en el Congreso del Estado, señaló que con la presentación de la iniciativa busca dar un paso decisivo en la protección de las madres autónomas y de sus hijas e hijos. Visibilizar la omisión total o parcial en el pago de la pensión alimenticia como una forma de violencia económica, una violencia que debe ser sancionada y prevenida con medidas más efectivas.
«La violencia económica. Esa violencia que no deja moretones visibles, pero que marca profundamente la vida de quienes la padecen. Cuando un padre evade su obligación de pagar la pensión alimenticia, no solo incumple con una responsabilidad legal, sino que somete a su expareja y a sus hijos a una situación de precariedad, ansiedad y desamparo» expuso Osante Solís.
Las cifras en México, demuestran que 3 de cada 4 hijas e hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia que les corresponde. En Yucatán, en cifras del Poder Judicial, durante 2023 fueron reportados más de 920 casos en los que se iniciaron diligencias de jurisdicción voluntaria por alimentos y 174 controversias en la materia.
«Detrás de cada cifra hay una historia de lucha, hay una madre que se desvela buscando la manera de llevar comida a la mesa, que trabaja horas extras para pagar la escuela de sus hijos, que enfrenta un sistema que aún no le ofrece soluciones reales»
La reforma es una cuestión de justicia para garantizar que las madres autónomas no sean castigadas por la irresponsabilidad de quienes se niegan a cumplir con su deber. Asegurar que las infancias no sean las víctimas de un abandono disfrazado de impunidad. Es establecer mecanismos más eficaces para prevenir y sancionar el incumplimiento de esta obligación así como fortalecer la protección de los derechos de quienes dependen de estos recursos para vivir dignamente.
De aprobarse, para Yucatán, esta iniciativa significa avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde la corresponsabilidad sea un principio irrenunciable. Romper con la normalización de la violencia económica y reconocer que el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes no puede depender del capricho o la negligencia de quienes tienen el deber de sostenerlos.
