Nos toca asegurarnos de que la ciudadanía de Yucatán tenga a los funcionarios que merece: transparentes, comprometidos y responsables: Larrisa Acosta

POSICIONAMIENTO EN EL ANÁLISIS DE LA GLOSA DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO.

¿Qué detestan las personas de la política? O una mejor pregunta es ¿qué detestan las personas de los políticos?

Una primera respuesta pudiera ser la falta de capacidad; pero lo que realmente nos duele en un político es la ausencia de sinceridad, de espontaneidad, la falta de franqueza y congruencia. Y el cerebro humano está diseñado para detectar rápidamente aquellas ausencias.

Las comparecencias deberían ser un ejercicio para confrontar la realidad con un diálogo directo. Sin embargo, nos encontramos nuevamente en un trámite que parece más diseñado para evadir las preguntas incomodas que para dar respuestas concretas.

Si bien algunas respuestas que recibimos por parte de los funcionarios que comparecieron en este recinto ayer NO HACEN JUSTICIA a las demandas de la ciudadanía, la realidad es que algunas preguntas formuladas tampoco hacen justicia.

Este espacio debería ser una de las herramientas más poderosa de rendición de cuentas, donde la gente pueda tener acceso a comprender claramente por qué y cómo se toman las decisiones que afectan sus vidas. Pero ¿cómo hablar de transparencia cuando muchas de las respuestas y, también, de las preguntas son ambiguas, incompletas y dejan más dudas que certezas?

Le pregunté al titular de la Secretaría General de Gobierno sobre el presupuesto inexistente para la comunidad LGBT+, habló de foros y capacitaciones, pero estos no deben sustituir las políticas públicas efectivas. Se debe saldar la deuda histórica que existe con esta población.

Necesitamos acciones concretas y presupuesto específico para que la población LGBT+ no enfrente barreras mayores en el acceso a la vivienda o en sus derechos laborales. El Estado que ocupa el primer lugar en discriminación de todo el país no se puede dar el lujo de no estructuras partidas presupuestales específicas para atender a la realidad.

En Yucatán hay formalmente más de 150 mil personas que se reconocen como parte de la población LGBT+. Necesitamos un presupuesto adecuado y que se reconozca la brecha de desigualdad que ha existido y que existe en el diseño de programas de apoyo social, salud mental, asesoría jurídica y protección frente a violencia.

En otro de los rubros, cuestioné también sobre el caso Sitilpech y señalamos que el INCAY, yendo en contra de todo tratado internacional de derechos humanos que dicta cómo la autoridad debe actuar ante protestas de sus ciudadanos, CRIMINALIZÓ a los manifestantes. Y lejos de recibir una respuesta desde el entendimiento que reconozca lo que encarna y significa a profundidad aquella denuncia, recibimos respuestas burocráticamente evasivas.

En vísperas de un cambio de gestión estatal, vigilaremos que las y los futuros funcionarios que ahora que serán autoridad no se subordinen a las prácticas cómodas.

Las comparecencias no deberán ser un mero trámite; es la oportunidad para sentir los sabores más fuertes y complejos de la democracia: para abrirle paso a la incomodidad. Porque todo lo que se salga de ese marco, del marco de lo incomodo, en efecto, sí entrará en el concepto del mero trámite, de lo insuficiente, pero, sobre todo, de lo mediocre. Este espacio no debería ser para preguntas cómodas ni respuestas evasivas. Nuestra responsabilidad como representantes es exigir claridad.

Si la autoridad no tiene soluciones, que lo diga. Si hay áreas donde no se ha cumplido, que se reconozcan.

Nos toca fiscalizar no solo las narrativas de las instituciones y sus funcionarios, hay que fiscalizar también las prácticas. Hay que vigilar la congruencia en actos antes que a la congruencia en palabras. Nos toca asegurarnos de que la ciudadanía de Yucatán tenga a los funcionarios que merece: transparentes, comprometidos y responsables.