Podemos resaltar que en este informe de gobierno se contienen muchísimos proyectos, pero no muchos resultados: Vida Gómez

Este año por primera vez, se abrió la posibilidad a la ciudadanía de participar en la glosa del informe de gobierno.

La representación legislativa de movimiento ciudadano, abrió a través de las redes sociales, el espacio para que la población plantee preguntas para a las y los funcionarios.

Los resultados fueron muy buenos, nos llegaron preguntas en diversos temas, la gente nos dijo, por ejemplo, que la entrega de útiles escolares que realiza la SEGEY, dista mucho de lo que el ejecutivo anuncia en el informe de gobierno, que, aunque es verdad que se reparten miles de apoyos en las escuelas, estos apoyos no son los que realmente requieren los alumnos a solicitud de sus maestros y maestras.

También, pidieron preguntar respecto al apoyo a personas que padecen cáncer, la gente que ha recibido este apoyo, dice que no se les ha entregado de nuevo, conforme a lo que marcan las reglas de operación.

Este ejercicio, de abrir los espacios a la ciudadanía es algo indispensable, romper con esa barrera histórica en la que mientras aquí se hablan de unos temas, en las calles se hablan de otros totalmente diferentes. Además, ¿quién mejor que la ciudadanía para evaluar el informe de resultados?

Por otro lado, reiteraría la invitación, a que adicional a ese ejercicio la revisión del texto del informe es muy importante para aprovechar el tiempo preguntando temas que permitan hacer este ejercicio más útil. La ciudadanía nos necesita.

Entrando de lleno al primer bloque de comparecencias de ayer. Le cuestioné al director del IMDUT.

Respecto al subsidio que se les entrega a los concesionarios de transporte público. En el informe mencionaron que fueron 145 millones de pesos lo que se les entregó, y según el director, este monto se dividió entre 52 personas.

Es decir, a cada concesionario de transporte público, el estado le entregó casi 8 millones de pesos. De ese tamaño debe ser la exigencia ciudadana en cuanto a mejorar este servicio.

Y aquí nuevamente entra la congruencia, ¿Cómo está el ejecutivo abonando a cerrar la brecha para equilibrar la balanza en el empoderamiento económico si sigue otorgando concesiones de servicio sin paridad?

También le preguntamos si el IMDUT había realizado alguna consulta a los usuarios del transporte público antes de modificar las rutas, los horarios o las ubicaciones de los paraderos. Pero no nos contestaron.

Una queja constante de la ciudadanía es que se tomen este tipo de decisiones desde la comodidad de un escritorio y por personas que no utilizan el transporte público y por lo tanto no conocen las verdaderas necesidades de las personas usuarias.

Aquí, nuevamente retomo el comentario que nos llegó de usuarios, el tránsito hacia las tarjetas ha generado tiempo perdido y la autoridad espera que sea la ciudadanía la que vaya a un punto específico por ellas, generando más gasto y falta de accesibilidad a los grupos en situación de vulnerabilidad. Se requiere sensibilidad social cuando hablamos de movilidad y particularmente de transporte público.

Finalmente, le preguntamos también al Director de Movilidad , respecto a la omisión en el cumplimiento de la Ley General De Movilidad y Seguridad Vial, en la obligatoriedad del estado de brindar transporte público, a niñas, niños y adolescentes, evitando a las y los menores de edad caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para educación primaria y 60 minutos o tres kilómetros para educación secundaria y media superior, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad y el derecho a la educación. Le preguntamos a partir de cuándo, comenzarían a dar este servicio gratuito, pero tampoco contestó.

Al secretario de Obras públicas solamente le hicimos una pregunta, respecto al Proyecto del Libramiento de Progreso.

Algo que podemos resaltar es que en este informe de gobierno se contienen muchísimos proyectos, pero no muchos resultados.

Este proyecto, por ejemplo, se informa en el texto como un logro, cuando aún no hay ni siquiera evidencia de que exista un proyecto en forma, o un análisis costo beneficio, o incluso el registro ante la Unidad de Gestión a la Inversión, que garantice que el proyecto es al menos viable.

El informe señala que se construirá con inversión 100% privada, pero no hay claridad respecto a esta participación de la iniciativa privada en el financiamiento de la obra pública. Por eso le preguntamos ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿el libramiento, será una carretera de cuota? y de ser así, ¿será entonces un negocio privado? Hay que recordar que todos los proyectos para la prestación de servicios, es decir, los proyectos que se hagan con la inversión privada deben ser aprobados por el Congreso del Estado.

Y si el ejecutivo aún no tiene la autorización de este poder legislativo, no deberían anunciarse en el informe de gobierno.

Respecto a segundo bloque de comparecencias, en seguimiento a la glosa del año pasado, le pregunté al secretario de Desarrollo rural, ¿Qué avances ha tenido la SEDER con la sustitución de agroquímicos contaminantes por orgánicos? Y ¿qué porcentaje de los agroquímicos entregados a los productores aún contienen glifosato?

No contestó, pero quiero recapitular una situación alarmante de la que poco se ha hablado en el estado y que debería de preocuparnos a todas y todos.

En junio del año pasado, investigadores del Instituto Tecnológico de México, campus Tizimín, dieron a conocer los resultados de un estudio realizado a especies de la reserva de la biosfera de Ria Lagartos, y encontraron en las especies animales de la biosfera, residuos significativos de glifosato.

Este químico que se utiliza como herbicida en los procesos agrícolas, es altamente tóxico para la salud humana, y un importante agente cancerígeno.

Este estudio es el motivo por el cual le pregunté al secretario de Salud, el número de casos de cáncer registrados en el oriente del estado durante 2022. Habrá que darle seguimiento a la respuesta por escrito porque de acuerdo a medios de comunicación, la taza de esta enfermedad en el estado, ha ido en aumento.

Si los agroquímicos que otorga la secretaría de desarrollo rural contienen glifosato, si ya hay estudios que demuestran la presencia de este químico en el agua y, además, se confirma que el número de casos de cáncer está en aumento en Yucatán.

¿Por qué no le damos celeridad la sustitución? ¿Por qué entonces, adicionalmente, en esta legislatura no se ha dado prioridad al análisis de la iniciativa de Ley del Agua en Yucatán?, que permitiría regular esta y otras situaciones que hoy están poniendo en riesgo al acuífero, pero lo más importante, la vida de las personas, la salud de las personas.

El gobierno continúa entregando agroquímicos, la contaminación del agua sigue avanzando, los casos de cáncer siguen en aumento y aquí tenemos la gran responsabilidad de legislar respecto a estos temas, tenemos la gran responsabilidad de atender los temas que están en comisiones que son importantes para la vida de las personas, importantes para Yucatán, pero, sobre todo, importantes para hacer futuro, y no hay futuro si no hay agua.