Discurso de la Diputada Fabiola Loeza Novelo: DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO, PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL, QUE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
Posicionamiento Fracción Legislativa del PRI/Presupuesto de Egresos 2022
Desde el inicio del análisis de las iniciativas que conforman el paquete fiscal enviado por el Ejecutivo, la Fracción Parlamentaria del PRI se propuso realizar un estudio a fondo de cómo se planteaba la distribución del gasto para el próximo ejercicio fiscal, basándonos en una premisa fundamental: primero la ciudadanía.
Sobre esa base, de la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos encontramos que se plantea un escenario optimista para el próximo año si tomamos como referencia el anterior, y eso es bueno porque nos dice que se espera una mediana recuperación de la economía, lo que conlleva a mejores condiciones para las familias yucatecas.
Así, nuestro trabajo se concentró en hacer aportaciones y propuestas que contribuyeran a mejorar el proyecto de presupuesto, siempre desde una postura de colaboración y de respeto.
Tenemos claro que este es un documento que pretende que a los yucatecos les vaya bien. Pero también es necesario decir que es perfectible, y que existen inconsistencias y errores que deben ser corregidos para dar certeza de que el gasto va a ser destinado a lo que verdaderamente se necesita y que los compromisos que se adquieren no causarán afectaciones futuras.
De esta forma, queremos dejar claro que nuestro voto por esta iniciativa es diferenciado.
Votamos en lo general a favor porque:
Se destinan recursos para inversión pública y seguridad. Para el ejercicio 2022 se contemplan incrementos en inversión en infraestructura y en materia de reforzamiento de la seguridad, los cuales contribuyen a las características que distinguen a nuestro estado, un estado seguro y en crecimiento.
Aumentan los recursos para los municipios. Las participaciones que el Ejecutivo recibe de la federación y que traslada a los municipios presentan incrementos en relación con el ejercicio 2021, lo que se traduce en mayores oportunidades de desarrollo e inversión en los municipios de nuestro estado.
Acciones concretas para la Accesibilidad de internet. En este presupuesto se contemplan recursos para proveer de internet a las escuelas públicas de educación básica, ello en atención a las modificaciones propuestas por la bancada del Partido Revolucionario Institucional, y aprobadas en unanimidad por esta legislatura, logrando incorporar a la Constitución Política del Estado de Yucatán como derecho humano el acceso al internet y la banda ancha.
Pero votaremos en lo particular en contra, por las siguientes razones:
El presupuesto es inequitativo en las asignaciones presupuestales entre los Poderes y Entes Autónomos. A la gran mayoría de ellos se les asignan presupuestos idénticos al del ejercicio anterior, sin incluir recursos para su aumento salarial. Es incongruente que el presupuesto total del ejecutivo presente un incremento de 4 mil 900 millones de pesos, un aumento cercano al 12%. Y que a entidades autónomas como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, se les asignen presupuestos idénticos a los que se les otorgaron en este año.
Muestra de esta incongruencia es el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán que recibirá menos recursos que el año pasado, ya que 2021 correspondió a un año con procesos electorales; sin embargo, si comparamos la asignación presupuestal que este instituto recibió en 2019, un ejercicio similar al 2022 por ser un año posterior a un proceso electoral, encontramos que recibe 33 millones de pesos más, un incremento del 18%, esto explica la intención de este instituto de aumentar un 65% su plantilla laboral, tal como se manifiesta en los anexos del anteproyecto del presupuesto 2022.
Es incongruente en la aplicación de la asignación del presupuesto del Poder Judicial. El artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que es la norma que rige al Ejecutivo para la asignación de recursos al Poder Judicial, es puntual y clara y a la letra dice: “El presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser inferior al 2 por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior y se fijará anualmente, en la forma y términos que establezca la ley”, esta norma NO hace referencia o distinción a algún “tipo” de recurso y SÍ hace referencia al TOTAL del gasto programable.
El concepto de gasto programable sólo es uno y está definido en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado. Y aquí nos surge la siguiente duda: ¿Cómo si el propio proyecto del Ejecutivo menciona que los 849 millones de pesos asignados a la igualdad entre mujeres y hombres corresponde al 2.1 por ciento del gasto programable, luego nos dicen que los 633 millones asignados al Poder Judicial representa más del 3 por ciento de ese gasto programable?. La cantidad que finalmente se le asigna al Poder Judicial, le impide afrontar el incremento solicitado por los trabajadores sindicalizados
Es obvio que algo está mal y necesita corregirse, compañeras y compañeros legisladores.
Observamos también que NO existen finanzas sanas. Al analizar los anexos del presupuesto en lo que refiere a deuda a corto plazo nos percatamos que, para el cierre del ejercicio 2021, el ejecutivo pretendió cubrir su sobregiro en las finanzas públicas contratando deuda a corto plazo por 1,500 millones de pesos, para entender la magnitud de este pasivo, esta cifra representa el 24% de la deuda pública a largo plazo contratada a la fecha por el estado.
Lo más preocupante es que para el ejercicio 2022 NO se contemplan los recursos suficientes para liquidar este adeudo, y el ejecutivo manifiesta en los anexos que para el ejercicio 2023 trasladará 950 millones de pesos. Esto contraviene lo estipulado en el artículo 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que a la letra dice “Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año”.
Ante nuestro cuestionamiento, la Secretaría de Administración y Finanzas ha manifestado que al tercer trimestre de 2021 existe un balance positivo de 2,200 millones de pesos, el dato anterior llama la atención, ya que la contratación de la totalidad de los financiamientos se realizó antes de la emisión del informe trimestral, lo cual denota que este balance positivo es “artificial”, ya que fue generado en su mayoría por 1,600 millones de pesos provenientes de financiamiento a corto plazo de los cuales acabará debiendo 1,500 al concluir el 2021.
En consecuencia, se nos informa también que se pretende concluir el año en “equilibrio financiero”, lo cual denota que la totalidad de los recursos prestados se ejercerán en el actual ejercicio y no habrá remanentes de recursos en 2022 para hacer frente a su amortización, lo que confirma el anexo del presupuesto donde se carga a los ingresos de 2022 el pago parcial de los préstamos que se generaron y gastaron en 2021
La cantidad destinada al derecho a la participación política de las mujeres es absurda. Para este rubro el proyecto de presupuesto contempla la cantidad de tres mil once pesos, sí tres mil once pesos, escucharon ustedes bien; lo que equivale a 8 pesos al día para la capacitación en materia de liderazgo de las mujeres. ¿Les parece una cantidad razonable? ¿Les parece que es un apartado sin importancia? ¿Creen ustedes que ese recurso es suficiente para consolidar la participación de las mujeres en los asuntos políticos de nuestro estado?
A nosotros no, a nosotros nos resulta ofensiva, por decir lo menos. Y apelamos a todos los integrantes de esta Soberanía para que esta falta de sensibilidad no sea compartida por nosotros.
En general, el documento presenta errores. Existen diversos errores y contradicciones en los anexos del presupuesto, ejemplo de lo anterior es que manifiestan como referencia cifras de gasto programable “distintas”, además nos reportan deuda a largo plazo por 74 mil millones de pesos, cifra que nos han informado por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas que se trata de un error de “forma”, lo que es la confirmación de los errores que presenta este documento.
No sé trata de frenar el crecimiento de Yucatán, se trata de entender la realidad del país y de nuestro estado.
No se trata de aprobar sin revisar, oponer sin proponer, ese, consideramos, no es el trabajo de los legisladores.
Ejerzamos las funciones de esta Soberanía y contribuyamos a que Yucatán mejore pero sin afectar a los ciudadanos.
Gracias.
