Ombudsman pide a Alcaldes garantizar la integridad física de detenidos Es indispensable mantener vigilancia permanente en las cárceles
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Mérida, Yucatán a 23 de enero de 2017.-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) hace un llamado a los Alcaldes de los 106 municipios de la entidad a reforzar la vigilancia y supervisión en las cárceles públicas a fin de evitar que se registren más suicidios.
La Codhey informa que inició de oficio dos quejas por presuntos suicidios registrados el pasado 17 de enero en la cárcel pública de Umán y el registrado el día 22 del mismo mes en la cárcel pública de Dzidzantún.
El Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud hizo un llamado a las autoridades a cumplir con los requerimientos básicos de operación en las cárceles municipales, a fin de garantizar el respeto a la dignidad e integridad física de las personas detenidas.
Recordó que la CODHEY emitió la Recomendación General 06/2014 sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales del estado de Yucatán y remarcó que todas las personas que estén detenidas o bajo custodia son responsabilidad de las autoridades, por lo que deberán siempre respetar la dignidad y garantizar su integridad física y la vida.
Dijo que si bien es necesario resguardar algunas pertenencias de los detenidos, como cinturones, cadenas, cordones etc… que podrían ser utilizados para atentar contra su vida, bajo ninguna circunstancia deberán las personas ser desvestidas.
Puntualizó que resulta indispensable cumplir con algunos señalamientos básicos realizados por esta institución como: llevar un registro de ingresos y egresos de los detenidos, registro de pertenencias, realizar valoraciones médicas, proporcionar alimentación, permitir la vista familiar e implementar mecanismos de supervisión permanente con la finalidad de evitar o detectar oportunamente que los detenidos atenten contra su integridad física o su vida.
Goff Ailloud dijo que, de acuerdo con a las supervisiones realizadas por la Codhey durante el 2016, se constató que el 73 por ciento de las cárceles municipales no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos ni con los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
Por lo que de nueva cuenta, el Ombudsman hace un llamado a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de garantizar la integridad física y la vida de las personas que por algún motivo se encuentran detenidas.
