La Fracción Legislativa del PRI votó en contra del dictamen porque atenta contra las garantías laborales de los trabajadores al servicio del Estado, además de que los obligará a laborar más años y reducirá sus pensiones.
Al hacer uso de la voz en la Tribuna del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada, Gaspar Quintal Parra, criticó que el dictamen aprobado en el Congreso carece de sentido humano y social, por lo que acabará por reducir los ingresos de miles de trabajadores en activo, y aún más al momento de su jubilación.
Sostuvo que es claro el detrimento hacia los servidores públicos en transición, a quienes año con año se les aumentará el porcentaje de sus aportaciones hasta llegar a un 13%, sin haberse considerado la afectación a su bolsillo por temas como la inflación.
Además, el dictamen carece de claridad en la forma de calcular las pensiones, porque no se toman en consideración la pluralidad que existe en los ingresos de las y los burócratas actuales, generando falta de certeza jurídica y riesgo para su futuro.
Por si fuera poco, la nueva ley obliga que la vida laboral de los burócratas aumente, al generarse la condición de contar 65 años de edad y con ello, las personas adultas mayores tendrán que continuar laborando y no se dignificará su derecho a un retiro justo.
Gaspar Quintal criticó que habrá afectaciones a las pensiones y jubilaciones, ya que la mayoría legislativa argumenta que sólo se tratan de expectativas de derecho, lo que contraviene derechos de mayor jerarquía, como la de una pensión justa, la no retroactividad de la ley, y, sobre todo, al mandato de progresividad y no regresividad de los derechos, así como el principio pro persona plasmado en el artículo primero constitucional.
“No podemos atentar en contra de las garantías laborales que desde su contratación se definieron para servidores públicos estatales en activo, con la aplicación de una ley en forma retroactiva, dejando a un lado este principio que como seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, en transgresión a su esfera jurídica”, recalcó.
El diputado dijo que, si bien corresponde decidir sobre la constitucionalidad o no de la norma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la Fracción Legislativa del PRI se tienen que aplicar los más altos principios y derechos reconocidos en nuestro marco jurídico, sin dejar a un lado, la obligación de garantizar que todos los derechos sean respetados.
“Dignificar el servicio público representa la obligación del Estado de garantizar derechos y generar oportunidades a quienes tienen la vocación y compromiso por hacer que su labor tenga un impacto en el bienestar social”, apuntó.
Por último, recordó que la postura de la bancada del PRI fue que la Ley del ISSTEY únicamente sea aplicada para quienes ingresen al nuevo sistema de pensiones, sin que exista retroactividad para quienes ya se encuentran al servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y los Ayuntamientos.
