PGR VINCULA A PROCESO A UN SUJETO POR UN DELITO CONTRA LA BIODIVERSIDAD

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Mérida,Yucatan 7 de Octubre 2016.- La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su Delegación en Yucatán, obtuvo del Juzgado Primero Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, la vinculación a proceso contra un sujeto, detenido por el delito de contra la biodiversidad en la modalidad de transporte de la especie acuática en veda, Isostichopus Badionotus, (pepino de mar), con fines de comercio, en su connotación de venta.

La causa penal refiere que el pasado 27 de septiembre, elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia Criminal de Investigación ubicaron una camioneta con las características señaladas, cuando circulaba sobre la calle 23 entre 36 y 38 de Telchac Puerto, dándole alcance sobre la calle 40, por lo que abordaron e indicaron a su conductor el motivo de su actuar, es decir, la existencia de una denuncia respecto de una persona que transportaba diario por la calle 23 pepino de mar, de Dzilam de Bravo hacia Progreso, a bordo de una camioneta que tenía una caja refrigerada con un mecanismo de doble fondo con similares características a las que él manejaba.

Durante una revisión a la camioneta Ford, F-150, color roja, con placas del estado de Yucatán, localizaron en el interior de un compartimento oculto en la caja refrigerada de la camioneta que conducía un total de 200 kilos 300 kilogramos de la especie marina en veda denominada isostichopus badionotus, móvil, se localizó y aseguró un total de seis bolsas negras conteniendo un peso total de 205 kilogramos 750 gramos, de la especie marina en veda.

En consecuencia, el Fiscal de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado, aportó elementos de prueba ante la autoridad judicial, quien vinculó a proceso al acusado por el delito ambiental, estableciéndole como medida cautelar, firmar los días primero de cada mes en el Centro de Justicia Penal Federal, así como la exhibición de una garantía económica de cinco mil pesos; y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.